BARCELONA.- La Fiscalía ha pedido nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

En el escrito de acusación, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau, en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación.

En su escrito de calificación, presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las conselleras como cooperadoras necesarias. La Fiscalía les acusa de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta de haber intentado aparentar que habían la organización del 9-N en manos de los voluntarios.

Concretamente, la Fiscalía concluye que Artur Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad" desatendió el mandato del Constitucional e incumplió la obligación, que como convocante tenía, de dejar sin efecto la consulta soberanista, según el escrito de acusación. Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9-N. Y en  el caso de Rigau, puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.

Fotografías de archivo del expresidente de la Generalitat Artur Mas, y las conselleras Joana Ortega e Irene Rigau. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejada penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente proponía la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.

Puigdemon: "Su vergüenza es nuestra fuerza"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido al expresident Mas, a Ortega y a Rigau ante la petición de Fiscalía de inhabilitarles por la consulta soberanista: "Su vergüenza es nuestra fuerza. No estáis solos" ha dicho vía Twitter.

"Somos más los que preferimos las urnas", añade Puigdemont, por lo que asegura a los tres encausados que no están solos.
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Por su parte,  la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha considerado "inédito en el mundo" que la Fiscalía pida su inhabilitación por el 9-N. "Nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablara", ha lamentado en un mensaje en su perfil de Twitter.