Hace prácticamente un año, el pasado 7 de abril de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Aquel encuentro en Rabat dejó una declaración conjunta que inauguraba una "nueva etapa" bilateral y pretendía cerrar una crisis de más de un año de duración. Para ello se avaló el plan de autonomía que propone el reino alauita para el Sáhara Occidental. Además, el documento incluía una serie de puntos y compromisos adicionales también relacionados de manera directa o indirecta con el conflicto saharaui. 

Sánchez y Mohamed VI pactaron entonces de forma concreta la reapertura de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla. Sobre el papel se incluyó también la apertura de aduanas comerciales en ambas ciudades autónomas. Un asunto que todavía está pendiente y que tampoco se desbloqueó con la celebración en febrero de la Reunión de Alto Nivel entre ambos países. Lo que sí se verbalizó en esa cumbre fue el compromiso de "no ofenderse mutuamente" en cuestiones relacionadas con la soberanía territorial. Es decir, el Sáhara en Marruecos y Ceuta y Melilla en España. 

El espacio aéreo que sobrevuela el Sáhara Occidental se controla desde las Islas Canarias. Sin embargo, los aeropuertos del territorio son controlados por Marruecos, que ocupa militarmente la zona de la antigua colonia española desde el año 1975. Esto genera que sea España quien autorice los vuelos que llegan al territorio. Algo que se ha mantenido de forma histórica y que ha creado también una serie de puestos de trabajo relevantes en el archipiélago. 

La declaración conjunta del 7 de abril se refería de esta manera tan poco concreta al asunto. "Se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos". No se han conocido avances públicos al respecto. Pero durante la última semana el tema se ha avivado a través de una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. En ella se destacaba que las conversaciones se han iniciado y "se circunscriben a la gestión de los espacios aéreos y la coordinación entre ambas partes en aras de conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica". 

Fuentes diplomáticas consultadas por Público reiteran que "se está hablando del espacio aéreo, pero en la respuesta no se habla de que se esté negociando el traspaso". Ya en el mes de enero se dio una respuesta escrita similar tras una pregunta del PP. El Gobierno de Canarias, principal afectado, salió este jueves al paso también.

De forman contundente, el presidente canario Ángel Víctor Torres destacó este jueves que una posible cesión a Marruecos del espacio aéreo no está en el acuerdo ni se lo había trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con quien habló ese mismo día. "Le he pedido absoluta claridad y me ha respondido que en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos", dijo. 

Pese a estos argumentos del Gobierno, el Frente Polisario y otras fuerzas políticas como el PCE no se fían. El propio Clavijo da por hecho que se está negociando "por la puerta de atrás" la cesión. "Esta cesión de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental es el último episodio de una claudicación del Gobierno de España que no entendemos ni compartimos", señaló.

La organización saharaui, mediante su delegación en España, emitió un comunicado esta semana en el que señala que "aunque el Gobierno de Sánchez pretenda ahora atribuirle una gestión del espacio aéreo, la soberanía del espacio aéreo del Sáhara Occidental, desde un punto de vista jurídico pertenece al pueblo saharaui, y corresponde en última instancia a España la gestión de este por ser la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental". Los saharauis recuerdan también varias sentencias de la Justicia europea recientes que vienen a reconocer que Marruecos carece de soberanía sobre el espacio aéreo. 

Las aguas territoriales

Esa misma sentencia judicial también incluye la gestión de las aguas territoriales. En este caso, las más cercanas a la costa saharaui de facto las controla Marruecos, que se beneficia de los acuerdos pesqueros con la UE. La sentencia definitiva sobre los acuerdos comerciales se espera de forma inminente. Pero de nuevo las Islas Canarias son parte implicada de forma directa ya que hay una serie de límites que los marroquíes llevan años reclamando con la oposición española. 

En la declaración conjunta rubricada entre Sánchez y Mohamed VI se incluye este asunto. "Se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos", indica el documento. Las negociaciones, según la Justicia europea, no podrían incluir las aguas saharauis. 

Poco se sabe por el momento de estas negociaciones salvo que el grupo de trabajo ya se ha reunido. Pero los avances, según destacó recientemente el Gobierno en otra respuesta parlamentaria, parecen estancados. Comenzó sus tareas el pasado mes de junio, también con representación del Gobierno de Canarias. Este grupo no se reúne desde hace 15 años. El propio Albares tranquilizó a las fuerzas políticas canarias el pasado año en el Congreso. El ministro aseguró que la delimitación se hará de mutuo acuerdo y con respeto a la legalidad internacional.

El Cervantes en El Aaiún 

En cambio, sí parece más avanzada la instalación de una extensión del Instituto Cervantes en la ciudad de El Aaiún. Sobre este punto no hay mención alguna en la declaración conjunta del pasado mes de abril. La intención no es nueva. Ya con el Gobierno del PP y Mariano Rajoy hubo una propuesta encima de la mesa. La idea era hacerlo en paralelo a la apertura de otra sede en los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf (Argelia). 

La apertura de una sede en El Aaiún tiene que contar sí o sí con el beneplácito de Marruecos al ser un territorio bajo su dominio militar. Ningún país, no obstante, reconoce oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El único mandatario que realizó una declaración, mediante un tuit, fue Donald Trump en 2020, poco antes de dejar su cargo. 

Poco antes de la RAN con Marruecos de abril, el Gobierno reconocía, como publicó este medio, estar trabajando en la apertura de una sede o delegación del Instituto Cervantes en El Aaiún. Hace pocos días, en una nueva respuesta al senador Clavijo, el Gobierno confirmaba por escrito sus intenciones sobre el Cervantes. "Se contempla la apertura de una extensión siempre que se localice un espacio que reúna las condiciones idóneas para los fines de esta". 

Hace un par de semanas, en un reportaje publicado en El País, apuntaba la posibilidad de que el espacio fuera el del colegio español La Paz de El Aaiún. Su propio director, en dicho reportaje, mostró las tres aulas reservadas para ello. José María Martínez Alonso, director de la sede del Instituto Cervantes en Rabat, afirmó que "solo está pendiente de la decisión definitiva". "El objetivo principal será la formación de profesores y su certificación con el DADIC (Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes), que abre puertas para extender la enseñanza del español", explicaba Martínez Alonso.

Para el Frente Polisario, que ejerce como legítimo representante del pueblo saharaui ante la ONU, esta decisión "es cuestionable jurídicamente y ensombrece la credibilidad de una institución como el Instituto Cervantes que de este modo se pone al servicio de Marruecos para blanquear la ocupación militar del Sáhara Occidental". La organización saharaui recuerda la naturaleza política y jurídica del territorio y la extensa documentación que atestigua las constantes violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo saharaui por parte de las fuerzas marroquíes en la parte ocupada del Sáhara Occidental.