Poca gente sabe que los hilos de la Justicia han sido movidos en los últimos años por un juez y fiscal de carrera amigo de las sombras, tenaz, capaz de impulsar la modernización de los tribunales y, a la vez, de declarar la guerra a su propia asociación profesional porque no sigue sus instrucciones desde el Gobierno. Siempre con una media sonrisa, Fernando Román García (Guadalajara, 1960) gusta de cobrar sus premios, como él también premió a los suyos.

Ahora ha conseguido su premio: Fernando Román ha sido elegido este jueves magistrado del Tribunal Supremo en la plaza de especialista de lo contencioso-administrativo. Era su plaza soñada.

El nombramiento de Román es todo un ejemplo de puerta giratoria que retumba en la carrera judicial desde que se ha difundido esta elección. No en vano Román ha sido secretario de Estado de Justicia, esto es, el número dos de Alberto Ruiz Gallardón entre 2011 y 2014; el cargo magistrado exige 15 años de ejercicio de la especialidad, cuando él sólo tiene 8 años; y ha sido nombrado frente a otra candidata con más mérito: María Asunción Salvo Tambo que es la número dos de la especialidad en toda España, cuando él ocupa el número 33.

Este giro de la puerta ha sido logrado gracias a su amigo Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que es el órgano encargado de elegir a los magistrados del Supremo, que también preside.

El entonces secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, en el campus de la Fundación FAES. E.P.

Más giros. Lesmes fue aupado al poder del CGPJ en 2013 por su amigo Fernando Román cuando era secretario de Estado de Justicia. Y fue difícil conseguirlo porque tenía enfrente otro poderoso candidato, Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal, que era el que partía de favorito en el entorno del PP en el Gobierno.

Otra sorpresa en la puerta giratoria. Fernando Román ha sido elegido para el Supremo cuando ha ejercido como juez poco más de 10 años porque el resto del tiempo de su vida profesional ha estado en excedencia (servicios especiales) aunque la última reforma del PP y el PSOE le cuente como antigüedad. Diez años frente a los 30 que lleva María Asunción Salvo Tambo de ejercicio ininterrumpido.

Román sacó la oposición de juez en 1987, pero al año siguiente solicitó la excedencia para ejercer como fiscal.

Fue fiscal en la Audiencia de Tenerife (1988-1990) y del Tribunal Superior de Justica de Madrid (1990-1993). Sacó después la especialidad en lo contencioso, que ejerció ya como juez de 1993 a 1998. Colgó la toga de nuevo en el año 1999, al ser nombrado letrado del CGPJ (1999-2003). Después fue jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (2004-2011) hasta que saltó al Gobierno de Mariano Rajoy como secretario de Estado de Justicia.

“Si votáis en su contra, es la guerra”. Fernando Román amenazó de esta manera a los vocales conservadores del CGPJ cuando se enteró que iban a retirar su confianza al ahora fallecido Carlos Dívar. Ocuriró en 2012, en plena crisis de los gastos de viajes que sacudió al entonces presidente del órgano de gobierno de los jueces.

Los vocales le desobedecieron y dejaron caer a Dívar, del que Román había sido su jefe de gabinete. Llegó la guerra. Fue entonces cuando el tándem Gallardón-Román encargó a Carlos Lesmes la reforma que limitó el poder del CGPJ para convertirlo casi en una mera dirección general.

Foto de archivo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con su secretario de Estado, Fernando Román. EFE

Gallardón era el político que aparecía ante la opinión pública; Román ejercía en la sombra el poder y movía los hilos de la Justicia.

Lesmes impulsó esta reforma del órgano de gobierno de los jueces, de tal manera que fue convertido en una institución piramidal, con todo el poder concentrado en el presidente y cuyos 20 vocales son elegidos directamente por las Cortes en lugar de que 12 de ellos sean elegidos entre los jueces como establece la Constitución.

Y frente a los impulsos de modernización de la oficina judicial, el tándem dedicó cinco reformas a limitar la autonomía del poder judicial. A reducir la capacidad de los jueces más díscolos respecto a los derechos de los más desfavorecidos en esta crisis, a limitar las instrucciones de los sumarios y a limitar también a las asociaciones judiciales que, como la suya (la Asociación Profesional de la Magistratura) le habían desafiado.

Cuando dimitió Ruiz Gallardón, Román cayó y regresó a la carrera judicial. Fue destinado a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de donde ahora salta hacia el Supremo.

Fiel a los movimientos en las sombras, Lesmes ha hecho lobby a favor de Román entre los vocales del CGPJ pero ha optado por apartarse a la hora de la votación debido a la amistad que les une. Ya intentó nombrarlo magistrado del Supremo en 2016, poco más de un año y siete meses después de que dejara el Gobierno.

Y fiel a esas sombras que siguen a Román, los curriculums de los cuatro candidatos para el cargo no fueron publicados previamente en la web del CGPJ, a pesar de que ha sido recientemente premiada con el galardón de Transparencia Internacional. Ahora, Fernando Román será uno de los magistrados que juzgará los recursos contra los acuerdos del CGPJ.