La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) ha asumido la competencia del caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional ha investigado hasta ahora la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas a una empresa en plena pandemia y en la que uno de los principales imputados es Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Este caso afecta, según han trasladado las autoridades españolas a la Comisión Europea, a partidas de dos fondos europeos que movilizaron en total 17,8 millones de euros. El pasado 4 de marzo, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid comenzó las pesquisas "sobre un posible fraude que afecta a los contratos públicos adjudicados por las autoridades sanitarias de Illes Balears y Canarias a una empresa única".

Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha acordado asumir toda la causa y así "investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", según ha informado este organismo a través de un comunicado.

La Fiscalía Europea ha indicado que, dado que en un primer momento la Audiencia Nacional española estaba investigando a la misma empresa por contratos adjudicados por otras autoridades sanitarias y que uno de esos contratos estaba cofinanciado por la UE, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para determinar si el caso entraba dentro de su competencia. 

En relación al transcurso de la investigación, la Fiscalía ha precisado que se hará cargo de la misma "después del altísimo interés público suscitado por esta investigación" pero que abordará el caso con discreción, por lo que "no se harán públicos más detalles en esta etapa", han afirmado en el citado comunicado.

¿Por qué asume la investigación la Fiscalía Europea?

La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la UE, con sede en Luxemburgo, encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. Además, ejerce la acción penal contra sus autores, en concreto en casos de fraude, corrupción, blanqueo de dinero y fraude transfronterizo en materia de IVA. 

Por tanto, en este caso, la Fiscalía Europea asume la investigación porque, al menos uno de los contratos del caso Koldo estaba cofinanciado con fondos europeos. Este organismo ha aseverado que "a la vista de que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 (de la Audiencia Nacional) investigaba a la misma empresa por contratos adjudicados por otras Administraciones y, como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos", la Fiscalía Europea ha tomado la investigación del caso.  

Siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, los Estados tienen la obligación legal de informarlo a la Fiscalía Europea sin demora. Los ciudadanos de la Unión Europea también pueden denunciar un delito directamente a la Fiscalía Europea. 

En cada caso, la EPPO evalúa exhaustivamente si los hechos denunciados podrían constituir un delito bajo su jurisdicción y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación. Si los delitos penales caen dentro de la competencia de la Fiscalía Europea, ésta debe abrir y llevar a cabo una investigación.