La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tenido que rectificar y admitir que sí estaba al tanto del caso de Manuel Murillo, el francotirador de 63 años que quería asesinar al presidente del Gobierno. Ayer, jueves por la tarde, la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirmó que desconocía el caso adelantado en exclusiva por Público porque que ni los Mossos ni el juez de Terrasa (Barcelona) que instruye el caso le dieron traslado ni del atestado ni del procedimiento que se estaba siguiendo sobre este asunto en el juzgado número 3 de la localidad catalana. Pero no es es así, según informa la cadena Ser: ahora los fiscales se retractan y admiten que sí conocían el caso del magnicida de Terrasa.

De acuerdo a la información adelantada por la cadena de radio, cuando el pasado día 19 de septiembre el francotirador fue detenido, los fiscales de guardia de los juzgados de Terrasa y los de la Audiencia Nacional mantuvieron varios contactos, y "después de consultar con la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidieron que el caso no era la competencia de la Audiencia Nacional, por lo que ésta se inhibió. 

En ese sentido, los Mossos remitieron un atestado al juzgado de guardia para que decidiera si la causa era competencia de la justicia ordinaria o, por el contrario, de la Audiencia Nacional, que lleva las investigaciones por terrorismo. 

La Ser también informa de que el titular del juzgado de Terrasa que estaba de guardia en ese momento, "hizo gestiones" ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Los dos magistrados convinieron que era la Fiscalía la que tenía que resolver el caso.

Como ya adelantó Público en su exclusiva, las diligencias pasaron del Juzgado de Guardia de Terrasa al de Instrucción Nº3 porque la Audiencia Nacional rechazó el caso, considerando que no se trataba de una amenaza terrorista, sino meramente una "proposición de homicidio de autoridad", con "tenencia ilícita" de un "depósito de armas", según señalaron fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. 

Tras recibir el caso, el titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Terrasa también podía decidir si lo consideraba como terrorismo pero rechazó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional o pedir un informe a la Fiscalía para que se pronunciase al respecto, y abrió entonces una investigación al francotirador por los delitos de conspiración para atentar contra la autoridad con uso de arma, amenazas graves, tenencia ilícita de armas y explosivos, así como incitación al odio.

Manuel Murillo está actualmente en prisión incondicional en el Centro Penitenciario Brians-2, en Sant Esteve Sesrovires, cerca de Martorell, donde confesó nada más ingresar sus intenciones de atentar contra Pedro Sánchez.