La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha ordenado este jueves la apertura de juicio oral contra el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, acusado de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras (Cartagena).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia, la acusación pública solicita 11 años de prisión para el que fuera presidente regional y hasta 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por la "adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes" y "derivando la carga financiera a la CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)".

La acusación popular eleva estas penas a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa que multiplica por seis el dinero presuntamente defraudado. Por último, la CARM, como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige una indemnización de 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.

En este caso, conocido como caso La Sal I, están imputados un total de 17 personas físicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles. Entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente Público del Agua, Antonio Cerdá.

La jueza lo ve claro

El pasado diciembre la magistrada concluyó la instrucción de las diligencias e inició la fase de preparación del juicio oral al considerar "de modo indiciaria" la actuación activa del acusado al realizar para favorecer un proyecto que "parece conculcar directamente la Ley de Aguas, llevado a cabo sin la existencia de informes técnicos ni de fiscalización económica necesaria".

La instructora subraya que "existen datos objetivos que pudieran avalar que el aquí investigado conocía y sabía lo que iba sucediendo con la desaladora y de sus incidencias más graves", algo que se desprende de "las propias funciones de su cargo, los hitos fundamentales del proyecto, las explicaciones del investigado, las declaraciones efectuadas por otros responsables y testigos, además de la documental, a los que ya se ha hecho referencia".

Según el TSJ, tras las declaraciones previas y el examen de la documentación incautada en los registros y los informes, la juez concluye que existen indicios de que el proyecto de la desaladora fue impulsado desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia por el investigado "que ordenó la adquisición de la desaladora y que conocía todos los pasos que se dieron".