En Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aún no salen de su asombro ante la respuesta del Tribunal Supremo en la revisión de la sentencia del 'procés' por la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación: "Nos han quitado el delito más grave, el de sedición, y no se modifica la pena. Es difícil de explicar", dice a este diario Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 

El Supremo ha dejado las penas como estaban, pese al derogado delito de sedición por el que fueron condenados los nueve líderes independentistas, que recibieron el indulto parcial de sus penas de prisión pero no por sus condenas de inhabilitación.

Dichas condenas de inhabilitación para poder volver a ejercer un cargo público llegan hasta 2031 en el caso de Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán y líder de ERC, y la exconsellera Dolors Bassa, y hasta 2030 en el caso de Jordi Turull, exconseller de Presidencia, y el exconseller Raül Romeva. Los cuatro fueron condenados en 2019 por el Supremo por delitos de sedición en concurso con malversación de caudales públicos. 

Respecto a los otros cinco condenados solo por sedición --Carme Forcadell (11 años y 6 meses), Joaquim Forn, Josep Rull (10 años y 6 meses), Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (9 años)--,  el Supremo mantiene las condenas excepto para estos dos últimos, en los que cambia la antigua sedición por desórdenes públicos. En todos estos casos se extinguen las respectivas condenas de inhabilitación.

"Condena política"

En ERC se esperaban una rebaja de las inhabilitaciones de acuerdo al derogado  delito de sedición, pero el Supremo ha mantenido la versión agravada de la malversación para no tocar un ápice las condenas de inhabilitación de Junqueras, Bassa, Romeva y Turull, en un gesto más político que jurídico, según expertos jurídicos consultados por este diario. 

Teniendo en el horizonte la fecha de 2025 para la celebración de las elecciones catalanas, está claro que ninguno de los cuatro podrá presentarse a los comicios. 

Tras interponer un recurso de nulidad ante la Sala Segunda del Supremo, que parece claro que no prosperará, las defensas de los condenados de ERC iniciarán la batalla en el Constitucional, con las esperanzas puestas en la nueva mayoría progresista y en los votos discrepantes que cosecharon los recursos de amparo que resolvió el TC aún con mayoría conservadora, avalando la sentencia del Supremo. 

La mayoría progresista en el Constitucional podría dar un vuelco a la condena del Supremo. Contra ella, ERC ya ha anunciado recursos de amparo que se centrarán en la vulneración de la tutela judicial efectiva. Junqueras, Romeva y Bassa, de ERC, fían su suerte al TC para poder presentarse en 2025, indican fuentes jurídicas, que consideran que el Constitucional podría darse prisa, debido a la presión internacional, y tener lista una sentencia antes de la cita electoral catalana. 

Hay que recordar que hace unos días la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, señaló que en el TEDH estaban expectantes ante la respuesta del Supremo antes de entrar a valorar las demandas de los condenados por el 'procés' en Estrasburgo. El letrado de ERC, Andreu van den Eynde, estudia si hace falta volver a presentar una demanda en Estrasburgo o si la que ya se presentó se puede actualizar. 

En este sentido, parece claro que la respuesta no se ha ajustado a lo que pretendía el Gobierno cuando propuso eliminar el delito de sedición. "A mí no me parece mal que los tribunales critiquen las decisiones del legislador, pero me parece mal que no las apliquen", dice el letrado Andreu van den Eynde. 

La Sala Segunda del Supremo, con Manuel Marchena a la cabeza, ha criticado la reforma del Código Penal. El tribunal niega que el derogado delito de sedición pueda entenderse ahora castigado en el nuevo delito de desórdenes públicos, lo que deja "impunes" los procesos secesionistas sin violencia. 

Votos discrepantes en el TC

Los recursos de amparo ante el TC recibieron hasta 3 votos discrepantes, cuando se incorporó el magistrado progresista Ramón Sáez. Este se pronunció solo en los recursos de Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn, al haberse incorporado al TC en noviembre de 2021. Frente a la opinión de la mayoría del Pleno, advertía de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que habrían sufrido los condenados. 

Los otros dos magistrados que se opusieron a la decisión del pleno de avalar la sentencia del 'procés' fueron María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, que ya salió del TC. Por su parte, Cándido Conde-Pumpido, actual presidente, se apartó de los recursos por el 'procés' semanas después de ser recusado por las defensas de varios de los condenados por haber manifestado en 2017 su clara oposición al proceso independentista. 

Ahora el escenario es otro. El TC tiene la misión de ponderar si se ha vulnerado algún derecho fundamental en la adaptación de la sentencia del 'procés' a un nuevo Código Penal.