La industria militar española sigue subiendo puestos en el ranking europeo de venta de armas al régimen saudí. Un informe de la Unión Europea (UE) publicado esta semana señala que España se convirtió en 2020 en el segundo gran suministrador de material de defensa al reino de Salman bin Abdulaziz, involucrado desde 2015 en la guerra de Yemen.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige Josep Borrell ha concluido el informe anual de la UE sobre exportaciones de armas, en el que se informa detalladamente de las ventas de armas autorizadas por los Estados miembros en 2020. "Se trata de la adopción del informe anual más rápida hasta ahora, en un plazo de nueve meses desde el final del año sobre el que se informa", destaca dicha oficina.

"Con más de 30.000 licencias expedidas por un valor de casi 167.000 millones de euros, la UE sigue siendo un importante exportador de equipo y tecnología militar. Las armas militares desempeñan un papel indispensable en la preservación de la seguridad, la libertad y la paz, siempre que se utilicen de conformidad con el Derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, y siempre que se comercie con ellas de manera responsable", señala el SEAE en la nota introductoria.

En el caso de las ventas a Arabia Saudí, durante 2020 los países de la UE –sin incluir ya al Reino Unido por su salida de la Unión el 31 de enero de ese año– concedieron 220 licencias de exportación de armamento por un valor superior a los 470 millones de euros. 

Francia encabeza el ranking con ventas por un total de 275.300.000 euros. Detrás está España, que en 2020 cerró exportaciones por 48.262.757 euros. La cifra es superior a la de 2019, año en el que las licencias españolas sumaron 35 millones de euros.

En cualquier caso, España aún se mantiene lejos de los números alcanzados en 2015: coincidiendo con el inicio de la guerra en Yemen, el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó entonces operaciones de venta de armamento a Arabia Saudí por más de 545 millones de euros. Ese año también había sido superada únicamente por Francia, que llegó a facturar más de 898 millones de euros. 

El vacío dejado por el Reino Unido –uno de los principales vendedores de armamento a Arabia– tras marcharse de la UE a principios de 2020 ha contribuido a que España consolidase su posición en el ranking de negocios armamentísticos entre los socios europeos y la monarquía absolutista saudí. 

"Medalla de plata"

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, ha criticado al Gobierno por esta cuestión. "Ser medalla de plata en el ranking de vendedores de armas europeos a Arabia Saudí es motivo de bochorno", afirmó a Público.

En tal sentido, el experto de AI advirtió de que el Ejecutivo español "hace caso omiso a los llamamientos del Parlamento Europeo para que cesen las ventas a la coalición saudí y emiratí que interviene en Yemen, donde se registra la mayor catástrofe humanitaria actual según la ONU". De hecho, AI y otras ONG han documentado "decenas de presuntos crímenes de guerra en estos casi siete años de conflicto desde 2015".

Estévez considera que "el Gobierno debe rectificar ya y suspender la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos al menos hasta que dejen de cometer crímenes de guerra, reduzcan significativamente el número de víctimas civiles y tomen medidas para acabar con la impunidad, como ha señalado el último informe del Grupo de Expertos Eminentes sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que recomienda a los Estados que dejen de proporcionar armas y apoyo militar a las partes".

"El gobierno español aplica una incomprensible política del avestruz con respecto a Yemen, ignorando el riesgo existente de que armas españolas se usen para cometer crímenes de guerra y ser cómplices de estas barbaridades", afirmó el portavoz de AI.

Transferencias prohibidas

En 2020, el gobierno aplicó a una operación de venta de munición a Arabia Saudí y a tres realizadas con Emiratos un nuevo protocolo que permite comprobar que las armas no son objeto de desvío, pero que no verifica cómo son utilizadas. "Aunque se trata de algo positivo, advertimos de que es insuficiente y que ignora que el Tratado sobre Comercio de Armas prohíbe las transferencias de armas cuando un gobierno sabe que se pueden usar para cometer atrocidades como crímenes de guerra", remarcó Estévez.

Esta misma semana, la ONG yemení Mwatana for Human Rights publicó su informe anual en el que repasa las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2020. De esta manera, la organización documentó cientos de incidentes que podrían violar el derecho internacional humanitario o constituir crímenes de guerra.