Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, ha desmentido de manera "radical y rotunda" haber informado a Koldo García, el principal investigado en el caso relacionado con el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19, sobre la supuesta investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaría llevando a cabo en su contra.

Marcos ha comparecido este lunes por videoconferencia ante la Comisión de Investigación del Senado. Cabe recordar que, tras su cese en el cargo el 17 de septiembre de este año, fue designado consejero de Información en la Embajada de España en Estados Unidos.

"En mis 44 años de servicio público, siempre he dicho la verdad", ha insistido Marcos, quien ha afirmado no conocer a García, asegurando que nunca lo ha visto ni ha mantenido reuniones o conversaciones con él a través de WhatsApp, Telegram o correos electrónicos. Además, ha señalado que, en su calidad de director de la Guardia Civil, no tenía obligación de estar al tanto de las investigaciones.

Un informe de la UCO indica que García llegó a afirmar que fue Marcos quien le alertó sobre su investigación. Sin embargo, el documento aclaratorio que en el transcurso de la instrucción de la causa no se han encontrado indicios de respaldo.

Marcos ha admitido que no ha leído el informe de la UCO, ya que tiene la costumbre de no revisar "lo que no le corresponde". No obstante, ha asegurado haber visto lo publicado en la prensa. Según él, de esta manera "fácilmente pueden concluir que eso (el chivatazo) es falso".

Marcos niega conocer a Villalba

El exdirector ha afirmado que entre las responsabilidades del máximo responsable de la Guardia Civil no se encuentra el conocer los "pormenores" de las numerosas investigaciones en curso. En este sentido, ha negado tener conocimiento de que en el caso Koldo estuvieran siendo investigados el comandante Rubén Villalba, quien fue citado esta tarde en la Comisión, y el subteniente José Luis Rodríguez.

Marcos ha asegurado que tuvo conocimiento de la situación cuando la unidad a la que estaba asignada Villalba, la de Información, lo comunicó a la dirección, lo que dio lugar a la apertura de un expediente. Además, ha negado conocer a Villalba y ha señalado que solo tuvo conocimiento de su existencia cuando lo suspendió de funciones al enterarse de que podría estar implicado en irregularidades.

Asimismo, ha afirmado que no tuvo ninguna participación en el traslado de Villalba a un puesto en la embajada de Venezuela, aclarando que el comandante llegó a ese cargo tras un proceso de selección que concluyó con la decisión final de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Durante un intenso interrogatorio por parte de la senadora del PP, Ana Beltrán, el exdirector general ha reconocido que no se inició una investigación interna sobre esos dos agentes, ya que estaban siendo investigados por la unidad de Policía Judicial.

En relación con las denuncias presentadas en su contra por las asociaciones Jucil y AUGC, Marcos no ha descartado que alguna de ellas pudiera ser motivada por "venganza" debido a expedientes abiertos por su falta de neutralidad política. En cualquier caso, ha asegurado que "cada uno es responsable de sus actos y sabe dónde debe situarse en cada momento", antes de señalar que corresponde a la Justicia decidir sobre las denuncias en su contra.

Un cese a petición propia

Marcos se ha defendido de las declaraciones de la senadora del PP, quien afirmó que fue cesado tras conocerse su aparición en el informe de la UCO. En respuesta, el exdirector ha sostenido que su cese fue una petición propia.

Según el exdirector, durante los meses en que estuvo al frente del instituto armado, cumplió con los objetivos establecidos, entre los que se incluían proporcionar estabilidad al cuerpo y abordar sus problemas en materia de recursos humanos y gestión presupuestaria.

Marcos solicitó su cese porque parecía que casi cinco años de trabajo en primera línea en las políticas de seguridad pública −incluido su trabajo como director general de Protección Civil− "eran suficientes para reintegrarme a mi vida profesional anterior".

Ha asegurado que en ningún momento ha considerado, como han afirmado algunos senadores, que su puesto en la Embajada en EEUU fuera una recompensa por el supuesto "chivatazo". Ha justificado su nombramiento por los años que ya asumió ese cargo y su trayectoria en la administración pública.