El fiscal se opone a investigar a la infanta Cristina por el préstamo de 1,2 millones del rey

La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso más en su labor de protección a la Casa Real y se ha opuesto a que se abra una investigación del préstamo de 1,2 millones de euros del rey a su hija Cristina que nadie está desarrollando, y mediante un informe que nadie, singularmente el juez Castro, le había pedido.

En un escrito presentado ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el fiscal desaconseja iniciar una investigación dirigida a determinar si los 1,2 millones de euros que el rey transfirió en 2004 a una cuenta titularidad de los duques de Palma, eran una "donación encubierta", alegando para ello que tanto a efectos penales como administrativos los hechos estarían prescritos. La consideración de préstamo y no de donación ahorró a la infanta el pago de 400.000 euros en impuestos.

En una providencia dictada este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma afirma no tener nada que exponer sobre las manifestaciones del Ministerio Público, por cuanto no tiene iniciada ninguna investigación al respecto ni ha recabado informe alguno. En esta ocasión, y sin que nadie se lo pidiera, el fiscal ha vuelto a ponerse del lado de la Corona, como cuando recurrió --con éxito-- la imputación de la infanta Cristina.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la Agencia Tributaria (AEAT) reveló mediante un informe dos transferencias bancarias urgentes de 600.000 euros cada una por parte del Rey a favor de su hija y su yerno.

En su escrito al juez Castro, el fiscal del caso, Pedro Horrach, destaca que emite su informe tras analizar el citado documento de Hacienda. Indica que si el trasvase de fondos del rey a su hija fue un préstamo, como se plasmó en el impuesto del patrimonio como deuda, no tiene consecuencias fiscales ni penales, ya que sería una transacción legítima entre particulares, "oportunamente declarada ante la Hacienda Pública".

Pero si se le diese consideración de "donación", estaría sometida al impuesto de donaciones y sucesiones, siendo el obligado tributario el beneficiario (en el caso estudiado, la infanta). El fiscal indica que, siendo de cinco años de cárcel la pena máxima para el delito fiscal,  el plazo de prescripción de los hechos sería de cinco años. Como el traspado se hizo en 2004, a fecha actual estaría prescrito.

"Por lo que carece de sentido --concluye el fiscal en su informe a instancias propias--, iniciar una investigación a efectos de determinar la posible existencia de una donación 'encubierta' y, en su caso, la cuota presuntamente defraudada, dado que opera el instituto de la prescripción tanto a nivel administrativo como a nivel penal".

En concreto, según el informe, sendos ingresos se produjeron el 30 de julio y el 29 de septiembre de ese año, en forma de transferencias "urgentes" ordenadas por "S M D Juan Carlos de Borbón y Bo" a una cuenta bancaria de La Caixa de la que son titulares los Duques.

La Casa Real precisó, por su parte, que el Monarca hizo un préstamo ante notario de 1,2 millones de euros a la Infanta para ayudarle en la compra del Palacete de Pedralbes, un ingreso que realizó desde una cuenta a su nombre en Madrid a otra de su hija.

Mientras tanto, el análisis de las operaciones bancarias realizadas con esa cuenta entre 2004 y 2006 arroja que la Infanta Cristina declaró una deuda de 1,2 millones de euros -coincidente con la cantidad total que transfirió el Rey-, bajo el concepto de préstamo, en sus declaraciones por el Impuesto de Patrimonio de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

En 2011, año en el que este tributo fue rehabilitado tras tres años de derogación, presentó declaración ante la obligación real de contribuir, como no residente en España, en la que no figura la citada deuda. Ya en la tributación de 2012 incluyó de nuevo entre sus deudas un "préstamo", si bien por importe de 1.050.000 euros.

Mediante un informe en el que la AEAT precisaba que las operaciones realizadas carecen de relevancia fiscal por cuanto estarían prescritas, Hacienda reflejaba asimismo que otra de las transferencias también analizadas, en su caso el 8 de julio de 2004, por un total de 91.083 euros, fue ordenada por "Juan María", nombre que coincide con el del padre de Urdangarin, apostillaba el informe.

Del mismo modo, también figura otro traspaso bajo el nombre de "Juan María", el 14 de octubre, por valor de 60.000 euros. Sin embargo, Hacienda señala que no consta que en las declaraciones presentadas por Urdangarin por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2004, 2005, 2006 y 2007 incluyese estos importes como deuda.