En la semana de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la DANA, de la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE de Madrid, de la resaca de la declaración voluntaria de Javier Aldama, comisionista de la trama Koldo, en la Audiencia Nacional, y del Congreso Federal de los socialistas en Sevilla, Alberto Núñez Feijóo ha azuzado la bronca política, sí, pero no solo. El líder de la oposición arrancó la semana con UGT en Barcelona y la cerró con directivos de empresas en A Coruña. Y en ambos escenarios reivindicó el diálogo social. Feijóo no quiere quedarse fuera de los debates y los acuerdos en materia laboral y hace caso a un sector del partido que le pide no dejar de hablar de la cuestiones materiales que atraviesan la sociedad.

Así, este lunes se convirtió en el primer presidente nacional del PP que participa en un congreso confederal del sindicato UGT. Un dato que él mismo exprimió en su intervención. "Pudiera parecer que, para mí, estar en un congreso de UGT es jugar fuera de casa. Yo no concibo España así", les dijo. Incluso bromeó con el hecho de que "la mayoría" de los allí presentes no le votaron y por eso no pudo ser presidente del Gobierno ni, como consecuencia, firmar ningún acuerdo con el sindicato. Feijóo estaba cómodo en un foro para el que no pasó desapercibida su presencia.

"Es verdad que aún no puede firmar acuerdos, pero estaría bien que, en el próximo medio año, un voto a favor o una abstención con la reducción de la jornada de trabajo no nos iría nada mal", le pidió en público el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros. "¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral?", le espetó Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno.

El Ejecutivo ha iniciado hace más de una semana el trámite formal para aprobar el anteproyecto de ley que recoge la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. Después de once meses de negociación, el Ministerio de Trabajo dio por clausurada sin acuerdo la mesa de diálogo social con los sindicatos y la patronal, de modo que los representantes de los empresarios se descuelgan de la norma. El PP, que puso sobre la mesa la semana de cuatro días, que consistía en trabajar las mismas horas pero menos días a la semana y más horas al día, ya ha avanzado que solo apoyará las medidas que generen consenso.

"Pido a los agentes económicos que no abandonen las mesas de diálogo social y que esas mesas de diálogo social hagan todos los esfuerzos necesarios para enfocarse en la productividad de nuestras empresas", dijo este jueves Feijóo en el congreso de directivos de CEDE en A Coruña.

Feijóo se comprometió a apoyar la reforma de las pensiones

Y siguiendo esta lógica que le alinea con la patronal, Feijóo está dispuesto a apoyar la última reforma de las pensiones. Así lo reveló Pepe Álvarez este lunes: "Quiero agradecerle al PP que, más allá de otras cuestiones, en relación con esta materia se haya comprometido con que efectivamente le va a dar soporte al último acuerdo en pensiones".

Aunque la dirección nacional del partido no quiere confirmar este extremo, fuentes sindicales también confirman a Público que Feijóo garantizó a Álvarez e Unai Sordo en las reuniones que mantuvo con ambos el pasado mes de octubre que si el texto llevaba al Congreso igual que había salido de la mesa de diálogo social, lo "respetaría".

Esos encuentros fueron una declaración de intenciones más de Feijóo hacia los sindicatos después de la ruptura de los gobiernos autonómicos con Vox. El paso de la extrema derecha —que lleva en su programa electoral retirar las subvenciones a sindicatos y patronal— por los ejecutivos regionales debilitó el diálogo social y colocó al PP en una posición incómoda. Tanto es así que los populares, ya en solitario, no tardaron en intentar reconstruir puentes.

El caso más evidente es el de Castilla y León, donde Vox ahogó el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) llevando a mínimos su financiación y donde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco buscó el acercamiento a los representantes de los trabajadores y las empresas solo ocho días después de la salida de la extrema derecha. En septiembre, Mañueco, y los agentes del diálogo social rubricaron cuatro acuerdos en materia de vivienda, educación, dependencia y transición justa para los que la Junta va a movilizar 980 millones de euros.

En el PP "pesa", así lo reconocen fuentes del partido, el miedo a que la imagen de "partido gestor" que quieren proyectar fuese arrastrada por Vox en sus gobiernos de coalición. Del mismo modo, ansían ser una formación con sensibilidad "social". En este punto, distintos dirigentes del PP recalcan la especial "obsesión" de Feijóo por salvaguardar esa esencia de líder de derechas moderado que se ha ido diluyendo en Madrid.

Propuestas sociales

También por eso Génova ha dado una importancia capital a su ley de conciliación y corresponsabilidad familiar. Una propuesta que han definido como la "más ambiciosa de la democracia" en este ámbito y que contiene medidas como la gratuidad universal de las escuelas de 0 a 3 años —algo que Feijóo ya implantó en Galicia y que llevó en su programa para las generales– y otras relacionadas con los permisos de maternidad y paternidad. El mismo partido que recurrió en 2019 ante el Tribunal Constitucional la ampliación del permiso de paternidad para equipararlo al de maternidad, quiere ahora aumentarlo de 16 semanas a 20 —algo que Sumar también pretende impulsar en el seno del Gobierno—y eliminar la obligatoriedad de las primeras seis semanas simultáneas para madres y padres. Feijóo pidió a UGT que apoyase la ley para meter presión al Gobierno.

Vox, dispuesto a crecer a costa del descontento social y a capitalizar su salida de los gobiernos autonómicos, se ha lanzado ya contra los guiños del presidente del PP hacia los sindicatos.