El pasado 22 de junio el digital de Eduardo Inda retomaba el chantaje denunciado por Público en enero de 2017 y lanzaba a través de Manuel Cerdán –quien firma las grabaciones desveladas ahora pero que el periodista tenía en su poder desde hace más de un año– un aviso a navegantes por orden del comisario jubilado José Manuel Villarejo: advertía de que si se seguía adelante con la investigación de la Audiencia Nacional que le mantiene en prisión saldría a la luz información sensible acerca del emérito rey Juan Carlos I. 

El titular era claro para los gabinetes de comunicación de la Casa Real y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): "El juez pide a la Policía el volcado de los discos duros de Villarejo sobre el Rey Juan Carlos: ‘Proyecto King’". En el texto, sin embargo, no había ni una sola mención al monarca emérito; sólo a los objetivos que Villarejo piensa que han contribuido a que fuera detenido e imputado por blanqueo de capitales: el comisario Marcelino Martín Blas, los agentes de Asuntos Internos, el empresario Jaume Roures o los periodistas de Público, al ser testigos en la causa del pequeño Nicolás en la que también está imputado. 

Tras el repaso a los enemigos el texto describía el proceso del volcado y señalaba a diferentes funcionarios de Policía que participan en la investigación y que van a estar en contacto con esos datos, como los supuestos culpables de posibles filtraciones:

"En la diligencia de desprecinto, realizada el pasado uno de junio por el juez Diego de Egea, que instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la causa 96/2017 contra Villarejo por los delitos de cohecho, organización criminal y blanqueo de dinero, adjudicó la tarea de las descargas de los archivos a los agentes identificados con los números profesionales 91814 y 120603. Ambos están destinados en la Unidad de Investigación Tecnológica, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), como figura en el organigrama de la Dirección de la Policía".

Y añadía: "A partir de ese momento, la información pasa a depender de la UAI, a través de uno de sus jefes de grupo, el agente identificado con el número 111470, que corresponde al inspector “Gonzalo” –este periódico se reserva el nombre completo por medidas de seguridad–, el mismo que dirigió el registro en el domicilio de Villarejo y procedió a su detención".

Todas estas advertencias se efectuaron casi un mes antes de que vieran la luz las grabaciones realizadas a principios de 2015, cuando el caso Nóos estaba abierto y la obligación del comisario Villarejo hubiera sido entregárselas al juez Castro, que necesitaba más pruebas para poder llamar a declarar a Corinna y probar que Iñaki Urdangarín había recibido el beneplácito del ahora emérito Juan Carlos I para sus negocios fraudulentos con instituciones públicas.

Tras desvelarse las grabaciones, los abogados de Villarejo remitieron un escrito al juzgado en el que se desentendían de la filtración, apelando a que el comisario jubilado lleva en prisión desde el pasado noviembre. Sin embargo, otro de los detenidos en la operación Tándem por su relación en concreto con el Proyecto King, el comisario Enrique García Castaño, ya desveló a Público en enero de 2017 lo siguiente:

"Entonces, siguiente paso, todo esto de las cuentas de Corinna; una cuenta que hay en Turquía, una cuenta que hay en Suiza, las comisiones, los pagos, los billetes, los cuadros, el no sé qué... no sé cuántos. Se lo ha dado todo a Cerdán [Villarejo]. Todo lo tiene Cerdán. Y en el momento en que a Villarejo se le cruce la locura o vea que le entra la paranoia de 'van a por mí', ¡pum!"

Público grabó a este comisario, al igual que a otros miembros de la cúpula policial y que formaban parte de la brigada política instigada por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, porque García Castaño era objeto de la investigación periodística sobre Las cloacas de Interior y también estaba señalado en la causa del pequeño Nicolás, donde una periodista de este medio es testigo. Este comisario nunca fue fuente de este diario. 

El audio de García Castaño demuestra fehacientemente que el director adjunto de Inda ya poseía la grabación de Corinna en enero de 2017, pero en su escrito los abogados de Villarejo apuntan directamente a los funcionarios de la Unidad de Investigación Tecnológica, adscrita a la UDEF, y a los de la Unidad de Asuntos Internos como las únicas personas que han podido filtrarlo. Para ello se basan en dos informaciones publicadas en La Vanguardia y en El País, que sin embargo no concuerdan entre sí.

El primer diario publicó que la grabación entre Corinna, Villarejo y el amigo de pupitre de José María Aznar, Juan Vilallonga, fue encontrada en el registro de la casa del comisario. Mientras que el segundo diario apunta a que: "Estas cintas y otras grabaciones por Villarejo fueron incautadas hace meses a un colaborador del comisario y están siendo analizadas por la Policía para remitirlas al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea".

Manos Limpias, Ausbanc, el caso Nóos y el 91.814

Email enviado por Miguel Bernad a su letrada, Virginia López Negrete, acerca de retirar la imputación a Miguel Tejeiro y rebajarla a su hermano Marco Antonio Tejeiro, asesor fiscal de Urdangarín y cuñado de su exsocio, Diego Torres.

Entre los policías y fiscales anticorrupción señalados por Villarejo y sus periodistas, diferentes fuentes consultadas por Público apuntan a que el objetivo concreto es el agente 91.814, quien también estuvo encargado del volcado de materiales probatorios en el caso de la Operación Nelson, por la que fueron desarticulados el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc). 

Los dirigentes de ambas organizaciones están imputados por haber presuntamente participado en un chantaje a entidades bancarias relacionadas con el caso Nóos, a cambio de apretar más o menos en sus acusaciones a Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, debido a que la Fiscalía que encabezaba Pedro Horrach no quiso seguir esa línea de acusación. 

En el sumario de la Operación Nelson no aparecieron algunos correos electrónicos que Miguel Bernad había enviado a su letrada, Virginia López Negrete, acerca de retirar la imputación a Miguel Tejeiro y rebajarla a su hermano Marco Antonio Tejeiro, asesor fiscal de Urdangarín y cuñado de su exsocio, Diego Torres. No obstante, estos emails fueron aportados a la causa por Podemos, que ejerce la acusación popular tanto en la causa del Pequeño Nicolás, como en Nelson y en la Operación Tándem.

Los emalis fueron hallados en el registro de la casa del pequeño Nicolás, efectuado por agentes de Asuntos Internos encabezados por el comisario jubilado Marcelino Martín Blas y fueron aportados al sumario que instruye el juzgado de instrucción número 2 de Madrid desde 2014.