Los Franco siguen su periplo judicial con nuevas demandas a investigadores y periodistas

La vida sigue más allá del Valle de los Caídos y los Franco lo saben muy bien. Los descendientes consiguieron con sus recursos y maniobras judiciales paralizar, al menos de momento, la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero el periplo judicial de los descendientes del dictador no ha terminado ahí. Prosigue en diferentes tribunales.

Mientras el Supremo decidía paralizar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos este mismo martes, periodistas como Gloria Serra y Rocío Lama, de Equipo de Investigación en La Sexta; Mariano Sánchez Soler, autor de Los Franco S.A.; e investigadores como Carlos Babio (autor de Meirás: Un pazo, un caudillo, un espolio) y Javier Otero recibían una célula del Juzgado de 1ª instancia nº 3 de Alcobendas que los emplaza a acudir a un acto de conciliación previo a acciones judiciales más contundentes por parte de los Franco. Los acusan de injurias y calumnias por las informaciones recogidas en el programa.  

La demanda de conciliación a estos periodistas e investigadores llega firmada por seis de los siete nietos de Franco. Todos menos Carmen Martínez Bordiu, actual duquesa de Franco y grande de España. Les instan a retractarse de "todas y cada una de las afirmaciones vertidas en el reportaje emitido por La Sexta bajo el título Los papeles secretos de Franco". Asimismo, también les insta a "a reconocer que dichas afirmaciones carecen de fundamento alguno" y les emplaza a acordar "la cifra y condiciones que corresponda a la reparación de los perjuicios sufridos".  

"Más que un acto de conciliación lo que los Franco nos piden es un acto de extorsión", dice el investigador Carlos Babio

Estas demandas de conciliación, a las que ha tenido acceso Público, también señalan que en caso de que los periodistas y profesionales rechacen retractarse en el acto de conciliación, "la voluntad" de los demandantes es "continuar con las acciones judiciales iniciadas hasta obtener la completa y total reparación de los daños causados". 

"Más que un acto de conciliación lo que los Franco nos piden es un acto de extorsión. Quieren que nos desdigamos de todo lo que hemos afirmado en el programa de televisión y yo, personalmente, no tengo nada de lo que desdecirme. Todo lo que dije lo publiqué ya en el libro Meirás: Un pazo, un caudillo, un espolio", ha señalado a Público el investigador Carlos Babio. 

Por su parte, Rocío Lama, directora de Equipo de Investigación, ha señalado a Público que el programa siempre "trabaja con toda la rigurosidad que se exige en la profesión". "Todo lo que contamos en nuestros programas está contrastado. También las afirmaciones que hacen los historiadores e investigadores con los que contactamos. Trabajamos desde la rigurosidad", ha apuntado. 

Segunda demanda de conciliación

Se trata de la segunda vez que los investigadores Carlos Babio, Mariano Fernández Soler y Javier Otero reciben una notificación judicial por parte de los Franco. En febrero del presente año ya recibieron una citación prácticamente idéntica a la actual por su aparición en el programa En el punto de mira de Cuatro y, concretamente, en el reportaje La herencia de los Franco. Aquella citación judicial también iba remitida a varios periodistas que trabajan en el espacio de Cuatro y también contra Jimmy Giménez-Arnau. 

"Publiqué mi libro hace 16 años y los Franco nunca han dicho nada sobre él", dice Sánchez Soler

El periodista e investigador Mariano Sánchez Soler, que ya ha recibido dos notificaciones judiciales de los Franco, no da crédito: "En el programa sostuve lo mismo que escribí en mi libro, que lo publiqué hace ahora 16 años y nunca tuve noticias de los Franco. Dicen en la demanda que doy una serie de datos sin mostrar los papeles pertinentes. Pero es que es un programa de televisión en el que intervengo dos o tres minutos. Todo lo que afirmo está documentado en el libro Los Franco S.A.", señala Sánchez Soler a Público. 

Los periodistas de La Sexta y los investigadores están citados a declarar el próximo día 12 de junio ante el juzgado de instrucción nº 1 de Alcobendas por el contenido del reportaje emitido en Equipo de Investigación. Asimismo, Sánchez Soler, Babio y Otero también están citados para el 19 de junio en el juzgado de instancia nº 44 de Madrid por su aparición en el programa de Cuatro. 

Tanto Babio como Sánchez Soler, contactados por este medio, han anunciado que no acudirán a los actos de conciliación. "No tengo nada que conciliar con la familia Franco. Mi obra está publicada y contrastada. No vivo en Madrid y no me voy a desplazar hasta allí para decir que no me retracto. Si no voy, lo entienden igual", señala Babio. 

El "expolio" del Pazo de Bendaña 

En el caso del investigador Carlos Babio, la familia Franco quiere que se retracte de haber afirmado que en el Pazo de Meirás hay numerosas obras de arte procedentes de otros lugares proviniendo algunas de estas de inmuebles que habrían sido objeto de "expolio". Babio especifica a Público que se trata del caso del Pazo de Bendaña en el Ayuntamiento de Dodro, que fue regalado a los Franco en 1938 por parte de las autoridades municipales. 

"Este pazo fue desmontado piedra a piedra y elemento por elemento y fue trasladado a Meirás entre 1940 y 1945", explica Babio, que señala que con las piedras y elementos de Bendaña "se decoraron los jardines de Meirás y se construyó una balaustrada". "Hay documentos que así lo demuestran e incluso hay imágenes en la que se ven las obras. No entiendo a qué viene esta demanda", sentencia Babio. 

La denuncia por la ocupación del Pazo

Los Franco también acudieron a los tribunales para querellarse contra 9 activistas que ocuparon la Casa Cornide de A Coruña para realizar una acción simbólica y contra otros 19 activistas que en agosto de 2017 entraron en el Pazo de Meirás para colgar dos pancartas que señalaban lo siguiente: "Que devuelvan lo robado" y "El Pazo del pueblo gallego". Los Franco solicitan penas de 247 años de cárcel, entre todos, y casi medio millón de euros en multas e indemnizaciones. 

El caso sigue abierto y los activistas están a la espera de juicio. En esta ocasión, la querella fue interpuesta por la hija del dictador, Carmen Franco, ya fallecida, y los nietos, que consideraban que los acusados habían cometido un delito de odio, otro de allanamiento de morada y otro contra el honor de la familia. 

Una de las activistas denunciadas por la familia Franco es Lucía López, que fue una de las personas en subir a la torre del Pazo de Meirás aquel 30 de agosto. "Es bastante irónico que la familia Franco denuncie a personas que luchan por la recuperación de un bien expoliado por la dictadura. Los herederos de una dictadura que ha asesinado, torturado y expoliado se atreve a seguir defendiendo sus privilegios utilizando la figura del delito de odio. Es irónico a la par que indignante", señaló Lucía en este reportaje de Público.