"No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales". El exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, ha rechazado este miércoles que el organismo público-privado que dirigió hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a finales de octubre de 2017, costease misiones de observación del referéndum soberanista del 1 de octubre de ese mismo año.

En su declaración como testigo ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, responsable de enjuiciar el procés, Royo se ha esforzado por marcar distancias entre el Diplocat y la Generalitat, y ha reconocido que sí pagaron más de 40.000 euros en concepto de vuelos y estancias en hoteles de lujo a "visitantes internacionales".

En respuesta a la fiscal Consuelo Madrigal, el exsecretario general de este organismo ha incidido en que los beneficiarios de esos pagos no estaban en una misión "de observación internacional", sino que "era un programa de visitantes internacionales", un tipo de visita "habitual". "La hacíamos casi cada mes", argumentaba, si bien su estancia en Catalunya coincidió con el referéndum del 1-O. Concretamente, tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

"Ellos querían estar en esas fechas en Catalunya para saber lo que sucedía", reconocía, incidiendo en que este tipo de visitas se dieron también coincidiendo con otros "hechos noticiables", como "la apertura de las fosas de la Guerra Civil" -en junio de 2017-, o "por Sant Jordi". "Nadie vino expresamente para el 1 de octubre", aseguraba a la abogada del Estado, Rosa María Seoane.  

Además, a preguntas de la abogada Judith Gené, letrada de Meritxell Borrás, Royo ha abundado en que esta misión en concreto, en la que participaron varios parlamentarios extranjeros, no fue "una misión de observación electoral". Estas misiones, incidía, suele costearlas una organización "que no tiene nada que ver con el territorio donde se vota".

En esta línea, Royo ha reconocido que pagaron por adelantado a "un grupo de expertos", para la elaboración de "un análisis académico" sobre las relaciones entre Catalunya y España, si bien finalmente estos devolvieron el pago, ya que no podían asistir en las fechas previas al referéndum. 

Según uno de los informes aportados a la causa del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la Generalitat gastó 217.656 euros en pagos relacionados con los observadores, cubriendo además su estancia en Catalunya. Los pagos se habrían realizado desde una cuenta de la representación de la Generalitat en la UE.

Parte de ellos, por un importe de 119.000 euros, correspondería a dos transferencias realizadas por esta delegación de la Generalitat a la sociedad The Hague Centre for Strategic Studies, responsable de enviar a los observadores el 1-O. Y aquí Royo se mostraba tajante: "Diplocat no ha abonado servicios  a The Hague Centre for Strategic Studies". "Somos un consorcio distinto a la Generalitat, no tenemos nada que ver con esto", apostillaba.

Royo es funcionario de la Comisión Europea, y ha querido responder a las preguntas de todas las partes, a pesar de estar siendo investigado por el Juzgado 13, en otra de las causas relacionadas con el procés .

Su declaración ha puesto fin a la 16 sesión, en la que sólo ha intervenido otro testigo, Jaume Mestre, responsable de Difusió Institucional de la Generalitat -el mismo al que el fiscal Jaime Moreno ha pedido investigar por falso testimonio. Para la sesión de tarde había otros dos testigos citados, dos observadores internacionales, que finalmente declararán el 27 de marzo, ya que habían avisado al Supremo de que este miércoles no podían asistir al juicio.

"Diplocat no organizó ningún referéndum"

En su declaración, Royo ha hecho lo posible por marcar distancias entre la organización que dirigió durante cuatro años y la Generalitat, que sí se refirió a estos "visitantes internacionales" como "observadores". No hay ninguna vinculación jerárquica, insistía, entre la Generalitat y Diplocat, y desde luego esta organización no tuvo nada que ver con el referéndum del 1-O: "Diplocat no organizó ningún referéndum, ni estuvo relacionado con la organización de ningún referéndum", esgrimía. 

Durante todo el interrogatorio, en el que no han faltado momentos de tensión con la fiscal Madrigal, el exsecretario general de Diplocat ha insistido en denunciar la "confusión" reinante en distintos atestados policiales y en medios de comunicación, que relacionan la Consellería que presidía Romeva con Diplocat. 
"No teníamos que ver con lo que hacía la Consellería del señor Romeva". "Son cosas distintas", sostenía. 

El Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) fue, según el escrito de acusación de la Fiscalía, "una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal", y el 1-O "contrató a una serie de expertos", los observadores, para "dar una apariencia de normalidad a la votación". Royo ha defendido la "autonomía" de este organismo, si bien ha reconocido que entre el 85% y el 90% del total de su presupuesto venía de las arcas de la Generalitat. "Nosotros no éramos ningún Ministerio de Exteriores ni nada", zanjaba.