El juicio por los disturbios ocurridos durante el primer 'Rodea el Congreso' ha comenzado este lunes con seis pactos con la Fiscalía. Seis de los 21 acusados han pactado con la Fiscalía de Madrid penas que se sustituirán por multas de hasta 1.320 euros tras reconocer los hechos sucedidos la noche del 25 de septiembre de 2012 y aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, en concreto, dilaciones de 12 años. 

Los procesados se enfrentan a penas de hasta ocho años de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones. 

Durante la manifestación, autorizada por la delegación del Gobierno y en la que se protestó por la corrupción, el bipartidismo y la crisis democrática, en torno a 6.000 personas se concentraron en la Plaza de Neptuno de forma pacífica. La protesta acabó disuelta mediante cargas policiales. El saldo final fue de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías. 

Con lemas como "Lo llaman democracia y no lo es" y "Esta crisis no la pagamos", miles de personas se fueron concentrando cerca del Congreso de los Diputados a partir de las seis de la tarde del 25 de septiembre de 2012. 

A partir de las siete de la tarde comenzaron las cargas policiales y el caos se desató, viviéndose momentos de gran tensión. Doce años después se juzga a 21 manifestantes.

Antes de comenzar la vista, los letrados de cinco de los acusados han llegado a un acuerdo con las partes al reconocer los delitos. Como se han aplicado dilaciones indebidas muy cualificadas, por ser el retraso de doce años, las solicitudes de pena de cárcel van a quedar reducidas a una multa.

De este modo, seis de los acusados reconocen un delito de desórdenes públicos, por lo que aceptan una pena de once meses de prisión, pero sustituibles por una multa. También se impone a otros dos procesados once meses por un delito de atentado agravado con uso de instrumento peligroso y para otros tres, dos meses y veinte días de prisión por atentado básico. 

Uno de los policías heridos ha manifestado en la sesión inaugural del juicio que "nunca se había visto tal violencia de grupos organizados antifascistas o anarquistas en Madrid", justificando así las cargas policiales y las detenciones contra los acusados. De forma opuesta, "miles de personas se manifestaban de forma pacífica". 

Según el agente, los activistas que iniciaron los desórdenes usaron la técnica del Black Block, que consiste en llevar ropa negra para evitar ser identificados por las autoridades y con material para reventar la protesta como palos de madera y escudos. 

El resto de los acusados no ha querido llegar a pactos con la Fiscalía porque niegan ser autores de los delitos que se les imputa y piden la libre absolución; han solicitado declarar al final de la vista oral. El Ministerio Público pide para ellos penas de entre tres años y ocho meses y ocho años y dos meses de prisión.