En el sprint parlamentario de finales de julio se ha percibido una cierta urgencia por parte del Gobierno de coalición por sacar adelante leyes en el Congreso. El último pleno tuvo hasta nueve puntos. No en vano, la producción legislativa ha sido escasa. Eso lo reconocen diputados afines y contrarios al Ejecutivo, pero nunca como una sorpresa. La complejísima mayoría de investidura solo podía alumbrar un escenario parecido al actual. Dos actores, Junts per Catalunya y Podemos, cada uno empujado por sus propias pulsiones, han descartado la idea de un bloque estable. El Gobierno solo ha sacado adelante una decena de iniciativas legislativas entre leyes y decretos.

Y para otra serie de leyes que navegan, en estos momentos, en algún punto de la tramitación parlamentaria, el Partido Socialista (PSOE) ha logrado los votos, unas veces, del bloque de investidura y otras, apoyos puntuales del Partido Popular (PP), en una clara apuesta de Pedro Sánchez por la geometría variable que, por otro lado, ha sido ampliamente criticada por sus aliados.

La pasada legislatura, el cómputo total de iniciativas legislativas aprobadas —sumando los reales decretos, una fórmula que se le afeó mucho al Gobierno, y las leyes— ascendió a 215. La proyección del número final que puede alcanzarse en el presente mandato dista mucho de esos dos centenares. En los pasillos del Congreso hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice que, para ser buena, no es necesario que esta legislatura sea tan abundante en leyes. Otros sí piden más al Ejecutivo y, sobre todo, le exigen que extreme la negociación con los grupos para evitar fracasos in extremis como los de los objetivos de déficit o la ley de extranjería del pasado martes.

Desde que arrancara la legislatura en noviembre de 2023, se han aprobado en el Congreso la ley de amnistía, la ley de enseñanzas artísticas, la ley de paridad y la ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para investigar accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Además, también cuatro decretos leyes distintos —uno para prorrogar la suspensión de desahucios, el del Verano Joven, otro para reformar el subsidio por desempleo y otro anticrisis— y una reforma de la Constitución para eliminar la palabra "disminuidos" del artículo 49.

De las cuatro leyes, tres las ha sacado adelante el Ejecutivo de la mano del bloque de investidura —por supuesto, la ley de amnistía y, también, la de paridad y la de la Autoridad Administrativa Independiente— y una, la de enseñanzas artísticas, gracias a un entendimiento con el PP, toda vez que Junts no la apoyó.

Pero hay otras con previsión de aprobarse sin demasiados problemas. La más inmediata será la reforma del Poder Judicial pactada también con los populares. El Congreso ya le dio el visto bueno y la mandó al Senado, donde terminará su tramitación parlamentaria. También en el tejado de la Cámara Alta se encuentran ya las leyes para mejorar las condiciones de los bomberos y los agentes forestales, a las que el Congreso dio luz verde sin votos en contra.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene, además, otras proposiciones de ley que ya han sido tomadas en consideración y cuyo progreso en la Cámara Baja continuará durante el verano.

Algunas de ellas son el vivo ejemplo de esa ambivalencia que ha practicado el PSOE en el Congreso y que le ha llevado a pactar con el PP cuestiones concretas con las que ampliar su marcador de iniciativas promovidas en la Cámara. Además de la reforma del Poder Judicial ya mencionada, en ese grupo también se encuentra la ley para convertir en agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones. Otras, como la ley ELA —con la que los socialistas esperan lograr un gran consenso— o la ley para proteger a los donantes de órganos lograron un amplio apoyo en su admisión a trámite, aunque todavía tienen que avanzar en la fase de enmiendas.

Los peligros de la geometría variable

Pero esa estrategia de pactar a izquierda o derecha dependiendo del tema tiene sus riesgos. Varios aliados del Gobierno, entre ellos Podemos o Esquerra Republicana, han cargado contra el PSOE por ello y han insinuado que los distintos grupos parlamentarios de la mayoría de investidura ganan fuerza negociadora porque "el Gobierno ha demostrado quién es su socio prioritario", en referencia al PP. Lo que quieren decir es que han obtenido, de cara a eventuales negociaciones, la baza de animar al PSOE a pactar con los de Alberto Núñez Feijóo si no quiere aceptar a las peticiones que plantean los aliados. Es una forma de poner a Sánchez contra la espada y la pared. Subir la apuesta sin la responsabilidad de que un fracaso legislativo recaiga en las espaldas del bloque de investidura porque, siempre según el análisis de las fuentes consultadas, el PSOE ya ha demostrado que no tiene problemas en buscar también los votos del PP.

Los socialistas, de hecho, han confiado más de una vez en llegar a acuerdos in extremis con el Partido Popular en ese marco de la geometría variable, pero los populares normalmente se desempeñan con contundencia en su papel de oposición y tienen la posibilidad de infligir duros golpes parlamentarios al Ejecutivo. Los socialistas tuvieron que retirar la ley del suelo por falta de apoyos y vieron cómo decayó la ley contra el proxenetismo o, recientemente, la ley de extranjería, que pendió, hasta el último momento, de un hilo —existieron negociaciones con las que el PSOE trató de convencer o a PP o a Junts para sacarla adelante—, que al final se rompió.

Con todo, la escasa sintonía política entre algunos miembros de la mayoría de investidura descarta la idea de una legislatura profusa a nivel legislativo, pero en los planes del Ejecutivo está recuperar fuelle una vez pasado el verano ya con el embrollo de Catalunya resuelto y empezando por cerrar la carpeta de los objetivos de déficit, que Junts per Catalunya no se cierra a volver a abrir y que constituye el primer paso de la ley más importante para cualquier Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado.