Entre las grandes reformas que se esperan de 2021 una de las más relevantes (y también de las más postergadas en el tiempo) es la del sistema de pensiones y Seguridad Social. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, apretó el acelerador en 2020 en el Congreso de los Diputados para que el Pacto de Toledo cerrase su acuerdo antes de acabar el año, con la idea de que la Cámara Baja pusiera los mimbres de una reforma que constituye una de las grandes expectativas del Gobierno de coalición.

Ahora este asunto ha llegado al diálogo social y los que piden acelerar al ministro son los sindicatos. Este martes Escrivá ha reunido a los agentes sociales para hablar sobre las pensiones y el Pacto de Toledo, un encuentro en el que Comisiones Obreras y UGT han trasladado al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sus exigencias.

En primer lugar, los sindicatos quieren que Escrivá acelere el diálogo social del que debe salir el acuerdo para derogar la reforma que el PP impulsó en materia de pensiones en 2013. Ese año los de Mariano Rajoy utilizaron su mayoría absoluta en el Congreso para sacar adelante una modificación de las pensiones en solitario. Entre las medidas aprobadas por los conservadores estaba la de la introducción de un índice de revalorización de las pensiones que desligó su subida del coste de la vida para vincularla a la situación financiera del sistema, de manera que mientras las Seguridad Social fuera deficitaria solo se garantizaba un subida mínima del 0,25 % de las pagas.

Este martes los sindicatos han reclamado al ministro la necesidad de agilizar los trabajos de la mesa de diálogo social para aprobar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de la mismas ligándolas a la inflación. También han pedido que "se adopten las medidas de refuerzo de ingresos que garanticen la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones durante las próximas décadas", según han informado en un comunicado hecho público tras la reunión.

Entre las recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo se incluye la revalorización de las pensiones de acuerdo al coste de la vida, es decir, en base al índice de Precios al Consumo. En principio, esta medida no genera ningún rechazo en las partes negociadoras, ya que el propio Escrivá es partidario de ligar la actualización de las pensiones a la inflación, así como de suprimir el denominado factor de sostenibilidad. 

Este elemento afecta directamente al cálculo de la primera pensión de los nuevos jubilados y ajusta la cuantía a la esperanza de vida de ese momento. Su primera aplicación se debería haber producido por ley a principios de 2019, pero el Gobierno de Sánchez retrasó su entrada en vigor hasta el 2023 (cuando se espera que la nueva normativa de pensiones ya esté en vigor y que se haya suprimido por tanto el factor de sostenibilidad).

No parece haber tanto consenso respecto al ritmo que debe seguir la negociación. Aunque parece que las partes ya están abordando cuestiones de contenido en el diálogo social, no es la primera vez que los sindicatos reclaman al Gobierno más celeridad en materia de pensiones. De hecho, la pasada semana se movilizaron para, entre otras cuestiones, protestar por la lentitud del Ejecutivo en la derogación de la reforma que llevó a cabo Rajoy en 2013.

Corregir la brecha de género

En la reunión de este martes parece que, lejos de acercar posturas, UGT y Comisiones Obreras siguen descontentos con el ritmo con el que Escrivá está llevando el asunto. Además, estas no fueron las únicas reclamaciones de los sindicatos mayoritarios, que también pidieron al ministro que se tramite como proyecto de ley el decreto que se convalidará este jueves en el Congreso y que incluye el denominado complemento de brecha de género.

El objetivo de las asociaciones sindicales es que se dé margen al Parlamento para resolver las "insuficiencias" con las que a su juicio fue aprobado en el Consejo de Ministros. Además de seguir pidiendo que se mejore su cuantía, CCOO y UGT reclaman que "se aclare la redacción de la norma por la que se permite el derecho de opción a quienes ya tenían reconocido el anterior complemento de maternidad pero a las que les sería más beneficioso acceder al nuevo complemento de brecha de género".

A su juicio, "se trata de una situación que afecta a las mujeres con pensiones más bajas y que, sin embargo, en la redacción actual de la norma, ven limitado el derecho de opción exclusivamente a los casos en los que se reconozca una nueva pensión".

Los sindicatos piden también que se corrija la limitación que se ha establecido para reconocer el nuevo complemento en los casos de pensiones de jubilación anticipada del sistema de clases pasivas. "Esta exclusión debe ser un error, pues no hay justificación para que estas pensiones se queden fuera una vez que dicho complemento se ha extendido a la totalidad de modalidades de jubilación del sistema de Seguridad Social", defienden.

Ambas partes quedaron en seguir negociando todas estas cuestiones, en reuniones de carácter más técnico, pero con la intención de empezar a abordar la reforma del Sistema de Pensiones cuanto antes.