"Aseguraremos la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras" y "garantizaremos la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo", propone, escuetamente, el programa electoral del PP para el 23J.

El programa de los conservadores incluye varias escuetas, y en ocasiones ambiguas, referencias al sistema de prestaciones públicas, una escasez que convive con cierto grado de contradicción en los planteamientos y algunas omisiones en aspectos fundamentales.

¿Qué es lo que propone el PP en este ámbito del Estado que afecta directamente a los 10,6 millones de beneficiarios y en diferido a los casi 21 de cotizantes y cuya gestión abarca más de un tercio del gasto público (204.000 millones de 581.000)?

En la genérica alusión inicial, el PP elude aclarar si la garantía de revalorización "en el marco del Pacto de Toledo" remite a la intención de llevar una nueva propuesta o al compromiso de mantener el actual sistema vinculado a la medida del IPC interanual de los doce meses del año anterior

Además, junto a esta alusión, los conservadores incluyen una referencia a la obligación del Estado de "acompañar a los españoles a lo largo de toda su vida (...) hasta la jubilación, sostenida con pensiones dignas", aunque sin mayor desarrollo del concepto.

Rescatar las mutualidades e instaurar la ‘mochila austriaca’

El programa electoral de los conservadores incluye en los pasajes que dedica al sistema de pensiones públicas varios enunciados que, vistos de manera conjunta, se transforman en una contradicción de calado.

En este sentido, el PP mantiene que "impulsaremos la contributividad del sistema" en el mismo párrafo en el que plantea que "analizaremos la situación de los mutualistas alternativos en aras a promover junto a las mutualidades unas condiciones de jubilación dignas" y uno antes de apostar por la mochila austriaca.

Las mutualidades son sistemas privados de previsión en los que medio millón de trabajadores de sectores de elevada remuneración, como abogados, médicos y deportistas profesionales, van ingresando a lo largo de su vida laboral un dinero que esperan recibir aumentado al retirarse, y en el que otro millón y medio de trabajadores, la mitad de ellos en Euskadi, prepara un complemento para su pensión pública.

La versión popular de la mochila austriaca consistiría en introducir en el sistema de cotizaciones "cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad" y que "se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan".

Eso sería abrir una puerta a sistemas particulares de cotización con los que, según plantea, se segregaría al menos una parte de las actuales aportaciones empresariales a la Seguridad Social para dar lugar a esas cuentas individuales de cuya portabilidad no se da, por otro lado, más detalles.

¿Más contribuir y más bonificar?

Esos dos puntos no parecen acabar de sintonizar con la promesa del impulso de "la contributividad", un palabro que se refiere al principio de capacidad contributiva, el cual define "la aptitud de una persona de ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias en tanto es llamada a financiar el gasto público por la revelación de manifestaciones de riqueza (capacidad económica) que, ponderadas por la política legislativa, son elevadas al rango de categoría imponible".

El programa electoral del PP entremezcla el refuerzo de la aplicación de ese principio, es decir, el de fomentar la aportación de los trabajadores y empresas y alinearlas con las posteriores prestaciones, con la promoción de sistemas privados, algo a lo que añaden una serie de anuncios de posibles rebajas.

En este sentido, el documento enumera la posibilidad de aplicar "bonificaciones de las cotizaciones en sectores masculinizados" para la contratación de mujeres, en "la cuota de la seguridad social a cargo del empleador durante los permisos de nacimiento de hijo" y para "aquellos trabajadores que amplíen sus horas laborales" mientras cobran el IMV (Ingreso Mínimo Vital).

Junto con esto, plantean la posibilidad de permitir "el acceso a la formación [profesional] bonificada a través de las cotizaciones sociales", lo que sería una cuarta vía de rebajas.

El programa de los conservadores incluye una referencia a permitir, "en los porcentajes que se determinen, la compatibilidad de las pensiones de discapacidad con el empleo", lo que no dejaría de ser abrir una vía de ingresos para el sistema.

Las pensiones no contributivas y la auditoría no aparecen

La ambigüedad y las contradicciones programáticas se combinan con la omisión de cualquier referencia a dos aspectos fundamentales del sistema de pensiones.

Uno es el de las no contributivas, que perciben 444.536 personas (267.096 de jubilación y 177.443 de invalidez) y que el año pasado sumaron una factura anual de 2.957 millones de euros.

De ellas, gestionadas por el Imserso al margen de la Seguridad Social, depende la subsistencia de unos perceptores que reciben ayudas de menos de 600 euros mensuales tras no haber llegado su carrera de cotizaciones a los mínimos para acceder a la prestación contributiva.

El otro asunto del que no hay rastro en el programa de Alberto Núñez Feijóo es la auditoría de la deuda de la Seguridad Social que el Estado se comprometió a tener lista antes de agosto del año pasado y por la que, en cualquier caso, ningún grupo parlamentario ha mostrado mayor preocupación en los últimos meses.

El chequeo de las cuentas, incluido en la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y cuya realización ha provocado serias tensiones entre los ministerios de Inclusión y de Hacienda, tiene su origen en el informe del Tribunal de Cuentas  que cifra en 103.690 millones de euros la financiación que la Seguridad Social había aportado al resto de administraciones entre 1967 y 2018 para cubrir conceptos no contributivos, desde sanitarios hasta permisos laborales.

Su devolución reduciría a menos de 3.000 millones de euros una deuda de la Seguridad Social, que en abril ascendía a 106.170 millones, y neutralizaría los mantras que tradicionalmente emiten foros y organizaciones críticos con el sistema público de pensiones en una fase de récord de las cotizaciones por los niveles históricos de empleo y de estabilidad laboral.

En el programa de los populares, por último, no hay tampoco ninguna alusión al tratamiento fiscal de las aportaciones a los planes de pensiones privados, el recorte de cuya reducción en el IRPF de 8.000 a 1.500 euros en dos años ha desplomado las aportaciones y ha hecho que las prestaciones comiencen a superar en cuantía a los ingresos.

Vox aboga por rebajas para los pensionistas más pudientes

El programa de Vox, el partido de ultraderecha al que el PP ha fiado cualquier eventual acceso al poder de ámbito autonómico y estatal, también incluye algunas referencias a las pensiones, entre ellas una que propone dejar las contributivas "exentas de IRPF por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral".

Esta propuesta tiene una clara orientación elitista, ya que únicamente reportaría beneficios a los cerca de tres millones de pensionistas que ingresan más de 1.571 euros brutos mensuales: en España no es necesario liquidar el IRPF cuando al cabo del año se ha cobrado menos de 22.000 euros anuales de un solo pagador o menos de 14.000 de más de uno, niveles que no alcanzan, respectivamente, siete y cinco de los 10,1 millones de perceptores de pensiones contributivas.

Las propuestas de la ultraderecha contemplan también una "reducción de las cotizaciones" del 100% el primer año y del 50% el segundo "a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida", algo que adquiere cierto aire de bicoca cuando la reforma laboral ha logrado fomentar esa contratación estable para empleados de cualquier origen geográfico sin ningún tipo de rebaja contributiva.

No obstante, el núcleo del discurso de Vox sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se apoya en dos patas ajenas a este: "el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico que asola nuestra nación", un concepto sobre el que no se extiende, y, por otro lado y en línea con sus planteamientos jacobinos, desmontar "el sistema autonómico" y achicar las administraciones.