La familia fundadora de la casa de apuestas Codere ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que reclame e investigue las minutas de los despachos de abogados que asesoraron a los fondos buitre en su toma del control de la multinacional cotizada en bolsa, y que culminó en enero de 2018 con el cese de su presidente, José Antonio Martínez Sampedro.

El objetivo de los Martínez Sampedro es desvelar si los servicios jurídicos de estos despachos que asesoraron a los fondos norteamericanos fueron finalmente pagados por Codere y si también prestaron servicios a los consejeros independientes. De confirmarse, dichos consejeros hubieran perdido su condición de independientes al actuar siguiendo instrucciones de los abogados de los fondos buitre.

Señalan en especial al despacho Linklaters, asesor de este último fondo y que dirigió la estrategia de la toma de control de Codere. Dicho despacho fue presidido por Sebastián Albella hasta que fue nombrado presidente de la CNMV en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Basan su petición en el conocimiento público de una decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que instruye el caso del Banco Popular. El magistrado acordó este septiembre reclamar la documentación, incluida la hoja de encargo y los honorarios, del despacho Linklaters cuando Albella era su presidente.

También piden que se investigue los encargo y el pago de los servicios prestados por Boies Schiller Flexner y por Jones Day, en el proceso de arbitraje posterior y en el procedimiento norteamericano abierto contra Silver Point Capital.

Más de 7 millones en asesoramiento legal

El objetivo de los Martínez Sampedro es evaluar a dónde fueron a parar los 7,2 millones de euros que Codere pagó en concepto de asesoramiento legal en 2018, cuando se produjo la batalla por el poder, frente a los 1,5 millones gastados en 2019. Reducción de la que no han recibido explicación por parte del actual presidente, Norman Sorensen.

Denuncian ante la CNMV que Sorensen ha faltado "a la verdad reiteradamente" ante el Consejo de Administración, le acusan de actuar en connivencia con Silver Point en la toma de control de la multinacional -aunque era consejero independiente- y de ocultar a los consejeros como ellos las preguntas planteadas por el órgano supervisor en sus investigaciones.

Ocultación de información al Consejo

Citan en especial los requerimientos de la CNMV sobre las "inconsistencias contables" que Codere comunicó al mercado en 2019 y que cifró en 16,5 millones de euros.

"La respuesta a este requerimiento, si existe, nunca fue sometida a la consideración y aprobación del Consejo de Administración de Codere", destaca el escrito al que ha tenido acceso Público.

Explican que el secretario del Consejo se ha negado a aportar esta respuesta al consejero que representa a esta familia, Pío Cabanillas, negativa que tildan de "ilegítima ocultación" y que también ponen en conocimiento de la CNMV.

"Con estas conductas, es evidente que se persigue evitar que las más que probables falsedades que contienen dichas respuestas enviadas a la CNMV, puedan ser detectadas por los denunciantes, uno de ellos consejero dominical, y puestas en evidencia ante el supervisor". Así ocurrió -dicen- en las respuestas a las preguntas que plantearon en la junta de accionistas y que también denunciaron el pasado agosto ante la CNMV.

Un correo que salpica a Albella

En dicha denuncia de agosto, acusan a Sorensen de haber desmentido a los accionistas la intervención del despacho Linklaters en la elaboración del plan de acción para tomar el control de Codere.

Sin embargo, el cruce de correos conocidos gracias al proceso interpuesto en Estados Unidos contra Silver Point prueban, a juicio de los Martínez Sampedro, que Linklaters "diseñó la operación y dirigió el asalto a Codere", según fuentes de estos accionistas.

En la denuncia ante la CNMV también se expone que Sorensen únicamente reconoce que mantuvo con Albella una reunión "de cortesía y buen gobierno" tras ser designado presidente de Codere "y no tuvo por objeto ni hubo referencia alguna a ningún asesoramiento de Linklaters".

Pero según correos aportados en el proceso norteamericano,  Sorensen informa al resto de consejeros controlados por Silverpoint  que Albella "sabe" que Linklaters les está ayudando, y comparte con un abogado de este despacho "el resultado de su entrevista" con el presidente de la CNMV "lo que incluyó su preocupación por las actuaciones legales ante la toma de control de Codere" que pudieran ser iniciadas por los Sampedro.

La primera denuncia de José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro ante la CNMV data del 26 de febrero de 2019. Fue presentada por la presunta actuación concertada de los fondos para hacerse con el control de la sociedad de manera ilegal al no haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones, a la que estarían obligados por la ley.

Nada se sabe de la evolución de esta investigación, a la que esta familia sigue aportando nuevas evidencias. Denuncian en su escrito que tampoco han sido informados como consejeros de una empresa cotizada en Bolsa de los requerimientos realizados por la CNMV al respecto.

En concreto acusan a Silver Point (con el 23% de las acciones) de actuar de manera conjunta con Abrams y M&G (con el 8,72% y el 13,61% del capital, respectivamente).