La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que aparte a los magistrados recusados, su presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, de la votación sobre la impugnación del Senado contra la paralización de la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio tribunal.

En el escrito, el Ministerio Fiscal pide que se abra incidente de recusación contra los dos magistrados, de manera que sean apartados de la decisión que el Pleno tiene que tomar este miércoles sobre el levantamiento de la suspensión de la votación en el Senado.

De estimar la petición de la Fiscalía, el tribunal, altamente fragmentado, se inclinaría en favor del sector progresista por cinco a cuatro. Algo que sería crucial para revertir la decisión del Constitucional sobre el Senado del pasado lunes y permitiría a la Cámara Alta votar las enmiendas para la renovación del Poder Judicial y el propio Constitucional.

La Fiscalía alega que "la incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo sustenta razonablemente, a priori, dicha pretensión de recusación por resultar objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos en caso de que llegara a aprobarse".

"Dicha circunstancia (...) constituye un factor innegablemente condicionante de la apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática invoca el Supremo y el propio Constitucional", añade el escrito.

Sobre la decisión del Constitucional de paralizar la votación del Senado, la Fiscalía considera que "la queja del Senado está bien fundada", sostiene que "la decisión del TC se ha adoptado con premura e inexistencia de precedentes" y "alerta del peligro de que esta actuación establezca un precedente".

En su escrito, el Senado alega que "la cámara y sus integrantes individualmente considerados se hallan indefensos" al adoptarse la medida de suspensión "inaudita parte" y defiende que "la suspensión decretada es "extemporánea" y "desproporcionada".

Unidas Podemos también ha escrito al Constitucional para pedir las mismas recusaciones.