La Fiscalía se va a oponer a acumular en el Tribunal Supremo la causa abierta sobre rebelión, sedición y malversación contra los miembros del Govern que no están aforados, como son el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los once miembros del ejecutivo cesado, así como los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el jefe de los Mossos de Esquadra, Lluís Trapero y su mano derecha, Teresa Laplana.

Así lo confirman fuentes del ministerio público, que este miércoles entregará ante el juez del Supremo Pablo Llarena un escrito en el que sostiene que en el Supremo sólo deben ser juzgados los políticos aforados, conforme contempla el Estatuto catalán y la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para la Fiscalía, es prematuro en este momento la posibilidad de que alguno de ellos acabe de nuevo aforado debido a que son candidatos a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, convocadas por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la disolución del Parlamento y el cese del Govern por convocar el referéndum del 1-O y aprobar la independencia de Catalunya el 27 de octubre pasado.

De prosperar esta posición, el Tribunal Supremo sólo enjuiciaría a los políticos aforados, que actualmente sólo son los miembros de la Mesa del Parlament que ejercen la Diputación Permanente: su presidenta, Carmen Forcadell y los cuatro miembros de este órgano de la cámara (Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó), además de , Joan Josep Nuet que ahora no es aforado pero que es investigado junto a los demás.

"Las conductas de la Mesa del Parlament, la acción ejecutiva del Govern y la de las asociaciones ANC y Òmnium así como de diversos mandos de los Mossos, aunque entrelazadas, presentan características propias y son susceptibles de análisis independiente o separado", opinan en fuentes fiscales.

El ministerio público argumentará ante el Supremo que busca evitar "una macrocausa, no estrictamente necesaria y muy inconveniente para la agilización de la justicia" y la economía procesal. Y añade que, en la medida "que las conductas son distintas, hace aconsejable adoptar fórmulas que agilicen y faciliten la celeridad de la investigación procesal".

La participación en la supuesta rebelión, sedición y malversación de los no aforados, que son investigas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, en especial los Jordis y los mandos policiales "no presentan una conexión material inescindible, lo que permite el enjuiciamiento separado de las conductas incardinadas en cada uno de los bloques de actuaciones".

Por ello, la Fiscalía no considera "necesario ni conveniente" que sus conductas sean juzgadas junto a Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la cámara autonómica.

También explica que la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita la llamada conexidad [un principio jurídico por el cual una causa se acumula y atrae a otra cuando existe conexión, los hechos son los mismos y están estrechamente vinculadas]. Tras esta reforma, argumenta la Fiscalía, este concepto se ha hecho más restrictivo cuando la acumulación implica “excesiva complejidad o dilación para el proceso”.