La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) aprovecha las visitas guiadas al Pazo de Meirás para instruir al público sobre el “genocidio de los católicos españoles” que habría cometido el Frente Popular durante la Segunda República.
Esa es la tesis que sostiene la Fundación y que figura en un gran panel ubicado en la capilla del Pazo, en el que, bajo el nombre y los logotipos de la organización, se instruye al público sobre los crímenes contra religiosos y creyentes católicos que, en la versión de la FNFF, habrían ordenado los dirigentes frentistas. El Frente Popular fue la coalición de partidos de izquierda que ganó las elecciones generales de 1936 y cuyo Gobierno fue derrocado por el golpe de Estado de Franco.

El genocidio de los católicos españoles, entendido como la intención expresa de acabar con ellos mediante asesinatos en masa, es una tesis que sólo defienden los historiadores afines al franquismo, y que la FNFF utiliza reiteradamente en su propaganda como uno de los argumentos que habrían justificado aquel golpe. El encabezamiento del panel ubicado en la capilla del Pazo de Meirás reza como sigue:

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define el genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, y el primero de esos actos es la matanza de los miembros del grupo. De acuerdo con esa definición, en la España de los años 30 del siglo XX el Frente Popular perpetró un gravísimo genocidio: el de los católicos españoles”.

El texto del panel narra las torturas y asesinatos a las que, según la FNFF, fueron sometidos sacerdotes y miembros de órdenes religiosas, y describe sin ambages algunas de las prácticas que habrían padecido, como las violaciones, la amputación de miembros y extremidades o los fusilamientos simulados, además de los robos, saqueos y destrucción de bienes que habría sufrido el patrimonio de la Iglesia, durante la Guerra y en los años previos a la misma.

El texto también contiene alabanzas al dictador, a quien incluso atribuye el mérito de haber ideado el Valle de los Caídos como instrumento de reconciliación nacional. De hecho, sostiene que Franco “construyó y donó a la Iglesia la Basílica” del monumento. Lo cierto es que éste fue financiado con fondos públicos y con una suscripción popular, pero, sobre todo, con el trabajo decenas de miles de presos políticos, muchos de los cuales murieron durante las obras.

El panel de la FNFF en el Pazo de Meirás asegura que el genocidio supuestamente perpetrado por el Frente Popular afectó a unas 10.000 personas. No hay referencia alguna a las entre 150.000 y 400.000 víctimas mortales que habría causado la represión franquista durante y después de la guerra, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas y que, según la asociación Jueces para la Democracia, han convertido a España en el segundo país del mundo, después de Camboya, con más personas cuyos restos mortales aún no han sido encontrados.

El Estatuto de Roma al que hace mención la FNFF es la base fundacional de la Corte Penal Internacional, que tiene por objeto la persecución de los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Ese Estatuto se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948, pero cuyo instrumento de ratificación España no firmó hasta 1979, es decir cuatro años después de la muerte de Franco.

La capilla, en la que también están ubicadas las estatuas de la catedral de Santiago que reclama el Ayuntamiento de esa ciudad, es la primera parada en la visita guiada al Pazo de Meirás, en la localidad coruñesa de Sada, robado por los Franco en 1938. Setenta años después, en el 2008, la Xunta del PSOE y el BNG aprobó su declaración como bien de interés cultural, que obligaba a los herederos del dictador a abrirlo al público. No lo hicieron hasta el año 2011.

Desde entonces el Pazo puede visitarse aunque tanto el Ayuntamiento de Sada como la propia Xunta han recibido numerosas denuncias por los obstáculos impuestos por la familia, que llegó a ser sancionada con una multa de 4.500 euros y que el verano pasado anunció que cedía la de las visitas a la FNFF. Acto seguido, la Fundación advirtió de que las usaría para glosar “la grandeza de la figura de Franco”.

Durante la visita que Público hizo al Pazo el viernes pasado, el guía de la FNFF se refirió a Franco como “el caudillo”, “el generalísimo” o “el anterior jefe del Estado” –ya no lo es tras la abdicación de Juan Carlos I-. En su discurso ofreció una versión amable dela figura del dictador y de su legado, y mantuvo la tesis de que el inmueble fue adquirido “por un grupo de empresarios coruñeses” que emplearon para sufragarlo una cuestación popular para, posteriormente, regalárselo a Franco.
En realidad, éste ya se había hecho con el Pazo, construido por Emilia Pardo Bazán, antes de que terminara la guerra. La suscripción popular fue una mera artimaña ya que el dinero recaudado lo fue mediante amenazas, coacciones y descuentos obligatorios en las nóminas de funcionarios y empleados públicos. Por si fuera poco, su superficie fue ampliada mediante el robo de fincas limítrofes de vecinos de Meirás a los que también se les robaron sus propiedades.

El propio guía de la Fundación Franco reconoció que el Pazo consta ahora de seis hectáreas, cuando en 1938 sólo tenía tres. Cuando Franco murió tenía casi nueve. Las tres que faltan corresponden a los terrenos que sus herederos vendieron mediante varias sonadas operaciones urbanísticas.

Dos estatuas de la Catedral de Santiago se se encuentran sin protección alguna.-

En cuanto a las estatuas de la catedral de Santiago –dos esculturas de Isaac y Abraham talladas en piedra entre los siglos XII y XIII-, se encuentran en la capilla sin protección ni barrera de seguridad alguna, e incluso se pueden tocar. El guía de la Fundación aseguró que fueron regaladas a los Franco por el Ayuntamiento de la capital, aunque lo cierto es que también fueron expoliadas.

El año pasado, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una moción reclamando a los Franco que las devuelvan. También el Ayuntamiento, gobernado por Compostela Aberta, la formación aliada de En Marea en la capital gallega, que, tras no obtener respuesta de la familia, ha iniciado un procedimiento en los tribunales para exigir su restitución. El Consistorio sostiene que la presunta donación no está avalada por ningún acuerdo de la Corporación ni del Pleno, y que los Franco no han mostrado documento ni han ofrecido prueba alguna que pruebe que las obtuvieron lícitamente.