La Fiscalía solicita 240 años de cárcel para el juez y el fiscal del 'caso Cursach'

La Fiscalía Anticorrupción acusa al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, responsables de la instrucción del caso Cursach, entre 2015 y 2018, de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia, delitos por los que les pide penas que suman casi 240 años. 

Así consta en el escrito de acusación de Anticorrupción –al que ha tenido acceso Público– ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que juzgará al juez y al fiscal, que fueron apartados de sus funciones y están actualmente jubilados.

Penalva y Subirán fueron los responsables principales de la investigación de la presunta trama corrupta en torno a las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y de un grupo de policías que presuntamente le favorecía, supuestos delitos de los que todos los acusados, salvo dos agentes, fueron absueltos por la Audiencia de Palma, en un espectacular viraje de las posiciones iniciales de la Fiscalía.

Además, la Fiscalía Anticorrupción acusa de delitos similares a cuatro policías del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares que trabajaron en la instrucción de la causa y en otros procedimientos impulsados por el mismo juzgado, como los conocidos como caso ORA I y II. En total, las penas de cárcel que solicitará en el juicio la acusación pública contra los seis procesados suman 576 años.

En el escrito firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo se describen hasta 27 casos de filtraciones a los medios de comunicación de informaciones que estaban declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma, que dirigió Penalva.

Los acusadores públicos consideran que en un chat de Whatsapp que compartían los procesados se pusieron de manifiesto estas filtraciones, que los acusados no solo no persiguieron, como era su deber legal, sino que ejecutaron y utilizaron para dirigir la investigación en un sentido preconcebido y pactado, según dice la Fiscalía. 

Las lágrimas del fiscal

Hay que recordar que el fiscal Tomás Herranz acabó derramando lágrimas de emoción en la última jornada del juicio contra Cursach y sus hombres en lo que él calificó de injusticia por lo vivido por el empresario mallorquín, sin que diera explicaciones en su alegato final sobre las pruebas contra Cursach que no había llevado al juicio, algo que propició su absolución. 

Grabaciones de audio, testigos clave que no aparecen... En total, Anticorrupción rechazó la declaración de 54 testigos en el juicio contra el magnate del ocio mallorquín Bartolomé Cursach, sus hombres de confianza, funcionarios y policías. La Fiscalía también desestimó decenas de grabaciones aportadas en el sumario que probarían un sistema de corrupción para neutralizar a la competencia de Cursach por medio de una mafia policial. 

Ahora Anticorrupción carga las tintas contra el juez Penalva y el exfiscal Subirán pero en su día el fiscal Herranz pidió prisión provisional para Bartolomé Cursach.

Anticorrupción considera ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró presuntamente responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que finalmente acabó sobreseída. Dos de estos detenidos fueron enviados además a prisión provisional.

Igualmente, les acusa de detener ilegalmente a los padres y el hermano del exconcejal de Palma y exdiputado del PP Álvaro Gijón, a quien investigaban después de que un testigo protegido le hubiese atribuido el cobro de una comisión por una adjudicación del consistorio. Este caso también acabó archivado.

El Ministerio Público achaca a los procesados presiones a detenidos, personas investigadas y testigos en el caso Cursach y en otros de los procedimientos que instruía en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma con la intervención de los mismos agentes de la Policía Nacional.

La mayor petición de pena de la Fiscalía es la que se plantea para Subirán, que asciende a 113 años y 9 meses de cárcel; para Penalva, solicita 110 años de reclusión, mientras que las de los policías van de los 71,5 años a los 103 años.

En la sentencia absolutoria que dictó el pasado diciembre la sección primera de la Audiencia de Palma por el caso Cursach, el tribunal ordenó que se investigara si el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán cometieron delitos durante la instrucción.

Los abogados de Cursach y de su "mano derecha", Bartolomé Sbert, anunciaron tras conocerse su absolución que pedirán para los responsables de la instrucción elevadas penas de cárcel e indemnizaciones millonarias.