La Fiscalía de Madrid asegura que más de 500 personas tenían acceso a la causa judicial contra la pareja de Ayuso

El teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito a la Abogacía del Estado en el que asegura que "desconoce" el "número concreto" de personas que han tenido acceso a las diligencias preprocesales de investigación que dieron lugar a la denuncia presentada contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. Según señala, la causa se compartió en carpetas del Ministerio Público a las que tenían acceso más de 500 personas.

En el escrito, el fiscal José Luis García-Juanes responde así a la petición de información que le hizo la Abogacía del Estado, a cargo de defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la causa que se dirige contra ambos en el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos que les atribuye González Amador.

"Respecto del número de personas que han tenido acceso a las diligencias de investigación preprocesales [...] se desconoce su número concreto a día de hoy", señala.

El teniente fiscal explica que dichas diligencias preprocesales estaban en una carpeta compartida "a la que tenían acceso los 12 fiscales y cuatro funcionarios" de la sección. Y apunta que, para enviarlas por mail a la fiscal jefe provincial (en virtud de la "dación de cuenta" a la que obliga el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), se añadieron a otra carpeta también compartida "a la que tenían acceso 499 personas (entre fiscales y funcionarios)".

Carpetas compartidas

Asimismo, señala que al dar "cumplimentación de la obligada dación de cuenta" a la jefatura de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se añadieron las diligencias a una carpeta compartida a la que tienen acceso "alrededor de 30 personas" de la Fiscalía Provincial de Madrid y "un número que se desconoce de personas de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid".

Con todo, asegura que dichas diligencias también se incluyeron en una carpeta compartida a la que solo le consta que tengan acceso él, Rodríguez, las fiscales de la unidad de apoyo de la jefatura provincial de Madrid y las cuatro funcionarias de la secretaría de la jefatura de la Fiscalía Provincial.

Al margen, el teniente fiscal se pronuncia sobre el número de personas que tienen acceso a la cuenta de correo electrónico de la Jefatura Provincial de Madrid, a la que el abogado de González Amador envió el mail en el que supuestamente reconocía presuntos delitos fiscales.

Sobre este extremo, indica que solo le consta que tuvieran acceso, aparte de él, Rodríguez y las cuatro funcionarias antes mencionadas.

Cabe recordar que el Supremo investiga la presunta filtración de los correos entre la defensa de la pareja de Díaz Ayuso y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales.

García Ortiz afea a la UCO que atribuya a dos fiscales la filtración de la denuncia

La Abogacía del Estado, en representación de Álvaro García Ortiz, ha afeado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en su último informe atribuyera a Pilar Rodríguez y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, la filtración de la denuncia.

"Esta afirmación carece de fundamento y omite hechos relevantes sobre el posible acceso por terceros a dicha denuncia, así como al informe de la Agencia Tributaria", apuntan los Servicios Jurídicos del Estado en un escrito que ha sido remitido al juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado y a la fiscal provincial de Madrid.

La Abogacía del Estado asegura que el informe de la UCO contiene "hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias". Se trata del informe en el que los agentes de la Guardia Civil también concluyen que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en "los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada" a raíz de la querella que presentó el novio de Díaz Ayuso.

"El informe de la UCO [...] sugiere que la denuncia contra González Amador, al haber sido comentada el 8 de marzo entre la Sra. Pilar Rodríguez y el Sr. Diego Villafañe, podría haber sido filtrada a la prensa por este entorno", señala la Abogacía del Estado para luego insistir en que dicha afirmación "carece de fundamento".

Los Servicios Jurídicos defienden que la denuncia contra González Amador y el informe de la Agencia Tributaria relativo a su caso "ya estaban a disposición de terceros, distintos a las personas investigadas en esta causa, desde el 5 de marzo de 2024, a través del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid".

Apuntan, además, que "la denuncia y la documentación anexa" estaban en una "carpeta común" a la que "tenían acceso más de 499 personas", lo que "demuestra" que dicha documentación no estaba restringida exclusivamente al entorno de Rodríguez y Villafañe.

Con todo, la Abogacía también critica que el informe de la UCO parezca "insinuar de manera errónea" que Villafañe "no tenía entre sus funciones recibir la comunicación mencionada en relación con la denuncia contra Alberto González Amador".