El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acusado este jueves al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, de haber cuestionado la ley de Seguridad Ciudadana ─conocida como ley mordaza─ aprobada por el Gobierno español sin habérsela leído. 

Según Fernández Díaz la norma va a pasar 'todos los filtros' para garantizar que respeta plenamente los derechos fundamentales como el de reunión y manifestación cuando llegue al Congreso. 'No se ha leído el anteproyecto de ley porque las afirmaciones que ha hecho no se compadecen con lo que dice el anteproyecto de ley. Y yo, con todo respeto, creo que ese señor comisario del Consejo de Europa, antes de criticar una iniciativa legislativa que está en un estado embrionario, lo menos que podría hacer es habérsela leído porque ha hecho afirmaciones que no están contenidas en la ley', ha lamentado el ministro del Interior.

Muiznieks mostró ayer su preocupación y dijo que la propuesta 'es altamente problemática y, si va más allá, lo trataré con las autoridades españolas'. 'surge la cuestión de hasta qué punto este tipo de restricciones son necesarias en una sociedad democrática frente a otros medios de proteger la seguridad de la gente y el orden público sin interferir demasiado en el derecho a reunirse libremente', añadió.

'Me duele como español y me puede preocupar -ha proseguido- que haya personas que estén interesadas en difundir una imagen de España que es todo lo contrario a la realidad', dijo.

'Es una ley que está en estado embrionario, que va a ser remitida ahora al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, a la Agencia Española de Protección de Datos, por tanto que va a pasar por todos los tamices y filtros para garantizar que es una ley, no sólo que respeta y garantiza los derechos fundamentales como el de reunión o manifestación y las libertades públicas, sino que lo hace de una manera ejemplar', ha insistido Fernández Díaz. A su juicio, cuando se presente al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, al haber tenido todos estos dictámenes jurídicos, no quedará 'ninguna duda' sobre 'su plena adecuación a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro ordenamiento constitucional' y sobre 'el pleno respeto a los derechos humanos'.

El ministro del Interior ha sostenido que el derecho de manifestación 'se está ejerciendo con absoluta naturalidad y normalidad' en España y se ha atrevido a decir que cree que 'hay pocos países en el mundo en que ese derecho se ejerza con más asiduidad, con más frecuencia y con más normalidad'.

Según sus datos, en menos de un 1% de las más de 24.000 manifestaciones que se han realizado en España en los dos últimos años la policía ha tenido que utilizar medios de defensa. El ministro no ha contado nada sobre las identificaciones y detenciones aleatorias que se producen durante el desarrollo de las mismas y después.