La Fiscalía Anticorrupción ha informado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no procede que los juzgados de Madrid investiguen a la exasesora de Podemos Dina Bousselham y a su exmarido Ricardo Sa Ferrerira por presuntos delitos de falso testimonio, denuncia falsa y simulación del delito, tal y como pidió el juez instructor del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón.

El escrito, presentado por los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, surge como contestación al recurso de apelación de la exasesora 'morada' contra la resolución del 1 de septiembre de 2022, en la que García Castellón pedía abrir una nueva investigación contra Bousselham por estos supuestos delitos.

El instructor del 'caso Villarejo' defendía que la exasesora podía haber cometido un delito de falso testimonio cuando declaró como testigo en la pieza diez del 'caso Tándem', que indaga en el robo de su teléfono móvil a finales de 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía.

Esta misma semana trascendió que García Castellón había vuelto a pedir a los juzgados de Madrid que investigaran si Bousselham cometió ese presunto delito de falso testimonio después de constatar que la denuncia inicial que remitió a la sede judicial en septiembre se extravió.

El instructor también acordó en septiembre de 2022 pedir a los Juzgados de Alcorcón (Madrid) que investigasen si la exasesora cometió un presunto delito de acusación y denuncia falsa y/o delito de simulación del delito. 

Los fiscales ya explicaron en julio de 2022 que una vez examinadas las declaraciones de los testigos, se evidenciaban "las vaguedades contradicciones de sus versiones sobre los hechos por los que fueron interrogados", pero que no se podía considerar que se hubiera alterado "de ningún modo el resultado del informe pericial sobre el origen de los daños de la tarjeta".

Cabe recordar que ese informe dijo que resultaba "inviable" la atribución al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias de un delito de daños informáticos sobre esa tarjeta de Bousselham, que estuvo en sus manos durante meses después de que se la facilitara Antonio Asensio.

Los fiscales recalcan además que una vez concluida la fase de instrucción "resulta altamente previsible que ambos testigos tengan que declarar en el juicio oral sobre los mismos hechos".