El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, han firmado este viernes un acuerdo para combatir la desinformación. Es uno de los puntos principales de la visita a Washington de Albares y llega en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en el foco del debate público este asunto tras el periodo de reflexión de cinco días en los que barajó su dimisión.

El acuerdo señala que ambos países abordarán la "manipulación informativa que se ejerce a través de métodos como la propaganda y la desinformación". Esta manipulación, añade el acuerdo, "puede crear o fomentar divisiones dentro de los países y comprometer la integridad de las elecciones".

España y EEUU señalan que "la injerencia externa representa una amenaza para la seguridad nacional". Los dos países destacan su "compromiso" para trabajar conjuntamente, especialmente en la "desinformación en español" pero sin excluir otros idiomas. "Los participantes apoyarán a las organizaciones internacionales que fomentan la cooperación internacional", añade el acuerdo.

Para concretar toda esta colaboración, España y EEUU establecerán un "marco de cooperación bilateral para contrarrestar la manipulación en el que se compartirá información dentro de las diferentes leyes y políticas" de cada país.

Fuentes diplomáticas destacan que lo que está ocurriendo en España con los bulos y fake news está ocurriendo en muchos lugares del mundo y que es positivo que haya una agenda común, especialmente entre Gobiernos progresistas como los de Biden y Sánchez.

El propio líder del Ejecutivo español ha manifestado que esta "máquina del fango" es un problema global y que las soluciones son complejas. Y ha mencionado en varias ocasiones las técnicas usadas por el expresidente de EEUU Donald Trump. 

Su Gobierno, ha dicho, tomará medidas concretas al respecto, aunque será ya después de las elecciones europeas. Una de las opciones que han deslizado en Moncloa estos últimos días es reforzar o ser más vigilantes con la ley de publicidad institucional ante el posible incumplimiento de algunas administraciones en materia de financiación de pseudomedios.