El Gobierno está estudiando cómo actuar ante la ruptura de relaciones comerciales por parte de Argelia y no se descarta acudir a los tribunales europeos para dar una respuesta que defienda los intereses de España y las empresas españolas. Desde el gabinete de José Manuel Albares señalan que actualmente se está analizando el alcance económico y práctico que tiene la suspensión del Tratado de Amistad por parte de Argelia como respuesta a la posición de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. 

La idea de denunciar a Argelia ante la Unión Europea se puede sostener desde el punto de vista de una vulneración del Acuerdo Euromediterráneo de 2005, en el que se asentaban alianzas comerciales y vínculos políticos, tal y como ha adelantado El País.

La propia vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya avanzaba en la mañana del jueves que la decisión del país magrebí podría tener consecuencias que traspasen la frontera de la diplomacia para terminar en los tribunales. "Las relaciones que existen entre la empresa de gas argelina Sonatrach y las empresas españolas que compran gas son comerciales, con obligaciones contractuales. Confío en que sigan funcionando. Si no, sería un tipo de problema más complejo de resolver, no a través de relaciones diplomáticas, sino probablemente a través de arbitrajes o tribunales", advertía la dirigente socialista. 

España, sin embargo, no acudirá a los tribunales hasta que no agote la vía diplomática. La misma intención hay desde la Comisión Europa, que ha hecho un llamamiento a que Argel "dé marcha atrás" y restablezca el tratado comercial con España. "Estamos revisando el impacto de esta decisión y considerando el diálogo y los canales diplomáticos", ha detallado la portavoz comunitaria de Exteriores, Nabila Massrali.

Si bien Argelia tiene un peso importante en las importaciones y exportaciones agropecuarias de España, la principal preocupación de España gira en torno a la seguridad energética del país, pues la república magrebí es el principal proveedor de gas del Estado español, aportando más del 40% del combustible que se consume anualmente, según los datos de Enagás relativos a 2021.

Según ha manifestado Albares este jueves, el flujo de gas estará garantizado y "no tendrá inconvenientes". El responsable de la política exterior española ha  informado que las empresas que gestionan el MedGaz, el gasoducto que conecta Argelia con la costa de Almería, han asegurado al Gobierno que el suministro no corre peligro. 

El comercio gasista que une a los dos países está sellado por un contrato entre Naturgy y la energética argelina Sonatrach que no finaliza hasta 2032. Sin embargo, los precios de las transacciones se negocian periódicamente con contratos trianuales y en 2023 las dos compañías deberán firmar un nuevo acuerdo, por lo que se espera que las represalias puedan venir en forma de subida de costes.