¿A cuánto asciende la merma de ingresos que el exilio fiscal del rey emérito, Juan Carlos I, ha provocado en la Hacienda pública española? Resulta difícil de determinar, coinciden en señalar fuentes tributarias, que también muestran consenso en indicar que, en todo caso, esa factura resultaría millonaria.

La pregunta, una de las muchas que el emérito sigue sin responder a los ciudadanos españoles, cobra vigencia de nuevo esta semana con su regreso al país para, tal y como ya hiciera en junio del año pasado, visitar Sanxenxo (Pontevedra) coincidiendo con la celebración de unas regatas.

La del evento marinero no es la única coincidencia temporal que va a darse con la visita. De hecho, hay otra que resulta llamativa y, posiblemente, molesta o cuando menos incómoda tanto para la Zarzuela como para el Ministerio de Hacienda: Juan Carlos I ha elegido para regresar a España la fase inicial de la primera campaña de la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) en la que no va a participar como contribuyente español desde la instauración de ese tributo en 1978, que comenzó el pasado 11 de abril.

En ella, según las estimaciones de la Agencia Tributaria, van a participar 22,89 millones de ciudadanos, de los que a casi catorce les va a salir a devolver, es decir, a los que el fisco devolverá (sin intereses) lo que les cobró de más como adelanto o retención a lo largo del año pasado.

¿Español, emiratí, ambas cosas o ninguna de ellas?

Entre ellos no se encontrará Juan Carlos de Borbón, que a primeros de enero de este año comunicó a la Agencia Tributaria que trasladaba su residencia fiscal a Abu Dabi, una maniobra tributaria que también genera algunas incógnitas: ¿por qué lo hace ahora y no para los ejercicios de 2021 y 2022, en los que, cuando menos oficialmente, ya residía en ese emirato, al que llegó en agosto de 2020?

Aunque no es la única. Hay algunas más referentes a su el emérito cumple, más allá de pernoctar un mínimo de 183 días en Abu Dabi, las condiciones que la legislación exige para ser considerado residente fiscal de aquel país, algo que le permitiría eludir la obligación de liquidar el IRPF en España.

El convenio de doble imposición entre ambos Estados restringe la posibilidad de aprovechar ese beneficio fiscal a "las personas físicas domiciliadas en los Emiratos Árabes Unidos y que sean nacionales de los Emiratos Árabes Unidos", algo que, en el caso de Juan Carlos I, conllevaría la renuncia a la nacionalidad española o, en su caso, la adopción de la doble nacionalidad junto con la emiratí.

El documento establece otros varias fórmulas objetivas para dirimir los casos de duda en función de dónde tiene el afectado "una vivienda permanente a su disposición", en cual de los dos países mantiene "relaciones personales y económicas más estrechas", donde vive "habitualmente" o de dónde es "nacional" (exige serlo siempre del arábigo), mientras que si lo fuera "de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos", la duda debería ser despejada por "las autoridades competentes" de España y Abu Dabi "de común acuerdo".

Las filtraciones sobre ese exilio fiscal tampoco aclaran otra de las incógnitas, que es la referente a si esa expatriación tributaria afecta a los impuestos devengados en 2022, que son los que se liquidan ahora, o comienza a aplicarse para los de 2023.

Regularizó rentas ocultas de más de dos millones anuales

La segunda de esas dos opciones sería la más favorable para los intereses del fisco español, que perdería con ese exilio tributario a uno de sus contribuyentes destacados.

El volumen de negocios de Juan Carlos de Borbón en España es de tal magnitud que su primera regularización, la de 678.393,72 euros de diciembre de 2020, respondería a no haber tributado por un mínimo de 875.000 euros de ingresos o 1,2 de aumento de patrimonio en un máximo de cuatro años, mientras que las segundas, que sumaron 4,4 millones en tres bloques en febrero de 2021, se refieren al disfrute de rentas no declaradas por ocho millones de euros.

De haberse mantenido de manera estable, ese nivel de rentas, de un mínimo de 200.000 euros anuales por un lado y de dos millones por otro, daría lugar por sí solo a una factura fiscal de más de un millón anual, señalan fuentes tributarias, quienes matizan que, no obstante, la estimación no sería aplicable si se tratara de rentas de carácter extraordinario que únicamente fueron generadas en esos ejercicios pero no en otros anteriores ni posteriores a los regularizados.

La segunda de esas regularizaciones supuso el 0,58% de los 754 millones de euros que la Agencia Tributaria ingresó ese año por la vía de las "autoliquidaciones extemporáneas", utilizada tanto para remediar olvidos de poca monta por parte de los ciudadanos medios como para evitar acusaciones de fraude fiscal por aquellos cuyos impagos superan los 120.000 euros en un ejercicio. Un año antes, el fisco ingresaba 676.

El patrimonio, el nuevo impuesto y el exilio fiscal

Sin embargo, resulta imposible estimar cuál es la merma tributaria que sufrirá Hacienda como consecuencia del exilio fiscal de Juan Carlos I, ya que lo que se conoce es lo aflorado como consecuencia de esas regularizaciones previas al archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía General del Estado para determinar si había cometido o no un delito de fraude.

Distintas informaciones de prensa le atribuyen la propiedad de una cartera inversiones de entre siete y trece millones de euros en acciones de las principales multinacionales españolas, la mayoría de ellas gestionadas por la Fundación Zagatka, cifras a las que se suma la recepción de transferencias anónimas en sus cuentas o episodios como las invitaciones a cacerías de ‘alto standing’.

Una investigación de The New York Times atribuía en 2012 al entonces jefe del Estado una fortuna de 2.300 millones de dólares (1.800 de euros en aquellas fechas), el grueso de la misma procedente de una intensa actividad como comisionista, tal y como fue desvelando esta serie de investigación de Publico.

Esa fortuna, explican las fuentes consultadas, "debería tributar en España si el centro de sus intereses está en España", tal y como ocurre con las compañías filiales de las multinacionales de matriz española.

Este año ha entrado en vigor en España un impuesto específico para las grandes fortunas que grava con un 3,5% anual la posesión de patrimonios de más de diez millones de euros. Juan Carlos I no llegará a figurar en su nómina de contribuyentes si finalmente la Agencia Tributaria acepta su exilio fiscal.