La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han revelado este viernes la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito Juan Carlos I. Las pesquisas, de las que se ocuparán el equipo de fiscales del Tribunal Supremo, parten de una información procedente de "inteligencia financiera" del Sepblac recibida recientemente.

Delgado y Luzón, que han mantenido un encuentro informal con la prensa, no han revelado ningún aspecto más. Según las fuentes consultadas, esta nueva investigación pretende dilucidar si el rey emérito cometió delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Por el momento no se han realizado diligencias, ni se sabe si los hechos objeto de pesquisas son anteriores o posteriores a la abdicación de Juan Carlos, en junio de 2014, fecha hasta la cual estaría protegido por la prerrogativa de inviolabilidad, o si afecta a más personas.

El ministerio público ha tomado esta decisión tras recibir un informe de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Moneratias (Sepblac) que presuntamente vincularía al monarca. El informe se recibió hace unos días por lo que las nuevas diligencias se encuentran en un estado muy embrionario.

Esta sería la tercera línea de investigación sobre las actividades financieras del monarca, que se unirá a la que ya dirige el fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos junto a su equipo sobre una cuenta en Suiza atribuida a Juan Carlos I y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí), y a la más reciente conocida sobre los posibles pagos con una tarjeta opaca. 

La primera investigación será previsiblemente archivada con respecto al padre de Felipe VI por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto de este aforado. La Fiscalía prevé presentar antes de fin de año el informe en el que debe pronunciarse sobre si pide o no la apertura de causa judicial a Juan Carlos I. Eso sí, la Fiscalía ha decidido enviar ya a Anticorrupción la parte de las diligencias que afectan a personas que no gozan de aforamiento porque entiende que la investigación respecto a ellos todavía tiene recorrido.

El segundo expediente, que se encuentra ya "muy avanzado" en palabras de la fiscal general, es el relativo a pagos con una tarjeta de crédito de los que se podrían haber beneficiado Juan Carlos I y otros miembros de su familia sin ser titulares de la cuenta asociada a este medio de pago. Aunque conocida esta misma semana, esta última investigación lleva casi un año en marcha en la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, el ministerio público detectó que los fondos con los que se nutrían las cuentas a las que se cargaban los gastos hechos con esa tarjetas procedían de transferencias realizadas por el empresario mexicano y amigo del emérito Allen Sanginés-Krause y las habría manejado el asistente de don Juan Carlos.

En el caso de las presuntas comisiones en la adjudicación de la construcción del AVE a la Meca, la Fiscalía considera que el marco temporal de las pesquisas "está más acotado y más marcado" que en las otras dos investigaciones, en las que "la referencia temporal es difícil de establecer" porque se encuentran en una fase inicial. Por esa razón se incorporará el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al equipo de fiscales del Supremo que dirigirá las otras dos líneas de investigación con el objetivo de buscar un "equilibrio" en las diligencias y de que aporte la "operatividad y continuidad en la investigación".

Anticorrupción cuenta con la colaboración de unidades policiales adscritas y peritos económicos y puede aportar, por tanto, una "altísima operatividad" que ahora se incorporará a la Fiscalía del Tribunal Supremo. La razón por la que el fiscal jefe Anticorrupción, que tiene rango de fiscal de Sala, no se incorporó a la primera investigación al rey emérito fue porque estaba prácticamente liquidada cuando llegó a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Advertencia sobre las filtraciones

En su encuentro con la prensa, la fiscal general, Dolores Delgado, ha advertido que la institución "no puede permanecer pasiva" ante las filtraciones, que pueden ser objeto de sanción disciplinaria o incluso suponer un delito.

El ministerio público abrió el pasado 29 de octubre una investigación interna para esclarecer la filtración a un medio de comunicación de datos de carácter reservado relacionados con la investigación al rey emérito que se está llevando a cabo en la Fiscalía del Tribunal Supremo. La Fiscalía dio traslado a la Inspección Fiscal para comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes y comunicó lo ocurrido al delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General a los oportunos efectos.

Delgado ha resaltado la importancia de la protección de datos para la Fiscalía, que permite implementar medidas y le dota de la posibilidad de activar acciones preventivas para evitar que datos personales puedan trascender a terceros. Para ello, la fiscal general ha avanzado que solicitará al Ministerio de Justicia los más avanzados medios de custodia material y telemática de procedimientos tan sensibles como los que investiga la Fiscalía Anticorrupción.