El Ministerio Fiscal ha reducido su pena de cárcel para Bartolomé Cursach a un año y medio después de no atribuirle un delito de cohecho activo continuado y un delito de coacciones. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba ocho años y medio de prisión.

Es una de las principales conclusiones que se extraen del nuevo escrito de acusación presentado por la Fiscalía en relación al caso Cursach, después de que este miércoles anunciara que se había presentado un escrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares para retirar la acusación contra ocho de los acusados por el caso, cuyo juicio está previsto que comience el 13 de junio ante la sección primera de la Audiencia de Palma.

El ministerio público ha comunicado a la sala que desiste de formular acusación contra la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell y el funcionario autonómico Bernardí Coll porque ha comprobado "la ausencia de resolución administrativa dictada por ellos".

Ocho acusados, exonerados

Carbonell, que dimitió por su imputación en esta causa, y Seguí habían sido señalados por favorecer, presuntamente, al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, para la obtención de una licencia.

También se suprime de la lista de acusados al funcionario del Ayuntamiento de Calvià Jaime Nadal, pues a juicio de los fiscales no hay argumentos que avalen la prevaricación que inicialmente le atribuían también por un supuesto trámite en favor de los negocios de Cursach.

El ministerio público retira también sus acusaciones contra Jaime Lladó, Arturo Segade y Antonio Bergas, por entender que los testimonios en los que se basaban los cargos contra ellos carecen de "verosimilitud.

En el escrito del ministerio público ante la Audiencia, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia, se exonera también de acusaciones al celador del Ayuntamiento de Palma Julián Garau, y se anulan las imputaciones al policía Miguel Estarellas, que falleció.

Los fiscales, según informa el diario Última Hora, acotan los hechos presuntamente delictivos que recogían en su escrito de calificación de 2018 al circunscribirlos principalmente a las actuaciones supuestamente corruptas de agentes de la Policía de Palma y de Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert.

Renuncian los acusadores públicos a 54 testigos y descartan hechos como las prevaricaciones de cargos políticos y funcionarios del Govern y los ayuntamientos de Calvià y Palma en favor del empresario y las supuestas fiestas con drogas y prostitutas gratis para agentes de policía. Se prevé que el juicio por esta causa llegue a los tribunales el próximo 13 de junio y que se prolongue hasta enero de 2023 en la Audiencia de Palma.