El Gobierno ha anunciado que trabaja para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) lo antes posible. Este compromiso no es nuevo, de hecho, colea desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, hace aproximadamente un año y medio. Los socialistas llegaron a La Moncloa prometiendo acabar con todas las entidades que hicieran apología del franquismo, pero, hasta ahora, nadie ha movido ficha. La Ley 50/2002 sostiene que las fundaciones deben perseguir "fines de interés general" que han de beneficiar a grupos genéricos de personas. ¿Cumple con esta premisa una asociación que exalta la figura de un dictador?

La Fundación Francisco Franco nació en 1976 con la premisa de "difundir el legado y la obra" del caudillo en su "dimensión humana, militar y política" y defender sus "realizaciones" ante los medios de comunicación y las administraciones públicas. El presidente de honor es uno de sus bisnietos, Luis Alfonso de Borbón; aunque el bastón de mando lo ostenta actualmente el general Juan Chicharro, en la reserva desde 2010. La organización asegura que cuenta con "más de un millar de afiliados", que son los que financian su actividad. Por si fuera poco, entre 2000 y 2004 el Gobierno de Aznar la premió con subvenciones directas de hasta 150.000 euros para "digitalizar su archivo".

"Necesitamos un cambio real en la ley de fundaciones. Estos grupos disfrutan de una serie de beneficios fiscales al ser considerados de utilidad pública que no podemos consentir. En el fondo, son donaciones del Estado a la Fundación Francisco Franco", explica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La Ley 49/2002 de incentivos fiscales al mecenazgo y la Ley 50/2002 de fundaciones son las que rigen el funcionamiento de entidades como la que lleva el nombre del dictador.

Las dos normas se aprobaron hace un par de décadas –aunque han sufrido ligeras actualizaciones–. La primera desgrana el régimen fiscal especial que afecta a las fundaciones y la segunda regula su estructura, organización y funcionamiento. "Las fundaciones, por el mero hecho de serlo, tienen derecho a un régimen especial que es prácticamente de exención total. Si deciden acogerse, también se convierten en beneficiarias del mecenazgo. Las aportaciones económicas de particulares y empresas dan derecho a deducciones en el IRPF y el Impuesto de Sociedades", explica Salvador Montesinos, profesor de derecho financiero y tributario en la Universitat de València. 

"Los donantes, que no socios, porque las fundaciones no tienen socios, tampoco son los únicos que pueden desgravar un tanto por ciento a lo que han aportado. Las entidades también pueden firmar convenios de patrocinio y colaboración con empresas privadas y estas pueden hacer desgravaciones de hasta el 100%", añade Alejandro Gámez, abogado de Red Jurídica. La Fundación Francisco Franco está suscrita a este régimen y en 2017 intentó sacar adelante un acuerdo de colaboración con la Xunta de Galicia –por aquel entonces, en manos de Feijóo– para gestionar las visitas y el mantenimiento del Pazo de Meirás. En 2001 también firmó un convenio similar con el Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de Aznar.

¿Cómo funcionan las desgravaciones fiscales?

La Fundación Francisco Franco no es la única entidad que hace apología del fascismo. Hasta seis organizaciones más llevan el nombre de algún golpista o alto cargo de la dictadura, según los registros del Ministerio de Justicia. Todas ellas presumen de financiarse con las aportaciones de sus donantes, pero lo cierto es que reciben grandes cantidades de dinero público. Hacienda subvenciona por norma general a los miembros de estas asociaciones, que pueden desgravar casi todo lo que aportan en su declaración de la renta anual.

"Los primeros 250 euros de donativo tienen un porcentaje de deducción del 80%. En cantidades superiores, Hacienda solo sufraga el 40%. Esto quiere decir que si un contribuyente realiza un donativo anual de 250 euros a la Fundación Francisco Franco, 200 euros [lo equivalente al 80%] los pagamos entre todos. El donativo lo estamos haciendo nosotros", detalla Salvador Montesinos. La Ley 49/2002 contempla, además, un aumento del porcentaje hasta el 45% para aquellos donantes que aporten cantidades superiores al tope durante varios años consecutivos. "Es lo que se conoce como un incentivo de fidelización", continúa el profesor. 

Las fundaciones tampoco declaran el Impuesto de Sociedades por los ingresos percibidos al entender la norma que su objeto es de interés público. "Además, tienen una serie de exenciones a nivel autonómico y sobre todo local a las que pueden acogerse", señala Alejandro Gámez. La Ley 49/2002 considera que las entidades, para cumplir con este requisito, deben perseguir fines como la "defensa de los derechos humanos, las víctimas del terrorismo, la asistencia social e inclusión social" o "derechos cívicos, sanitarios, culturales, educativos y laborales". 

En caso de disolución, la norma establece que los remanentes se destinarán a otras entidades que persigan fines similares y/o asociaciones públicas de carácter no fundacional. "Esto asegura que los recursos acumulados se utilizan para servir al bien común. Es importante destacar que los activos de la Fundación Francisco Franco no revertirán en ningún caso sobre sus fundadores o patronos", señala Virginia Martínez, doctora en derecho financiero y tributario. En los estatutos de la Fundación Francisco Franco no figura ninguno de los objetivos de "interés general" que contempla el Estado, pero la asociación lleva medio siglo gozando de todo tipo de privilegios y sacando pecho de mantener vivo el legado de un dictador.