Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado la mañana de este martes una serie de preguntas por escrito al Gobierno, a las que ha tenido acceso Público, con las que le presiona para que desarrolle medidas auxiliares mientras persiste el bloqueo a la reforma de la ley de extranjería con las que "garantizar que se respeten los derechos de los jóvenes migrantes solos, especialmente en los territorios donde los sistemas de acogida están más tensionados".

En el mes de julio, Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya tumbaron la admisión a trámite de modificación la ley de extranjería, que, impulsada por el Partido Socialista (PSOE) y Coalición Canaria, tenía como objetivo reformar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas cuando alguna de las regiones presentara signos de sobresaturación. 

En los últimos días, el portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Miguel Tellado, desveló un cierto acercamiento entre su formación y el Gobierno, aunque el Ejecutivo ha negado que exista un principio de acuerdo. 

Por eso, los republicanos tratan de presionar a Sánchez a través de la Cámara Baja para que se reactive la reforma de la ley. Entre otras cosas, preguntan al Gobierno "cómo justifica que los jóvenes migrantes solos se encuentren en centros de acogida, sin recursos ni oportunidades reales de tener una vida digna" o "qué acciones específicas está planificando para mejorar los recursos y la capacidad de los sistemas de acogida".

Críticas al protocolo canario

En el registro de las preguntas por escrito, Esquerra, bajo la firma de Jordi Salvador, uno de los diputados del Grupo Parlamentario Republicano, incluye un preámbulo en el que, además de subrayar los perjuicios que acarrea para los menores migrantes el hecho de que la reforma de la ley de extranjería no saliera adelante, también inciden en que el protocolo que activó el gobierno canario tras constatarse el fracaso de la iniciativa "no respeta ni los derechos humanos ni la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989".

"Es un protocolo", de acuerdo con lo que expone ERC, que "impone una serie de trámites que alargarán, sin motivo, la entrada de los adolescentes y niños en el sistema de acogida, alargando así la situación de desamparo en la que se encuentran". Por eso, exigen al Gobierno alternativas reales ―y que aseguren que no hay una lesión en los derechos de los menores migrantes― para aplicarlas mientras no se llega a un acuerdo para reformar la ley.

Junto con la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el pacto migratorio es uno de los grandes temas de la legislatura. Recientemente, Coalición Canaria ―la formación más interesada en que se despeje el camino a un acuerdo― y PP firmaron un compromiso que eleva la presión sobre el Gobierno. Desde La Moncloa, con todo, arremeten contra los populares por no acceder, en julio, a que la reforma de la ley de extranjería se admitiera a trámite, algo que, aunque recibiera modificaciones en el período de enmiendas, hubiera podido acelerar el proceso.