La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la sala penal que estudia el caso que confirme la sentencia de la Audiencia de Sevilla en todos sus extremos, según indicaron a Público desde el Ministerio Público. "Mantiene la Fiscalía del Supremo el mismo criterio que la Fiscalía de Sevilla y por eso pide que confirme la sentencia", dijeron las fuentes oficiales. El Supremo, después de los numerosos recursos presentados, tiene ahora que resolver en casación.

El fallo fue demoledor y condenó a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía. Manuel Chaves recibió una pena de 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y José Antonio Griñán de seis años y dos días de prisión y quince años y dos días de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y prevaricación. Unas condenas que pesan como una losa en el legado de los expresidentes y que cierran toda una época. Ni Chaves ni Griñán se han sentido jamás unos delincuentes ni han sido acusados de llevarse nada para ellos. Ambos han recurrido la sentencia de la Audiencia.

Lo que, por resumirlo en una sola frase, se discutía en ese juicio y ahora tendrá que resolver el Supremo es si considera –igual que la Fiscalía, en una información avanzada por El Español– criminal el sistema opaco –ninguna ayuda se publicó en el BOJA– que habilitó la Junta de Andalucía para el reparto de los fondos destinados –680 millones en diez años– a paliar los efectos de las crisis empresariales que implicaban despidos en una Comunidad azotada por unas altas dosis de paro estructural. Y quiénes fueron los responsables de la implantación de ese sistema. La Audiencia de Sevilla sentenció que fue toda la cúpula de la Junta de Andalucía. Con Chaves y Griñán fueron condenados otros 17 altos cargos, entre ellos seis consejeros.

Así resumió el magistrado ponente de la sentencia que ahora estudia el Supremo, Juan Antonio Calle, lo sucedido: "La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil [para dar ayudas], si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos".

Palmaria ilegalidad

El cambio en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por reestructuración empresarial ocurrió durante el gobierno de Chaves, y la sentencia resuelve que "exigió de la decisión del superior jerárquico", el presidente. Este, según la Audiencia, era "plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó".

Sobre Griñán, la Audiencia considera también que "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" en su etapa de consejero de Hacienda de Chaves. "Conocía que la inclusión en los anteproyectos de presupuestos del uso  de la transferencia de financiación al IFA era con la finalidad de conceder subvenciones por Empleo" y aprobó lo que el tribunal considera "gastos ficticios" para "equilibrar las cuentas" del IFA, el ente que pagaba las ayudas. 

El tribunal considera que, "siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo [un] uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron". Además, añade que era el destinatario de informes de control financiero, "por lo que tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas". Entre ellas, el tribunal cita un informe de la Intervención en el que a modo de conclusión se dice: "la citada Dirección General [la de Empleo] ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido.

El caso de los ERE ha marcado la política andaluza de la última década desde que estalló en en el año 2011, cuando el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, ya fallecido, declaró a la Policía, que investigaba anomalías en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Mercasevilla haber manejado un fondo de reptiles para pagar las crisis empresariales.

Aunque Guerrero luego se retractó, los descubrimientos a los que condujeron las consiguientes pesquisas policiales y judiciales, impulsadas al principio por la magistrada Mercedes Alaya, llevaron al procesamiento de los dos expresidentes y de los responsables y altos cargos de las consejerías de Empleo y Hacienda durante la primera década del siglo. Guerrero también fue condenado.