El favorito a presidir la sala de lo penal del Supremo pretende una buena relación con el TC

Si algo caracteriza a Manuel Marchena Gómez (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es su alta capacidad como jurista unida a una tendencia a exhibir plumaje intelectual en las ocasiones importantes. Y ésta lo era: los tres candidatos a presidir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo exponían este jueves sus programas ante los miembros del Consejo General del Poder Judicial que deberán votarlos.

Marchena ha aprovechado la ocasión para sacar músculo curricular, con una larga exposición ante los vocales de órgano de gobierno de los jueces de sus méritos académicos, estudios, sentencias, conferencias... Matrícula de honor en su licenciatura por la Universidad de Deusto, cum laude en el doctorado en la Universidad de La Laguna, magistrado en ejercicio, profesor a tiempo parcial... hasta que ya entró en la materia de detallar su programa de "gobierno" de la Sala de lo Penal.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está llamada a juzgar, entre otros, las causas abiertas contra los aforados con más responsabilidad pública. Esto es, el rey Felipe VI y su familia, el presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y senadores...

Manuel Marchena, fiscal de carrera, es el candidato favorito por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también fiscal de carrera. Por lo tanto, es el candidato del Gobierno del PP para presidir la sala que juzgará los casos de corrupción relacionados con el PP o sus diputados y senadores, como puede ser el caso Gürtel o el caso Bárcenas.

Marchena parte como favorito para ser elegido por mayoría simple del pleno del CGPJ. Desde la reforma de Gallardón, los 20 vocales del Consejo son elegidos directamente por el Parlamento, de mayoría del PP. Y designan a los jueces del Supremo que juzgan a los parlamentarios.

Marchena parte como favorito para ser elegido por mayoría simple del pleno del CGPJ

También cuenta con el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, Marchena presidió la comisión nombrada por el ministerio de Justicia para elaborar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluye medidas "mordaza" que limitan el acceso de la información a los periodistas en las causas que se instruyen. La reforma parece que no va a prosperar en esta legislatura.

Está previsto que el CGPJ vote al nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Supremo en el pleno del 30 de septiembre. Es muy posible que la mayoría conservadora del Consejo se decante por Marchena y orille al también conservador Miguel Colmenero.

Colmenero es un magistrado de dilatada trayectoria profesional, avalado por sentencias sólidas pero con un "defecto": está vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura "y no es de los que se arrastran ante el poder", reconocen en fuentes judiciales.

Gallardón no perdona. Y la asociación de Colmenero fue clave en la caída de Carlos Dívar como presidente del CGPJ tras el escándalo alimentado por sus viajes privados. "Es la guerra", dijeron desde San Bernardo, la sede del ministerio, cuando esta asociación provocó la caída de Dívar.

La mayoría conservadora del Consejo, además, tendría que concentrar su voto en uno de los dos candidatos porque los progresistas presentan a un candidato sólido, único e incuestionable: Cándido Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala, ex fiscal general del Estado, con más de un millar de sentencias del Supremo a sus espaldas y que ha hecho una exposición detallada de su programa de "gobierno".

Una "fidelidad existencial a la pluma estilográfica"

 Los tres candidatos presentaron sus propuestas ante el Consejo y han coincidido en la necesidad de introducir medidas para agilizar la tramitación de los asuntos, en especial de los casos de corrupción y las causas con preso, así como para mejorar los procesos sobre aforados.

Marchena defendió que el Supremo fomente una relación institucional "más estable" con el Tribunal Constitucional.  Es bien sabido el pulso que mantienen el Supremo y el Constitucional a causa de que el segundo tiende a convertirse en una especie de instancia de revisión de las resoluciones del primero.

Por ello, sus palabras en las que prometía una relación estable sonaron a mensaje de profundo calado político. Marchena defiende realizar jornadas y seminarios entre el Supremo y el Constitucional, basados en reflexiones sobre asuntos abstractos -sin descender a casos concretos- para compartir un enfoque técnico y que ambos organismos se entiendan mejor entre sí.

También propugnó que el Supremo admita y estudie los casos más graves para que "el condenado a 15 o 20 años de prisión no espere en la soledad de su celda una respuesta del Tribunal Supremo".

Marchena reclamó que los magistrados tengan un "contacto directo, cotidiano y puntual" de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que deberían recibir una traducción nada más dictarse sentencias relevantes. También cree conveniente que reciban todos los acuerdos de las juntas de jueces de las Audiencias sobre asuntos novedosos que llegan a los tribunales.

"Hay en muchos casos una fidelidad existencial a la pluma estilográfica" entre los magistrados, resaltó Marchena respecto a sus propios compañeros. Y aunque ha considerado "incuestionable la calidad de la pluma estilográfica", ha sugerido "facilitar el tránsito" con "cursos personalizados": "no hay obstáculo generacional para facilitar esa transición y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías".

A su vez, Cándido Conde-Pumpido expuso todo un proyecto de reforma de la Sala de lo Penal basada en quince puntos de los que destacan reformas dirigidas a evitar que los magistrados encargados de admitir causas con aforados no sean los mismos que les juzguen.

Para el exfiscal general, que ya ha cumplido 40 años ejerciendo como juez, casi veinte de ellos en el alto tribunal, lo más importante es mejorar la seguridad jurídica del Supremo. Por este motivo,propone crear una sala de coordinación y un grupo de trabajo dentro del gabinete técnico del tribunal que detecte contradicciones en la jurisprudencia.

Además, propone un nuevo sistema de reparto para mejorar el enjuiciamiento a aforados, y promover relaciones con la universidad, los tribunales internacionales y organismos como Eurojust, que es el germen de la futura Fiscalía Europea.

Finalmente, Conde-Pumpido recordó el papel que puede cumplir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la hora de impulsarreformas procesales y citó como necesarias la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para introducir el modelo de fiscal instructor, el establecimiento de la doble instancia judicial y el aumento del catálogo de delitos sobre el que estos magistrados pueden pronunciarse en casación.

Por su parte, Miguel Colmenero abogó por reducir a la mitad el tiempo de espera para resolver los recursos de casación que llegan sobre casos de corrupción, pasando de un año a seis meses. En su opinión, es también "excesivo" el plazo en que se dirimen sobreseimientos libres o la Sala Segunda acuerda celebrar nuevos juicios o valorar nuevas pruebas.

Colmenero dedicó parte de su programa a apostar por mejorar la imagen de los jueces y que sus decisiones no sean presentadas en ocasiones "como absurdas y esperpénticas". Defiende mejorar la "transparencia y la buena comunicación" para que la ciudadanía "cambie la percepción que tiene de la Justicia" y sea consciente de las beneficiosas decisiones que adopta el Supremo en la protección de sus derechos. "Tenemos una bastante mala prensa", destacó.

Colmenero subrayó que una de las líneas de su programa de actuación reside en que la Sala Segunda sea "más abierta a las corrientes europeas", incorpore ese acervo común y no esté "tan dedicada al derecho que se realiza desde perspectivas más internas". A su juicio, podría también emitir un boletín semanal o quincenal con sus decisiones más relevantes, así como las del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la cohesión en la sala.