Hasta ahora, los más de 40 empresarios de Palma y Calvià que fueron víctimas de las operaciones policiales mafiosas al servicio del "rey de la noche" Bartolomé Tolo Cursach han tenido que soportar en silencio las amenazas, coacciones y chantajes de esa organización criminal, tal como la califica el macro-informe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que acaba de sacar a la luz Público. Pero ya no pueden más y han decidido pasar al contraataque, en vista de que el nuevo juez de la causa –Miquel Florit– está tapando los informes de la Policía y de Hacienda sobre esa gigantesca trama de corrupción.

De hecho, uno de los perjudicados por esa mafia político-policial que sigue intimidando a investigadores y testigos, el empresario de origen francés Bruno Alexandre da Silva –afincado en Mallorca desde hace casi 20 años–, ya pidió ayuda por carta en octubre pasado a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid, y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, en vista de la pasividad judicial, Da Silva acaba de repetir esa doble petición de auxilio, esta vez mediante misivas manuscritas de su puño y letra que franqueó en Correos este pasado lunes, ya que no ha obtenido respuesta ninguna de sus anteriores solicitudes.

Aunque, al parecer, sí que la Dirección General de la Policía Nacional se puso en contacto con la Jefatura de Palma para interesarse por la primera de sus cartas, ya que a Da Silva le llegó indirectamente que eso había causado revuelo allí. Pero nadie se llegó a poner en contacto con él, a pesar de que en esas misivas –a las que ha tenido acceso este diario– se revela que el Grupo de Blanqueo encargado de la investigación recibió un exhaustivo informe de Hacienda constatando que el emporio de Cursach defraudó 51 millones al fisco y otros 14 a la Seguridad Social, en total 65 millones burlados a las arcas públicas.

"¿Ha defraudado 65 millones y se niegan a detenerlo?"

Final de la nueva carta del empresario Da Silva a Pedro Sánchez y la Policía Nacional.

El 28 de febrero del 2016 el juez Manuel Penalva ordena la detención de Bartolomé Cursach Mas y su cúpula acusado de casi todo el código penal. Una vez finalizada su detención el mismo juez ordena el ingreso en prisión del empresario y a partir de este momento empezó una guerra entre el empresario y la justicia (insultos a juez, al fiscal, al grupo de blanqueo de capitales de la policía nacional, a los testigos, etc). Las agresiones, amenazas, insultos, no pararon para así de alguna manera presionar a la investigación. Trece meses más tarde el señor Cursach (si se le puede llamar señor) sale de prisión previo pago de un millón de euros que consiguió reunir en unas horas. Pero las investigaciones van avanzando a paso de gigante y el grupo de blanqueo de la Policía Nacional saca un uniforme demoledor de que el señor Cursach habría defraudado 65 millones de euros a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social en estos últimos cuatro años, y piden la detención del señor Cursach. ¿Piden la detención a quién? ¿Acaso la Policía no puede detener si se detectan delitos? ¿Tienen que pedir permiso? ¿Al juez? ¿Se habrá negado? ¿65 millones y alguien se ha negado a detenerlo? Desde entonces las luces se apagaron.... ¡todas!
Este señor no fue detenido por ese delito tan grave.... ¿Por qué?

Da Silva no comprende cómo es posible que el juez no sólo esté desestimando el oficio del Grupo de Blanqueo de la UDEF (725 folios y casi 2.500 más en anexos), que sostiene que la cúpula del Partido Popular capitaneó durante más de 20 años una trama política y funcionarial mafiosa en Baleares, sino que también haga caso omiso de la propia Hacienda Pública, dejando en libertad a un capo mafioso pese a tan evidente riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de intimidación de testigos. Así lo refleja el empresario en su carta de petición de ayuda a Pedro Sánchez:

En este informe [del Grupo de Blanqueo] se habla de un topo en Hacienda… ¡¡un escándalo!! 65 millones de euros en 4 años defraudados: me parece indignante ver cada día cómo se detiene a gente por delitos leves y que este señor ni siquiera esté citado a dar explicaciones por ese grave delito. Disfruta de su libertad y pasea su arrogancia por las calles de Palma como si nada hubiera pasado, acostumbrado a jugar a pádel con Jaime Matas años atrás, y a disfrutar de impunidad como si de un sheriff se tratara: pelotazos inmobiliarios, corrupción policial... En fin, Cursach tenía en nómina a toda la isla, pero lo más triste es que sigue teniéndola. Visto lo visto, a alguien no le interesa que se detenga a este sujeto por algunos motivos.

Le pido señor Sánchez que por favor le haga cumplir la ley al señor Cursach, que defraudó 65 millones de euros en los últimos 4 años, cuando hay gente que se queda sin luz por no poder pagarla.

En realidad, en su informe sobre la doble contabilidad del emporio Cursach, mediante la cual ocultaba gran parte de los elevados ingresos de cada uno de los negocios del grupo de ocio nocturno, el Grupo de Blanqueo ya solicitaba al juez –en julio del año pasado– que volviera a enviar a prisión al magnate y se detuviera a 17 de los directivos del entramado.

Detenciones que con el paso del tiempo se han demostrado necesarias, después de que muchos de los imputados y/o condenados en esa gran organización criminal se hayan organizado para intimidar a los investigadores y los testigos, como también reveló Público hace pocos días.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para preguntar los motivos de la aparente pasividad de las autoridades frente a las continuadas actividades de la trama de Cursach, pero todavía no ha recibido respuesta.

En el informe del Grupo de Blanqueo sobre la enorme Caja B del emporio Cursach se analizó minuciosamente la documentación contable intervenida en los grandes negocios del entramado –como la discoteca Tito's, en la que se organizaron fiestas con prostitutas para agentes de la Policía Local y dirigentes del Partido Popular– y se incluyó la auditoría interna de la empresa de seguridad del magnate, que detectó importantes diferencias entre las cantidades recaudadas y las después declaradas.

Además, esa unidad policial subrayó que se trataba únicamente de las recaudaciones en efectivo, sin contabilizar los ingresos a través del sistema bancario, por lo que el fraude tributario podía ser aún mayor.

Otra operación de cloacas para encubrir la trama

Sin embargo, a partir de la presentación de esos informes al Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma, el Ministerio del Interior que dirigía Juan Ignacio Zoido (PP) se dedicó a desmantelar esa unidad que llevó toda la investigación de la trama Cursach, cambiando de destino o presionando para que dimitieran a todos los inspectores del Grupo de Blanqueo de Palma. En total, nueve de los investigadores policiales fueron apartados del caso y se cambió todo el organigrama de la unidad, desarticulándola por completo.

Una más que sospechosa operación de las cloacas de Interior, que debe ser contada en detalle para que por fin salga a la luz una de las más grandes y dañinas tramas de corrupción política y policial de nuestra democracia.

...CONTINUARÁ