BILBAO.- Tienen entre setenta y ochenta años, están condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina y aún guardan innumerables secretos de sus años de acción… en España. Así podrían resumirse los currículums de varios miembros de los temibles grupos de tareas de la dictadura de Videla que hoy pagan sus penas en cárceles de ese país –o en sus casas, bajo prisión domiciliaria-. Una investigación realizada por Público ha permitido conocer que entre sus objetivos a este lado del Atlántico estuvieron varios intelectuales que apoyaban las denuncias de los refugiados.

Prácticamente desde el primer minuto del sangriento régimen –que se instaló en la dramática noche del 24 de marzo de 1976-, ciudadanos españoles de distintos ámbitos habían denunciado a viva voz los crímenes de los dictadores. A partir del otoño de 1976, esas muestras de solidaridad se vieron reforzadas por la llegada de miles de argentinos que venían huyendo de la muerte. A raíz de ello, Videla y sus colaboradores decidieron emprender una férrea campaña de seguimiento contra los refugiados y sus amistades en este país.

Según consta en distintos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la Junta Militar montó un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en las oficinas consulares de Barcelona, Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no sólo participaron los funcionarios de las representaciones en España, sino que también tomaron parte los militares que eran enviados a España bajo la excusa de realizar “cursos de formación” en instalaciones del ejército y la marina.

El dictador argentino Jorge Rafael Videla.

Gracias al trabajo realizado por estos agentes, la embajada y los consulados produjeron una gran cantidad de informes –muchos de ellos aún catalogados como secretos por el propio Estado argentino- sobre lo que ocurría alrededor de la colonia de exiliados. Una parte de esta historia fue revelada en 1997 ante el juez Baltasar Garzón –que por entonces investigaba los crímenes de Videla- por un superviviente de la ESMA, uno de los principales campos de concentración de Buenos Aires.

“Entre las actividades encubiertas de espionaje que también realizaban estos militares de la marina argentina en España, estaba la vigilancia de personalidades españolas que podían apoyar a la resistencia contra la dictadura militar que asolaba la Argentina, en especial artistas e intelectuales”, relató Juan Gasparini, un sobreviviente de la ESMA que posteriormente se refugió en Europa. En su testimonio, aseguró que los oficiales de Inteligencia de ese centro de exterminio le mostraron “fotografías del cantante español Joan Manuel Serrat tomadas en la calle o conversando con otras personas en lugares públicos de España, para intimidarlo y amenazarlo sobre las posibilidades represivas de la dictadura que desbordaban las fronteras de la Argentina”.

Por aquel entonces, Serrat participaba en distintas campañas de denuncia contra la dictadura de Videla. Así consta en distintos informes elaborados por la embajada de ese país en Madrid, en los que aparecen los nombres de distintas personalidades que se habían adherido a varios actos contra el régimen sudamericano. Además del cantante catalán, también figuran los nombres de otros artistas muy conocidos a finales de los setenta, como Massiel, Marisol o Luis Eduardo Aute. El 28 de agosto de 1976, todos ellos enviaron un telegrama al embajador de Videla en España, Leandro Enrique Anaya, para denunciar la desaparición de los hijos y la nuera del escritor Juan Gelman, quienes habían sido secuestrados por un comando de la dictadura en Buenos Aires. La nota también llevaba la firma de Geraldine Chaplin, Francisco Umbral o Antonio Saura, entre otros.

La dictadura también efectuó seguimientos contra el Comité Catalán de Información y Solidaridad con el Pueblo Argentino, entre cuyos fundadores estaban algunas de las figuras más importantes de la política catalana, como Jordi Pujol -posteriormente elegido presidente de la Generalitat-, Joan Reventós –uno de los impulsores del Partido Socialista de Catalunya (PSC)- o el histórico dirigente nacionalista Josep Andreu i Abello, quien había tomado parte en la fundación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En el pormenorizado informe elaborado por la embajada argentina sobre este grupo también aparecían los escritores Salvador Espriu, Juan Marsé, Josep Fauli y Manuel Vázquez Montalbán.

Controles en Catalunya

De hecho, Catalunya estuvo constantemente en el punto de mira de la dictadura, que ordenó controlar minuciosamente la llegada de exiliados a ese territorio. Para ello, a finales de enero de 1977 el embajador Anaya envió al cónsul en Barcelona, Aldo Fraticelli –otro asiduo colaborador de la red de espionaje-, la nómina de presos políticos que habían sido puestos en libertad el mes anterior en Argentina, por si acaso alguno de ellos aprovechaba la libertad para refugiarse en la ciudad condal. “Si algunas de las personas mencionadas en la lista de referencia se presenta a matricularse, debe ser tenido en cuenta e informarse a esta Representación de su entrada a España”, ordenaba Anaya.

Algunos meses después, el personal de la embajada de Videla en Madrid recibió una orden firmada por el entonces ministro de Exteriores del régimen, Óscar Antonio Montes, en la que ordenaba recabar “nombres y direcciones de colectividades y/o asociaciones argentinas” en territorio español, así como los “nombres y direcciones de sus autoridades”. También reclamaba el listado íntegro de todas y todos aquellos argentinos que estuviesen estudiando o trabajando en ese país en calidad de “becados”.

En medio de ese frenético ritmo de trabajo, los espías argentinos recibirían un nuevo refuerzo: en marzo de 1978 llegó a España el capitán de navío Juan Carlos Herzberg, “destinado a prestar servicios en el Agregación Naval de esta representación diplomática”. En este caso, la dictadura se había inventado el cargo de “asesor de Infantería de Marina ante la Armada Española”. Algunos meses antes de ser enviado por sus superiores a Madrid, Herzberg había robado una niña recién nacida para entregársela a unos allegados a los militares. Se trataba de la primera y única hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario Suárez Nelson, dos militantes de Montoneros que fueron asesinados por el terrorismo de estado.

Gracias a la complicidad de un juez civil, la hija de María Elena y Mario fue anotada bajo la falsa identidad de “Natalia Alonso”. Querían condenarla a vivir en la mentira, pero no lo consiguieron: la infatigable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo permitió que en junio de 2006 Natalia se enterase de su historia. Entonces dejó de ser quien no era y pasó a llamarse Lucía, el nombre que querían ponerle sus padres. A raíz de este caso, Herzberg –que hasta entonces había sido el padrino de la joven robada- y su apropiador, el cantante de tangos Omar Alonso, fueron enviados a la cárcel.

Colaboración española

Coincidiendo con la llegada de ese represor a España, los oficiales de la Armada argentina que ya estaban en este país habían montado un centro de falsificación de documentos y de acopio de armas en el número 40 de la calle Jazmín de Madrid, para lo que contaban con la colaboración especial de un ex detenido que se había pasado al bando de los militares y que a día de hoy –según ha podido comprobar este periódico- sigue viviendo en la capital española. Por ese piso también habrían pasado los capitanes de corbeta Jorge Tigre Acosta y Jorge Puma Perrén o el teniente de navío Enrique Scheller, entre otros siniestros personajes. El gobierno de Adolfo Suárez sabía que todos ellos estaban en España, pero evitó tomar cualquier medida de protección hacia los exiliados.

Por el contrario, las autoridades españolas colaboraron estrechamente con los enviados de Videla. Según se desprende de un documento obtenido por Público, estos agentes –que ya habían sido señalados por supervivientes de la ESMA como feroces torturadores- mantuvieron contactos con miembros del gobierno de Suárez para que les confirmasen si los directivos del Centro Argentino –un colectivo creado por exiliados para denunciar los crímenes que se cometían en su país- revestían la condición de refugiados políticos “y si pueden dirigir entidades que agreden y perturban actividades de una representación diplomática acreditada ante el gobierno español, como también acometen contra el propio gobierno argentino y sus Fuerzas Armadas”.

Poco después, los agentes pretendieron capturar al secretario del Centro Argentino, el abogado Eduardo Luis Duhalde. En aquellos años también solía actuar como portavoz de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), por lo que este abogado de marcada trayectoria en la lucha por la libertad se convertía en un goloso objetivo para los represores. El plan fue abortado cuando su mujer comprobó que el piso en el que vivían –situado en Alameda de Osuna- era vigilado día y noche por un grupo de desconocidos con acento argentino. Tras valorar la situación, Duhalde decidió denunciar este hecho en la Dirección General de Seguridad del ministerio de Interior.

-Déjeme 24 horas para descartar que no se trate de ningún organismo nuestro… ya sabe, español –le dijo sin sonrojarse uno de los jefes. De esa manera, el funcionario confirmaba lo que toda la colonia argentina sospechaba: las Fuerzas de Seguridad del Estado mantenían dispositivos de control sobre los refugiados, cumpliendo así con los pedidos de la dictadura de Videla.