Ya no hay vuelta atrás. Cuando faltan 100 días para que acabe el "año del desarme", ETA valora actualmente los términos de su desaparición. La palabra que hoy está en boca de quienes siguen este proceso es "desmovilización", una fórmula reconocida por la ONU para establecer el final ordenado de grupos armados. Sin embargo, en el caso vasco habrá —otra vez— una marca propia: a diferencia de otros procesos, el Gobierno del PP se mantendrá totalmente al margen de lo que ocurra. Del mismo modo que no verificó el desarme, tampoco contribuirá a certificar su disolución.

No en vano, el Ejecutivo presidido por Rajoy ha conseguido que el final de ETA sea objeto de atención en los principales centros dedicados a la resolución de conflictos. Ya hay un "modelo vasco" para hablar de "desarmes", y todo indica que lo habrá a la hora de citar casos de "disoluciones". La negativa del Ejecutivo español de abordar cualquier tipo de diálogo con distintos mediadores internacionales —mucho menos con la propia ETA— ha derivado en una situación nunca vista: el final de la violencia no contará con ningún tipo de supervisión ni verificación por parte del Estado.

Tras una entrega de las armas respaldada por integrantes de la sociedad civil, ETA realiza actualmente un proceso de reflexión interna, tal como anunció en un comunicado remitido al diario Gara esta misma semana. Un proceso que podría tener su desenlace a comienzos de 2018 y que, según coinciden en señalar distintas fuentes, terminará con la "desmovilización" de ese grupo. Seguirá así el guion marcado por la fórmula DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), el mismo que se empleó durante el proceso de paz en Colombia. Allí contribuyó a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sigan siendo las FARC, aunque con otro sentido muy distinto: ahora sus siglas representan a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, una organización integrada en la vida política del país.

Si bien nadie duda de la gigantesca brecha entre el conflicto colombiano y el caso vasco, lo cierto es que ETA también busca recorrer un camino similar. De momento, ya ha cumplido con la D de desarme. Ahora toca abordar la "desmovilización", sinónimo de disolución o desmantelamiento de sus estructuras. Básicamente, se trata de dejar a la organización oficialmente muerta. No habría un anuncio de disolución —al menos no con ese término—, pero en la práctica sería exactamente lo mismo. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Irlanda, donde hoy está totalmente confirmado que el IRA ya no existe como tal.

El Foro Permanente, una plataforma creada por diversas organizaciones para tratar de impulsar el proceso de paz en Euskadi, confía en el desarrollo de esta vía para conseguir, a corto plazo, el final definitivo de ETA. "En los casos de Irlanda o Colombia, lugares donde se aplicó parcialmente el modelo DDR, todo ocurrió en el marco de sendos acuerdos. En cambio, aquí se ha descartado por todas las partes que pueda ocurrir algo así con el Estado", reconoce Agus Hernán, portavoz del Foro.

No obstante, cree que sí se podría "desarrollar un acuerdo" para que "la decisión que tome ETA sea en clave de convivencia y de resolución integral del conflicto". "No descartamos ninguna hipótesis, a lo que damos más importancia es al diálogo y al acuerdo para que ese resultado sea satisfactorio para todos, incluidos los gobiernos español y francés", subraya a Público.

Estos términos también son conocidos en el interior de la izquierda abertzale. Allí dentro, una de las personas que mejor maneja este asunto es Rufi Etxeberria, un histórico independentista que sigue muy de cerca las cuestiones relativas al proceso de paz. "La desmovilización traerá consigo el cierre de un ciclo histórico de una organización armada con el desmantelamiento de sus estructuras y con la incorporación de su militancia a la acción política, social o sindical desde los parámetros políticos y democráticos", apuntó el dirigente de Sortu, el partido abertzale que hoy forma parte de EH Bildu. "En definitiva —subraya—, el desmantelamiento de sus estructuras es lo que le queda a ETA en estos momentos. Se trata de una organización sin armas que lo único que hoy tiene son militantes".

"Se llame como se llame"

Este proceso es observado con cierta cautela desde el resto del arco político vasco. "Lo importante es que la sociedad vasca sepa que ETA ha dejado de existir", resume a Público el responsable de discurso de Podemos Euskadi, Sergio Campo. "Ya sabemos que no tiene capacidad de hacer daño porque se ha desarmado y ha sido verificado ese desarme. Ahora lo importante es verificar que esa disolución se ha producido, se llame como se llame", añadió.

Por su parte, el portavoz parlamentario adjunto del PSE, Eneko Andueza, también restó importancia al mecanismo que empleé ETA para disolverse. "La fórmula que utilicen para bajar la persiana y desaparecer del panorama político nos da igual", remarcó. "Lo que de verdad nos interesa —continuó— es que tengamos un escenario social y político en el que no haya nadie que pretenda la aniquilación física del adversario".

Ese discurso se vuelve más duro en las oficinas del PP. "Aquí no hay nada nuevo: el último comunicado de ETA (relativo al inicio del proceso de reflexión interna) forma parte de una estrategia para ganar tiempo", sostiene el parlamentario popular Carmelo Barrio, quien advierte en el interior de esa organización "pesa más el concepto de 'no disolución' que el de disolución". Público también solicitó la valoración del PNV, pero desde Sabin Etxea indicaron que no sería posible debido a "problemas de agenda".

Sin cambios en las cárceles

Más allá del debate sobre el término que empleará ETA para poner punto final a su existencia, sobre la mesa también está presente otro asunto que, en un momento u otro, deberá abordarse: el futuro de sus reclusos. Tras un proceso de discusión interna, el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) anunció a finales de junio que se asumirán las "vías legales" para conseguir beneficios penitenciarios de manera individual, algo totalmente inédito.

Sin embargo, la situación en las cárceles sigue siendo la misma que antes del 8 de abril de este año —día en el que se formalizó el desarme—. Tampoco ha cambiado respecto al 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de la violencia. "En realidad, las cosas han empeorado para los presos gravemente enfermos", afirma la portavoz de Etxerat (la asociación que agrupa a los familiares de los reclusos) Patricia Vélez, quien no dudó en hablar de "ensañamiento" por parte del gobierno.

En efecto, la cuestión de los presos sigue figurando como uno de los grandes temas pendientes del proceso de paz. "Creemos que en este momento están dadas las condiciones para que los partidos puedan iniciar un diálogo que les lleve a acordar una hoja de ruta en torno a la excarcelación de las personas presas y la vuelta de los huidos", afirmó Agus Hernán. Precisamente, el Foro Permanente anunció esta semana que seguirá trabajando en ese asunto.

Por su parte, en las oficinas del PP vasco no se arriesgan a confirmar si la disolución —o "desmovilización"— de la organización ya desarmada traerá cambios en las cárceles. "La dispersión fue un elemento esencial en la lucha contra ETA. Cuando ETA deje de ser una banda terrorista y sus miembros den pasos decisivos en consonancia con ese proceso de disolución, se analizarán esas circunstancias. De momento no hay que anticipar nada", aclaró Carmelo Barrio.

A día de hoy, solamente en esta oficina del Parlamento Vasco respaldan el mantenimiento de la actual política carcelaria. En todas las demás, desde el PNV hasta EH Bildu pasando por Elkarrekin Podemos y el PSE, solicitan cambios en materia penitenciaria. Sin embargo, sus voces siguen sin ser escuchadas.