La Fiscalía Superior de Andalucía ha interpuesto este miércoles una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el presidente del grupo parlamentario Vox Andalucía, Francisco Serrano, al atisbar indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones por una subvención que recibió en el año 2016 la sociedad limitada Bio Wood Niebla, de la que era socio el diputado autonómico de ultraderecha. Horas después de que la Fiscalía hiciera pública la querella, Serrano dejó Vox, pero decidió mantener el acta de diputado y, de este modo, seguir siendo aforado. 

La Fiscalía de Sevilla confirmó los hechos fundamentales que ahora asume en su escrito la Fiscalía Superior, encargada del caso por ser aforado Serrano. "La investigación realizada ha permitido confirmar que una sociedad limitada recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad […] por importe de 2,4 millones de euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados al Ministerio, y a estos efectos la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad".

Añade la Fiscalía, "en el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de peleas en la localidad de Niebla (Huelva) y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda".

Artículo 308 del Código Penal

El artículo 308.1 del Código Penal establece lo siguiente: "El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro".

El mismo artículo en su punto 8 recoge las condiciones en que se entenderá "realizado el reintegro". A saber: "Cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél".

Las diligencias de investigación penal se iniciaron merced a una denuncia que interpuso Facua ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla, por los hechos en cuestión.

A la denuncia inicial de Facua se sumó después una denuncia por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El asunto fue revelado en una investigación publicada por el periodista Ángel Munárriz en Infolibre.es