MADRID.-  El Gobierno de Mariano Rajoy se ha saltado a la torera, con 'agosticidad', la ley que impide a un exalto cargo prestar sus servicios a entidades privadas durante dos años y ha permitido que el exfiscal General del Estado Eduardo Torres-Dulce sea contratado por el despacho Garrigues.

Así lo ha denunciado la Unión Progresista de Fiscales que considera "profundamente censurable" que el conocimiento adquirido por Torres-Dulce en su etapa de Fiscal General del Estado "pueda ser puesto ahora al servicio de la defensa de quienes el Ministerio Público investigue o acuse posteriormente".

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, determina un plazo de incompatibilidad de dos años posteriores al cese para poder prestar servicios en entidades privadas.

"El conocimiento que tiene un Fiscal General del Estado sobre investigaciones en curso propias o ya judicializadas debe resultar absolutamente incompatible con el ejercicio inmediatamente posterior de la profesión de letrado. Así las cosas, consideramos profundamente censurable que el caudal de conocimientos e información que el ex Fiscal General adquirió en el ejercicio de su cargo pueda ser puesto ahora al servicio de la defensa de quienes el Ministerio Público investigue o acuse posteriormente", explica la UPF en un comunicado.

Eduardo Torres-Dulce dimitió de su cargo el pasado 19 de diciembre de 2014. Cerca de ocho meses después, el pasado 10 de agosto, el portal de transparencia publicó la autorización del Gobierno para que ejerza de abogado en un despacho privado.

Tras su dimisión, Torres-Dulce había regresado al cargo que ejercía con antelación: ser fiscal de sala del Tribunal Supremo, donde ha trabajado en los últimos ocho meses. Ahora, podrá ser contratado por Antonio Garrigues.

La Unión Progresista de Fiscales considera que "no es un buen día para la Justicia ni para la transparencia que la ciudadanía reclama de las decisiones gubernamentales en España" y denuncia la "componenda" entre el Gobierno y el ex Fiscal General del Estado para saltarse la ley.

"Desde la Unión Progresista de Fiscales entendemos seriamente preocupante y así lo denunciamos públicamente que el ex Fiscal General del Estado sea autorizado por el Gobierno para ejercer la abogacía tras su abandono del cargo de máxima autoridad del Ministerio Público el mes de diciembre de 2014, sin hacer uso -además- de la garantía de autonomía que el Estatuto del Ministerio Fiscal le reconoce", destaca la UPF.