ERC y JxCAT han dejado ver este martes sus diferencias sobre la clasificación de los presos del procés, que debe conocerse esta misma semana; no tienen las mismas expectativas, pero tampoco manejan del mismo modo los tiempos. Mientras que la formación republicana convocaba un briefing informal durante la mañana, para reconocer ue asumen que los presos serán clasificados en segundo grado, en JxCAT afirmaban que su situación se corresponde en realidad con el tercer grado, el régimen de semilibertad. Y esta diferencia de posturas coincide con las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que ya de por sí se antojan complicadas.

Fuentes jurídicas trasladan a Público que en las próximas horas o días estaría prevista una comparecencia para anunciar la decisión de las juntas de tratamiento, a quien corresponde la primera decisión sobre la clasificación de los presos. A su vez, esta puede ser revisada por la Consellería de Justicia, en manos de Ester Capella, de ERC.

Además, poco después de que los letrados de ERC avanzasen sus expectativas, y su intención de recurrir para reclamar el tercer grado (así como al artículo 100.2 del Régimen Penitenciario), el abogado de tres de los cuatro presos de JxCAT arremetía contra las informaciones que persiguen "normalizar" que los presos sean clasificados en segundo grado, en lugar de que les sea aplicado el régimen de semilibertad.

En un comunicado difundido durante la mañana, el penalista Jordi Pina ha resaltado que el informe de las juntas de tratamiento de los tres centros penitenciarios es una mera propuesta, y que la decisión final está en manos de la Consellería Justicia. Los presos de ERC son Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Por su parte, Pina representa a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, pero no a Joaquim Forn.

Las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lledoners (donde están recluidos los siete hombres), El Catllar y Puig de Basses (lugar de cumplimiento de condena de Carme Forcadell y Dolors Bassa) deben realizar una propuesta para clasificar a cada uno de los presos antes del 14 de diciembre, exactamente dos meses desde que el Tribunal Supremo notificara la sentencia contra la cúpula del procés.

Después, la pelota quedará en el tejado de la Secretaría General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, que deberá pronunciarse en el plazo de dos meses. A diferencia del segundo grado, el régimen ordinario de los internos-, el tercer grado permite a los presos abandonar el centro a diario, y regresar únicamente para dormir.

Un equipo multidisciplinar se encarga de proponer la clasificación en base a varios criterios, entre ellos la duración de la condena, el comportamiento de los presos o la existencia de antecedentes. La clasificación de los reos puede ser recurrida por la Fiscalía (que reclamó al Supremo que obligase a los reclusos a cumplir la mitad de la pena antes de obtener beneficios penitenciarios, sin que el Alto Tribunal accediera a sus pretensiones). Y, en última instancia, la decisión quedará en manos del Supremo.

El principio de flexibilidad

El régimen de semilibertad se basará en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que contempla el llamado principio de flexibilidad. Permite adoptar, para el caso de cada recluso, un modelo que combine distintos aspectos de cada uno de los grados, permitiendo a los internos beneficiarse de condiciones parecidas a las que son propias del tercer grado. Esta es la vía señalada este martes por ERC.

Este fue el artículo del que se benefició el exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (hoy PDeCAT), Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. A su vez, el artículo 117 de la misma normativa permite a Iñaki Urdangarín abandonar la prisión de Brieva para desarrollar actividades de voluntariado. Ninguno de ellos requiere para su aplicación que el reo haya cumplido un mínimo del tiempo de condena, y los dos deben ser validados por el juez de vigilancia penitenciaria.

Los permisos, por último, exigen haber cumplido al menos un cuarto de la pena. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart cumplirían este plazo en enero; fueron los primeros presos provisionales del procés, ya que ingresaron en prisión el 16 de octubre de 2017, apenas dos semanas después del referéndum de autodeterminación del 1-O.