CorrupciónEl fundador de Zed niega que el presidente de 'La Razón' maniobrara ante Industria, aunque sí le presionó

Javier Pérez Dolset, fundador de la tecnológica Zed, se ha echado para atrás este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional y ha negado que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, intermediara para conseguir créditos blandos de los ministerios de Industria y Economía a favor de su grupo empresarial, según fuentes jurídicas.

Pérez Dolset, investigado por fraude e insolvencia punible, ha declarado por espacio de una hora ante el juez Manuel García-Castellón y ha negado toda irregularidad en la adjudicación de subvenciones públicas para su grupo empresarial, quebrada después de un imposible acuerdo entre sus inversiones —entre los que se encontraba Planeta— y tras su asfixia provocada en Holanda por los socios rusos.

Su versión, en la que niega toda irregularidad en la gestión del dinero público, contrasta con la declaración que realizó a la Policía previamente en la que habría asegurado que “tanto lo bueno como lo malo” relacionado con las subvenciones a Zed se produjo a causa de "la influencia política" de Mauricio Casals en Industria.

Pérez Dolset ha negado todo conocimiento de irregularidad alguna en las ayudas y créditos blandos recibidos, por importe total de 67 millones de euros públicos. Y ha asegurado, además, que si las hubiera conocido no las habría permitido.

Eso sí, ha admitido que sufrió supuestas presiones de Mauricio Casals, investigado también en este sumario. Fuentes jurídicas han explicado que Pérez Dolset habría aportado una grabación para probar esas supuestas presiones destinadas a que Zed contratara publicidad a favor de empresas de Planeta, como el diario La Razón, según las mismas fuentes. En esta grabación figuraría la persona que presuntamente se lo transmitió, que ha identificado como Pedro Pérez, ex presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE).

Pérez Dolset ha admitido ser el beneficiario último de la sociedad panameña Panareal, cuya existencia y movimientos financieros han sido aportados a la causa por Luis Elías Viñeta, representante de Planeta en Zed y secretario general de dicho grupo.

Se desconoce cómo Elías Viñeta ha conseguido la documentación de esta sociedad, pero las pruebas presentadas con un Excel elevan a 101 millones de dólares norteamericanos (88,6 millones de euros) el dinero que supuestamente poseía esta sociedad y que la Fiscalía Anticorrupción ha incluido en su querella.

El fundador de Zed ha negado que haya dispuesto de fondos opacos en Panamá y ha considerado como falso el Excel que prueba que Panareal hubiera tenido estos movimientos de dinero.

En esta guerra sin cuartel, la documentación aportada por Elias abarca desde la escritura de constitución de la sociedad panameña, las pruebas que demuestran que Pérez Dolset es el beneficiario último de las acciones hasta cómo dicha sociedad tenía cuenta abierta en cinco bancos de Panamá.

La investigación apunta a que el dinero de Panamá tendría de procedencia el Grupo Zed, que habría sido vaciado ante las discrepancias entre los accionistas y el ahogamiento impulsado por los socios rusos.

La Fiscalía y la Policía investigan en la Operación Hanta el presunto pago de sobornos a políticos de Rusia y Uzbekistán por valor cercano a los seis millones de euros, así como un presunto fraude en el cobro de subvenciones públicas entre 2011 y 2015.

El Grupo Zed fundado por los hermanos Pérez Dolset se dedicó al diseño de videojuegos como el famoso Commandos, así como a la producción de películas.

Zed Wolrwide se declaró en concurso de acreedores hace un año.

Pérez Dolset fue detenido el 29 de junio junto a otras siete personas por el presunto fraude de subvenciones, que ocasionó un perjuicio patrimonial de más de 100 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

La querella de la Fiscalía está dirigida contra diecinueve personas, entre ellas los padres de Pérez Dolset, Juan Antonio Pérez y María Jesús Dolset, y sus hermanos, Ignacio y Patricia, y considera que el daño "millonario" afecta "directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades que la financiaron y los organismos públicos que le concedieron subvenciones".