Las familias, asociaciones de memoria e instituciones públicas han conseguido recuperar desde el año 2000 hasta el 2018 un total de 9.009 cuerpos de las fosas comunes en 743 exhumaciones realizadas en todo el Estado. La inmensa mayoría de los cuerpos recuperados (el 89%) pertenecen a población civil y, por tanto, no participaban en ningún ejército ni acción de guerra en el momento de ser ejecutados por el franquismo y lanzados a una fosa común. 

Así se desprende de la monumental investigación de la nueva doctora en Historia de la Universidad del País Vasco Lourdes Herrasti en su tesis doctoral titulada Arqueología de la Memoria: el método arqueológico aplicado a la historia reciente. La investigación consiste en un exhaustivo análisis de las 743 exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y de la dictadura realizadas en España hasta el año 2018. El inicio de la investigación lo marca el año 2000, fecha en la que se produjo la primera exhumación con metodología científica homologada a nivel internacional, en la conocida como fosa de 'Los trece de Priaranza del Bierzo', en León.

"El auto de Garzón señala que en España hay alrededor de 114.000 personas enterradas desconocidas. En estos años de mucho trabajo y de esfuerzo se han conseguido recuperar los restos de más de 9.000 personas. Esto nos permite hacer una idea de la dimensión de los crímenes del franquismo y de lo lejos que estamos de poder encontrar a todos los enterrados en fosas comunes", explica Herrasti a Público. Así, Herrasti también considera que ya no estamos a tiempo de recuperar todos los cuerpos ya que muchas fosas se han destruido con el paso del tiempo, bien por obras o porque están en cementerios que han reutilizado zonas, o porque las únicas personas capaces de identificar el lugar exacto ya han fallecido.

La mayoría: trabajadores del campo

Los datos de la investigación de Herrasti también permiten comprobar que las profesiones mayoritarias entre las víctimas que han sido identificadas son las relacionados con el trabajo en el campo: campesinos, jornaleros y agosteros. No obstante, Herrasti explica también que hay un número considerable de víctimas que ejercían profesiones liberales y que muchas de ellas comparten un mismo denominador común: su militancia en partidos políticos, sindicatos u organizaciones vinculadas a una ideología de izquierdas.

Otros estudios y bases de datos cruzadas, a menor escala, ya habían avanzado el dato que Herrasti ahora confirma. La matanza fundacional del franquismo afectó muy especialmente a los trabajadores del campo. La base de datos ‘Todos los nombres', que recoge información de las víctimas de Andalucía, Extremadura y norte de África ya mostraba que la mayoría de los trabajadores represaliados "podrían agruparse bajo el título de campo", tal y como explicaba un reportaje de eldiario.es de Juanmi Barquero. También el proyecto La Memoria Recuperada, alojado en la web de la Universidad de Alicante, muestra  cómo las profesiones que más se repiten, con un amplio margen de diferencia entre las personas represaliadas en la Comunidad Valenciana, son las de agricultor y jornalero.

La fosa de los Trece de Priaranza que prendió la Memoria

La investigación de Lourdes Herrasti arranca en la exhumación de la fosa conocida como 'Los trece Priaranza'. Era el mes de octubre del año 2000 cuando un grupo de familiares de represaliados impulsó y organizó la primera exhumación con metodología científica homologable a nivel internacional. Uno de aquellos familiares, el nieto de Emilio Silva Faba, es hoy el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, uno de los principales motores de la exhumación de fosas en España. 

 "Interviú se hizo eco de la exhumación y comenzamos a recibir llamadas y cartas de gente que también quería encontrar a sus familiares, así que decidimos seguir trabajando. Se nos fueron sumando cientos de voluntarios que hicieron posible cada exhumación. Si no recuerdo mal hemos tenido más de mil voluntarios de alrededor de unas 20 nacionalidades", explica Emilio Silva, que incide en que su labor nunca hubiese sido posible sin el impulso y deseo de cientos de familiares, de voluntarios que han llevado a cabo su trabajo con la máxima profesionalidad y sin la desinteresada ayuda de, por ejemplo, un sindicato de electricistas noruego. 

Al impulso de la ARMH se unieron el de otras otras muchas asociaciones como Aranzadi y diferentes asociaciones de memoria vinculadas a sus propios territorios. Con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, llegaron las primeras subvenciones a las exhumaciones. Sin embargo, estas subvenciones fueron eliminadas por el Gobierno de Rajoy, que dejó a cero el presupuesto para la Memoria. Otras instituciones y gobiernos autonómicos como el de Euskadi o Navarra y diputaciones como la València, Cádiz o Sevilla también han participado de manera activa en la búsqueda de los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil. 

El Gobierno ha anunciado recientemente que en septiembre saldrán unas convocatorias públicas de subvenciones para ayudar a las exhumaciones de alrededor de 450.000 euros. Anteriormente, ya se había comprometido a la reforma de la Ley de Memoria Histórica y realizar un Plan de Fosas que permita financiar con fondos públicos la recuperación de los cuerpos represaliados de la Guerra Civil. En este sentido, Emilio Silva, de la ARMH, se ha mostrado crítico por la decisión tanto por la cuantía como por el modelo: "Nosotros llevamos 20 años diciendo lo mismo. Desde el primer día. Tiene que ser el Estado el que se ocupe directamente de la exhumación de las víctimas y no a través de un sistema de subvenciones. Es un derecho y lo tiene que garantizar el Estado".