Los ciberdelitos han aumentado durante la pandemia, especialmente los que atentan contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, debido al aumento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), según ha informado la fiscal de Sala coordinadora en materia de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, quien ha alertado de que en el primer mes de confinamiento, durante la primera ola de la pandemia, se produjeron 1.732 avisos o denuncias ciudadanas por detección online de material pedófilo, lo que implica un incremento del 352%.

En una entrevista difundida por la Fiscalía con motivo del Día Mundial de Internet, Tejada de la Fuente ha explicado que "la intensa penetración de las tecnologías en las relaciones sociales también tiene efectos perversos, entre ellos su fuerte incidencia en el ámbito de la delincuencia".  En este sentido, ha subrayado que el ejemplo más claro de la incidencia de la pandemia en la ciberdelincuencia "lo encontramos en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores de edad. Estas conductas se han visto especialmente favorecidas por la generalización de las TIC, ya que su alto nivel de conectividad y su potencialidad para la elaboración y difusión de todo tipo de contenidos, facilitan el acoso online a menores con fines de carácter sexual y la producción, distribución y puesta a disposición de terceros de material pornográfico ilícito".

Al margen del ciberacoso sexual a menores, las estafas y defraudaciones son los ciberdelitos que anualmente dan lugar a un mayor volumen de procedimientos judiciales y también de denuncias y atestados policiales. "No es extraño que el traslado a la Red de toda clase de actividades económicas o comerciales durante buena parte del año 2020 haya determinado un crecimiento aproximado del 40% en el volumen de causas incoadas por estafas y defraudaciones online, como queda reflejado en las estadísticas de la Fiscalía", sostiene la fiscal Elvira Tejada de la Fuente. 

Las manifestaciones de estas actuaciones fraudulentas son muy variadas, según indica el estudio de la Fiscalía: ofertas falsas a través de Internet de todo tipo de bienes y servicios; captación de datos personales y bancarios simulando la concesión de ayudas y/o beneficios económicos por parte de organismos públicos o privados de distinta naturaleza; defraudaciones en operaciones de banca online; estafas de inversión en monedas de curso real o en criptomonedas; y recaudación fraudulenta de donativos o aportaciones dinerarias supuestamente destinadas a los colectivos más vulnerables o a la investigación científica frente a la infección. 

En relación al uso "cada vez más frecuente de las criptomonedas en el tráfico económico", la fiscal especializada en Criminalidad Informática alerta de que "sus especiales condiciones para facilitar el anonimato, la ausencia de regulación y control sobre las operaciones y su particular sistema de intercambio, hacen que el seguimiento y vigilancia de las transacciones en las que se opera con estos activos digitales resulte especialmente complejo". La Audiencia Nacional estudia ya dos macroquerellas por presunta estafa a pequeños inversores españoles en criptomonedas.