FINAL DE ETAPolicía y Guardia Civil siguen cobrando el plus de "conflictividad" en Euskadi y Navarra que cuesta a Interior 45 millones al año

Nada ni nadie puede detener el tiempo. Hace ya algo más de 17 meses de aquel 3 de mayo de 2018 en el que ETA, tras amagar con publicar un vídeo en alguna cadena internacional, confirmó vía audio que se disolvía para siempre. Sin embargo, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil mantienen los incentivos económicos que comenzaron a otorgarse a sus efectivos en el País Vasco y Navarra allá por 1986, cuando se producían atentados de manera habitual. Hoy, a pesar de que los riesgos han desaparecido, los pluses continúan. Y continuarán.

“Tanto Policía Nacional como Guardia Civil cobran plus de conflictividad en idéntica cuantía. No se ha barajado suprimirla”. Así de escueta es la respuesta trasladada a Público por fuentes oficiales del ministerio de Interior, que omitieron indicar –pese a lo solicitado por este periódico– qué cantidad de dinero se dedica a esos pluses.

No obstante, fuentes de ambos cuerpos señalaron que el monto actual es de 678,61 euros brutos mensuales en el caso de policías nacionales y de 681 euros a cada guardia civil. Esos pluses suponen una parte importante del salario que perciben los agentes en esta zona.

Teniendo en cuenta el número de miembros de ambas fuerzas en estas comunidades –1.900 policías y 3.607 guardias civiles en Euskadi y Navarra–, el gasto anual en pluses de conflictividad asciende a 44.948.712 euros.

Una auditoría realizada hace algunos meses por Ernst&Young Abogados recomendaba a Interior la “revisión” de esos complementos en función del nuevo escenario abierto en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra tras la desaparición de ETA. Sin embargo, desde Interior transmitieron a Público en su brevísima respuesta que no se ha estudiado suprimirla. No aclararon, en cualquier caso, si podría revisarse el monto, tal como planteaba la auditoría.

Ampliarlo a Catalunya

En ese contexto, las principales asociaciones de la Guardia Civil y Policía Nacional ya se han manifestado en contra de una hipotética supresión de esos pluses, ya que sostiene que a pesar de que ETA ha desaparecido, aún existe una situación de peligrosidad para los integrantes de ambos cuerpos tanto en Euskadi como en Navarra.

De hecho, el objetivo de esas organizaciones es ampliarlo a Catalunya, donde entienden que a día de hoy se vive también una situación de conflictividad que debe ser correspondida con un complemento salarial para los agentes allí destinados.

En una reciente declaración, Independientes de la Guardia Civil (IGC) advertía que “desde los acontecimientos y enfrentamientos sufridos ante la actuación de las Fuerzas de Seguridad para dar cumplimiento a las órdenes judiciales de impedimento del pseudo referéndum del 1 de octubre de 2017”, los miembros de ese cuerpo “han visto sin duda perjudicadas las relaciones sociales con sus convecinos que ven en ellos uno de los obstáculos a salvar para conseguir una hipotética segregación del resto de España".

IGC señalaba incluso que guardias civiles que prestan funciones en Catalunya “se han visto obligados a trasladar a sus hijos y esposa a otras comunidades del Estado”, mientras que en otros casos han tenido que “cambiar a los niños de colegio, e incluso llevarlos a colegios privados, ocultando la profesión del progenitor”. Aquello, señalaba esa asociación, “nos traslada a los años en los que imperaba el terrorismo en el País Vasco y Navarra”.