“Tranquilidad absoluta. No peligra ninguna presencia de España en los campeonatos”. Así se ha dirigido el portavoz del Gobierno a los futboleros que hoy han amanecido con la posibilidad de que la FIFA excluya a la selección nacional del Mundial que se celebrará en Rusia en 2018.

La amenaza llegó en forma de carta a la Federación Española de Fútbol (FEF) y se debe a la supuesta injerencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy en las elecciones a la presidencia de la FEF una vez que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pidió la repetición de las mismas tras conocerse el ‘caso Villar’ y la presunta corrupción en el seno de dicha institución.

Iñigo Méndez de Vigo defendió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “el CSD ha actuado con arreglo a la ley y con total transparencia” al interponer diversas denuncias ante la Fiscalía y constató el “correcto funcionamiento” de la FEF con su actual presidente, Juan Luis Larrea. “Hay una propuesta de anulación de esas elecciones, pero hay que dejar trabajar a los tribunales”, zanjó.

No obstante, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte quiso tranquilizar a los forofos de la selección y aseguró que, si es necesario, mediará para evitar que España quede excluida de ningún tipo de campeonato. “No conozco la carta [de la FIFA a la FEF], pero si se dirigen a nosotros, hablaremos con unos y con otros”, prometió.

En otro orden de cosas, el portavoz gubernamental quiso esclarecer una nueva polémica relacionada con el traslado de los bienes de Sijena. La Generalitat recurrió al juez dicha decisión, lo que en diversos medios se interpretó como un cambio de opinión del propio Méndez de Vigo que habría acatado la primera sentencia para luego volver a pedir un segundo traslado que devolviera las obras de Aragón a Lleida de nuevo.

Sin embargo, el titular de Cultura negó que hubiera sido decisión suya, sino que admitió que dicho recurso lo había interpuesto un funcionario de la Generalitat sin su “conocimiento” ni “consentimiento”. “He pedido que se retire”, anunció Méndez de Vigo, que también esgrimió que “no tiene sentido” al tratarse de una petición para retirar algo que ya ha ocurrido: “Ese recurso se ha interpuesto contra la providencia del juez que autorizaba el uso de la fuerza [de los Mossos] durante el traslado. Es algo que ya ha pasado y no tiene ningún lugar”, argumentó.

No obstante, De Vigo no quiso arremeter contra la desobediencia que dicha actuación supone, ya que, desde la aprobación del artículo 155 de la Constitución es el Gobierno central quien toma las decisiones de la Generalitat. El funcionario que interpuso el recurso “sin conocimiento ni consentimiento” del ministro se habría saltado, por tanto, su autoridad, pero admitirlo supondría admitir, por parte del Ejecutivo, que no todo está “en orden”, como se han encargado de argumentar en campaña. “En todas las administraciones públicas los funcionarios recurren casi todas las providencias de los jueces, por eso no hay que darle más importancia”, zanjó el portavoz, negando que dicho funcionario se hubiera “extralimitado” en sus funciones.

En cualquier caso, De Vigo tiró por la calle de en medio para zanjar el asunto de Sijena. Por un lado, apoyó el actual traslado de los bienes. Por otro, se comprometió a permitir a la Generalitat –esta vez sí con su consentimiento- que interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que solicite la vuelta de las obras de Lleida. Pase lo que pase, concluyó, él cumplirá y acatará “las sentencias judiciales”.