Si Juan Carlos I se pensaba que con su regularización voluntaria de 678.393,72 euros, anunciada hace dos días a la opinión pública, iba a zanjar de una vez por todas la cuestión del uso de tarjetas opacas para sus gastos y los de algunos de sus familiares y de paso evitar responsabilidades penales, estaba muy equivocado: la Fiscalía ha informado este viernes de que esa regularización afecta a "una investigación más amplia", en la que tiene que estudiar la "espontaneidad, veracidad y completitud" de dicha declaración tributaria. 

"Tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por don Juan Carlos de Borbón y Borbón el pasado día 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia", señala el Ministerio Público en un escueto comunicado dado a conocer este viernes a los medios. 

Eso sí, nada dice de la comunicación que la Fiscalía hizo a Juan Carlos I sobre la existencia de diligencias de investigación en su contra, algo que fuentes fiscales afirman es "habitual" en este tipo de diligencias preprocesales, no judicializadas. Sin embargo, como han apuntado varios expertos a Público, el hecho de que la Fiscalía informara a Juan Carlos de Borbón de que estaba siendo investigado, podría invalidar la maniobra del emérito de declarar al fisco los fondos recibidos del empresario mexicano vinculados a las tarjetas.

En definitiva, esa comunicación puede evitar que la regularización exima de toda responsabilidad penal al monarca, ya que el artículo 305.4 del Código Penal señala que el pago debe hacerse "antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

La Fiscalía tiene abiertas tres líneas de investigación contra el rey emérito. Una, sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí); otra, la que es objeto de la regularización sobre el uso de tarjetas opacas; y una tercera, incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).