La Fiscalía Europea contra el Fraude ha anunciado este martes que ha archivado el caso en el que se investigaba la presunta malversación de fondos europeos en un contrato de suministro de mascarillas en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso.

En concreto, el Ministerio Público europeo investigaba si se habían cometido los delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho en la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un valor de 1.512.500 euros. Sin embargo, la Fiscalía Europea ha informado de que "se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito".

"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", ha señalado la Fiscalía Europea en un comunicado que recoge Efe. 

Este caso abrió en la primavera de 2022 una fractura entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Anticorrupción, que se disputaron las competencias sobre esta investigación. Finalmente, la fiscal general del Estado decidió que la Fiscalía Anticorrupción investigase si se habían cometido los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad. Unas pesquisas que quedaron archivadas dos meses después de su apertura. 

Por su parte, la Fiscalía Europea consideró que tenía una "competencia preferente" para investigar "todos los delitos relacionados" con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamó el caso para evitar "duplicidades".

La Fiscalía Europea solicitaba la investigación del caso ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato, por el que el hermano de Ayuso cobró 55.000 euros, y finalmente mantuvo su investigación sobre los hechos que afectaban a los intereses financieros de la UE pero no sobre los hechos que atañen al funcionamiento de la administración pública española.