La Fiscalía pide cinco años de prisión para los autores del tartazo a Barcina

La Fiscalía solicita cinco años de prisión y multa de 2.700 euros para los cuatro acusados de lanzar tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto en Toulouse (Francia) en 2011.

Los imputados se enfrentan este viernes en la Audiencia Nacional a la petición del fiscal, que les achaca el delito de "atentado grave contra la autoridad".

Los imputados ya consideraron una "absoluta desproporción" que los hechos hayan sido calificados de "atentando grave a la autoridad" y que las peticiones de penas de cárcel oscilasen en un principio entre los 5 y los 10 años, dijeron en una rueda de prensa en Pamplona tras conocerse la primera petición .

Según recuerda la fiscal Blanca Rodríguez en sus conclusiones provisionales, los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2011 cuando Barcina participaba en el 29 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), del que había sido nombrada presidenta por un periodo de dos años.

A las 16.30 horas, ocho personas "perfectamente coordinadas" se levantaron de sus asientos con sus correspondientes acreditaciones y se dirigieron al estrado en el que estaban las autoridades.

Uno de los acusados, el entonces teniente de alcalde de Arruazu (Navarra), Gorka Ovejero Gamboa, sacó de una carpeta "una tarta que portaba oculta, abalanzándose de forma sorpresiva y de manera enérgica" contra Barcina, "golpeándola de forma contundente en el rostro con dicha tarta".

Mientras "permanecía aturdida", los acusados Julio Martín Villanueva e Ibón García Garrido se acercaron por detrás a la presidenta, "que estaba privada de toda visión como consecuencia del impacto de la tarta en los ojos", y le "estamparon" en la cabeza las tartas que llevaban ocultas.

El cuarto acusado, Mikel Álvarez Forcada, irrumpió en la mesa de la ponencia, "apoyando a los procesados atacantes", indica el fiscal.

"Como consecuencia de los golpes recibidos", Barcina quedó "desorientada y aturdida, debiendo ser atendida y sacada del recinto por el personal de seguridad" y también "se produjeron daños en la ropa que vestía".

Los acusados, activistas del movimiento de desobediencia civil Mugitu que protesta contra la construcción Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi, conocido como Y Vasca, y contra el Corredor Navarro de Alta velocidad, insistieron en su momento  en que "los tartazos no fueron más que una acción cómica de protesta, sin causar ningún daño físico, muy similar a las realizadas en muchos países y que no tiene apenas consecuencias legales", según un comunicado leído por Gorka Ovejero y Julio Villanueva, dos de los imputados, el pasado mes de marzo.

Las ocho personas que interrumpieron la sesión del CTP se reconocieron como integrantes de ese movimiento, pero sólo fueron identificados los cuatro acusados, que, según el fiscal, "actuaron de mutuo acuerdo, habiendo planificado detalladamente el hecho y el reparto de tareas, todo ello dentro del movimiento Mugito Aht Gelditzeko".