La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959), lleva prácticamente a los 46,5 millones de habitantes de este país a sus espaldas, pues de su departamento dependen jubilados, trabajadores, desempleados y migrantes. Pedro Sánchez confió en ella para para dirigir lo que llama el “ministerio de las personas” y ,desde entonces, no tiene vida propia. Va de reunión en reunión, de colectivo a colectivo, come un sándwich casi todos los días y, si es necesario, baila con un robot en un evento de nuevas tecnologías del trabajo; todo con un contagioso entusiasmo.

Desde pequeña, tuvo una peculiar fascinación por la Seguridad Social y ahora vela y se desvela por mantenerla viva. Tiene claro cómo fortalecer el sistema público de pensiones y no duda en reclamar que se recurra a los Presupuestos Generales del Estado para mantener un sistema público digno, en el que “no vale cualquier cuantía”, sino solo las que garantizan la dignidad. Está trabajando para una reforma integral de las relaciones laborales y sentar las bases de la joya de la corona: un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Aún le duele el “gol” -recalca la expresión frente a las cámaras de Público- que le metieron con la legalización del sindicato de las trabajadoras del sexo, pero ella tiene más que clara esta cuestión: “Soy abolicionista sin paliativos”, afirma. "La prostitución no puede ser un trabajo", zanja consciente de la complejidad del problema y muy atenta al debate abierto en canal en el feminismo.

Vídeo de la entrevista completa con Magdalena Valerio

Su Ministerio incluye un gran número de competencias, pero comenzaremos por el empleo (o desempleo), una de las grandes preocupaciones de los españoles. El presidente de Gobierno ha anunciado muchísimas medidas en materia de empleo, ¿es una reforma laboral completa 'de facto'?

Hay un plan director encaminado con múltiples medidas, desde controlar los contratos a tiempo parcial en fraude de ley o las horas extraordinarias, a todo lo referente a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, cuya normativa está en trámite. Se recogen aspectos muy importantes dentro de la normativa laboral, pero no podemos afrontar una derogación total de la anterior reforma laboral. No obstante, estas cuestiones van a redundar en el beneficio de las condiciones laborales de los trabajadores y también de la Tesorería General de la Seguridad Social, porque con este dinero que recaudamos por vía cotizaciones tenemos que pagar las pensiones todos los meses. Y también vamos a trabajar ya en un nuevo Estatuto de los Trabajadores...

¿Pero tienen tiempo en lo que resta de legislatura [un año escaso] para abordar ese Estatuto de los Trabajadores?

En la primera reunión que celebramos en La Moncloa, ya nos plantearon sindicatos y empresarios llegar a un acuerdo tripartito en varias cuestiones, y fue el presidente del Gobierno quien propuso crear un grupo de trabajo para ir preparando el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Este grupo todavía no se ha constituido, porque nos tienen que dar nombres de especialistas en la materia, aunque a principios de año esperamos que empiece a funcionar. Y sí, sería ideal que se aprobara en esta legislatura, pero lo que queremos, sobre todo, es que quede un texto sólido, potente, porque el Estatuto que tenemos data de 1980, lleva cuarenta reformas o más y está muy parcheado. Ahora hay que afrontar un Estatuto sabiendo que estamos en una economía distinta, que no es futuro, sino presente, y que incluye la economía digital ,la robótica, la transición ecológica o todo el sector de cuidados a la personas, que tiene mucho futuro.

Hoy [el jueves 15 de noviembre], he estado en la inauguración de la V Feria del empleo de la era digital y he visto las necesidades de digitalización que tiene nuestras empresas: a las pequeñas y medianas empresas hay que ayudarlas. Todo me ha parecido muy interesante, ¡hasta me ha sacado a bailar un robot! Estas empresas me han trasladado que faltan 70.000 puestos de trabajo por cubrir en este área, en nuestro país, y no encuentran trabajadores con el perfil adecuado. Por eso, en el plan de choque para empleo joven que estamos preparando, uno de los temas en el que se va a trabajar mucho es en que nuestros jóvenes estén bien capacitados en competencias digitales, además, por supuesto, en las idiomáticas.

¿En qué va a consentir ese plan de empleo joven y con qué financiación pretenden dotarlo?

Vaya por delante que un plan que no lleve financiación y un cuadro económico bien desarrollado no resulta creíble. Aún no puedo dar cifras, pero va a tener financiación, recursos económicos y más recurso humanos, todo ello en coordinación con las comunidades autónomas. Queremos hacer una tarea de orientación muy personalizada, con itinerarios de inserción laboral... Trabajaremos en aquéllos que necesiten un complemento formativo, para que acaben el bachiller o para orientarlos en la Formación Profesional (FP), y también en aquellos que aunque hayan estado trabajando, se tienen que recualificar para volver a reincorporarse al mercado laboral. Vamos a incidir en fomentar las competencias digitales o idiomáticas. Tenemos una tasa de desempleo juvenil muy por encima de las tasas medias, y no debemos acostumbrarnos a convivir con ella, porque hacemos un daño muy importante no solo a los jóvenes, sino también al país, que necesita todo ese talento. Y cuando hablo de talento no me refiero únicamente a la Universidad, hablo del talento para las profesiones manuales, porque necesitamos personas muy cualificadas en Formación Profesional. De ahí esa coalición que hemos hecho entre todos los ministerios para la formación, bien reglada o para la formación para el empleo.

Reunión definitiva para el acuerdo sobre autónomos/as

Los jóvenes sobre todo han aplaudido la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Aunque no haya Presupuestos, ¿el Gobierno lo aprobará sí o sí?

El Salario Mínimo Interprofesional siempre hay que sacarlo por Real Decreto, independientemente de los Presupuestos, así que sí: en 2019 estará la subida, pero ahora estamos trabajando, entre otras cosas, en el impacto que tendrá en los autónomos.

Por cierto que ya hay un acuerdo alcanzado entre las asociaciones de autónomos, ¿lo respalda el Gobierno?

Vamos a ver: estamos trabajando en ese asunto, está habiendo reuniones bilaterales, multilaterales,... les estamos aportando documentos... Si yo aplicara la metodología del ordeno y mando, pues les diría "es así" y punto. Pero yo creo en la metodología participativa, que tiene grandes ventajas, pero también algunos inconvenientes: se van filtrando documentos, un día sale una cifra y otro día sale otra... Es lo que está ocurriendo, y seguro que el día que se llegue a un acuerdo, conmigo llegarán a la conclusión de que yo he rectificado.

¿Pero el acuerdo está cerrado o no?

Ahora mismo el acuerdo está muy avanzado y me gustaría que en la siguiente reunión global, además, haya acuerdo, pero también en la mesa de diálogo social. Lo que tenemos es que velar por que esos más de tres millones de personas autónomas tengan unas cotizaciones razonables y tengan también una mejor acción protectora, que es de lo que se trata. Es decir, que tengan cubiertas las contingencias profesionales: accidentes, enfermedades, el cese de actividad... O que las mujeres autónomas, si tienen algún hijo, dispongan de un trato laboral adecuado a su maternidad; o que cuando un autónomo esté de baja, su cotización esté bonificada a cargo de lo que se recauda por cese de actividad. Es decir, más cotización a cambio de mejoras de la acción protectora. Lo que salga de aquí será, sin embargo, una regulación provisional, hasta que tengamos cruzados los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para que los autónomos puedan empezar a cotizar en función de sus ingresos reales, que es el objetivo.

Para concluir el tema laboral, el presidente del Gobierno anunció que habrá solo tres tipo de contratos. ¿Por qué tres tipos de contratos y por qué esos tres tipos?

Tenemos una pluralidad de contratos actuales que es inoperativa, liosa y compleja, por lo que es necesario simplificar y hacer más fácil la contratación laboral. Por eso apostamos por un contrato indefinido, otro temporal y otro de formación, aunque dentro de ellos, habrá modalidades a tiempo completo, a tiempo parcial o de relevo. Esto hay que regularlo y estamos pendiente de un estudio sobre las bonificaciones de contratos, tarifas planas y reducciones de cuotas existentes para hacer un diagnóstico. Tenemos muchas, hay que revisarlas y ver qué tratamiento queremos dar, ver cuántas modalidades contractuales debemos mantener y cuántas hay que suprimir porque no están siendo operativas, ni para las empresas ni para los trabajadores. En todo caso, hay que fomentar el empleo de calidad y digno para todos, pero también pensando en las personas que necesitan un plus de apoyo, como por ejemplo las mujeres, porque todavía hay que remover obstáculos para que nos equiparemos salarialmente o en tasas de actividad y de ocupación con los hombres; y tendremos que seguir apoyando la contratación de las mujeres en ciertos sectores donde estamos subrepresentadas. Y también apoyar los contratos para jóvenes, pero en serio, no de falsos becarios. O de personas con discapacidad, que también necesitan un plus de apoyo.

¿Más impuestos para financiar las pensiones?

Los/as pensionistas son hoy los revolucionarios del siglo XXI, los tenemos en la calle todos los días reivindicando lo suyo. ¿Es realista comprometerse a revalorizar las pensiones conforme al IPC? ¿Hay dinero para ello?

Desde luego, es justo, es necesario y es constitucional: concretamente, está en el artículo 50 de la Constitución Española. No vale garantizar cualquier pensión ni cualquier cuantía, porque la sostenibilidad social del sistema público de pensiones es uno de los pilares esenciales del propio sistema. Si no garantizamos las sostenibilidad social, puede intensificarse lo que está ocurriendo en los últimos meses. Las pensiones son garantía de cohesión social y de paz social y si no se garantizan una pensiones dignas, suficientes y debidamente actualizadas, la ciudadanía se rebela, y así lo ha demostrado.

¿Habrá que tirar de Presupuestos para ello?

Claro. No debemos ni podemos olvidar a nuestro mayores, porque tenemos un deuda histórica con ellos y ellas. Tenemos que hacer sostenible el sistema y para ello, hay que incrementar las cotizaciones con más empleo y con empleo de más calidad, recuperar los pilares de la negociación colectiva para que los trabajadores no queden a su suerte, lograr mejores convenios colectivos,... En ese sentido, aplicar la subida del SMI también va a implicar la subida de la base de cotización. Todo eso tirará hacia arriba, y será bueno para los/as trabajadores y para los/as pensionistas. De hecho, este año ya se está empezando a notar y están subiendo las cotizaciones por encima del 5%.

Pero también hay que incidir en la lucha contra el fraude y por un trabajo digno; contra la economía sumergida, que es insolidaria con los empresarios que cotizan por sus trabajadores. De hecho, ya hemos emprendido un plan director desde abril, mediante el que se enviaron unas 80.000 cartas que afectaban a 130.000 trabajadores que pretende un efecto de choque de lucha contra el empleo fraudulento a tiempo parcial y el empleo fraudulento temporal. En relación éste, por encima del 60% de los contratos que se detectaron irregulares, se han convertido en indefinidos; simplemente por recibir una carta. Por otro lado, al resto se le dará un tiempo para regularizar, pero si no lo hacen, acudirá la inspección obligatoriamente. 

Peor resultado, en cambio, está dando el plan contra el fraude disfrazado de contratos a tiempo parcial, ya que solo se ha incrementado la jornada del 15% de los trabajadores afectados. Para ello, queremos implantar o regular el registro de jornada ya que, hasta entonces, va a ser muy difícil detectar el fraude si no hay constancia de las horas que cada empleado pasa en el trabajo. Esta herramienta va a ser esencial para la inspección. Ocurre, además, que se hacen nueve millones de horas extras semanales ilegales, un trabajo que podría implicar 2.000 millones de euros todos los años más a la Tesorería de la Seguridad Social.

En países de nuestro entorno como Francia y Alemania, además, llevan varios años completando las cotizaciones con Presupuestos Generales del Estado y con impuestos, sean con especiales finalistas o generales. Aquí estamos hablando de que lo que se recaude por el impuesto de transacciones financieras irá a las arcas de la Seguridad Social, aunque creo que hay que ir un poquito más allá y revisar todos los gastos de la Seguridad Social que estamos asumiendo con cotizaciones y ver si ocurre que no son gasto social y se trata de política de Estado más que prestaciones contributivas del sistema. Me estoy refiriendo a prestaciones de maternidad y paternidad, que es una política de Estado, y que son más de 2.000 millones de euros. A lo mejor -no para el año que viene-, hay que ir reorientando el barco para que algunos gastos que se están pagando con cotizaciones se paguen con impuestos o vía Presupuesto. Otro caso, por terminar, son las reducciones de cuotas o tarifas planas. Es bueno mantenerlas, pero eso resta cotizaciones a la Tesorería y estamos en déficit, por lo que podrían convertirse en una transferencia del Estado, como se hace con las pensiones no contributivas o los complementos a mínimos.

¿Esto no excluirá del sistema a las pensiones de viudedad o de orfandad?

La idea que tenemos es no cuestionarnos que también tienen que estar en el sistema contributivo las pensiones de viudedad y de orfandad, aunque por ahí existen voces que apuntan ya a que había que excluirlas y pagarlas con impuestos. La cuestión es que ambas pensiones están por encima de 20.000 millones al año, así que no hay debate en este punto.

Una ministra "feminista y abolicionista", en contra de legalizar la prostitución

Hay un debate muy caliente abierto hace mucho tiempo en el feminismo sobre la prostitución, que además, se ha intensificado estos días con la publicación en el BOE del famoso sindicato de las trabajadoras del sexo (OTRAS), el 'sindicato gol', que le llamamos desde que usted asumió como tal. Se están publicando informaciones de que el Gobierno trabaja en un proyecto de abolición de esta actividad, ¿es cierto?

No es un tema de mi competencia, aunque sí de mi incumbencia, porque como miembro de este Gobierno y como mujer. estoy totalmente en contra de la legalización de la prostitución. Es decir, soy abolicionista sin paliativos. Solo sé que se está trabajando desde la Vicepresidencia en este ámbito.

Lo que sí quiero aclarar es lo que pasó en este Ministerio este verano [El Gobierno autoriza la creación de un sindicato de prostitutas]: hubo un grupo de personas que, con el nombre de OTRAS, presentó una documentación en este Ministerio sobre la que el departamento no tenemos competencia, ni para legalizar ni para ilegalizar la prostitución, ni para entrar a cuestionar si estos estatutos son legales o ilegales. Como no tenemos competencias para analizar esos estatutos, solo se tramitó una resolución en la que se dice que se inscriben los estatutos. Eso es lo que se publica en el BOE. He de decir que a mí me habría gustado saber antes que esto se estaba tramitando en el Ministerio y ver el expediente, y no a posteriori, como ocurrió. La directora general, que es una magnífica profesional, entendió que no había hecho lo que debía hacer -consultarme el tema-, porque con solo con un mínimo de olfato, se vislumbra que es un asunto que podría ser muy complejo y controvertido. Sin embargo, ella solo valoró los aspectos formales. Me presentó la dimisión el mismo día, un viernes; me pensé si la aceptaba durante el fin de semana mientras examinaba el expediente, y el lunes le admití la dimisión.

¿Pero el Gobierno no ha estado paralizado desde que se conocieron los hechos por Público y han tenido que ser distintas asociaciones las que lo denunciaran?

Nosotros no tenemos competencia. Se ha mirado y se ha valorado si se podía ir a una revisión de oficio de la inscripción en el BOE, pero la nulidad de oficio no era factible, ni iba a estar avalada por la Abogacía del Estado. Era muy difícil, por tanto, que también tuviera una nulidad de pleno derecho por parte del Consejo de Estado. Los servicios jurídico de esta casa llegaron a la conclusión de remitir un informe a la Fiscalía del Audiencia Nacional, a través del Ministerio de Justicia. Pero el Gobierno no ha estado pasando, ni mucho menos, solo que hay acciones que se tienen que hacer de manera callada y discreta.

¿La Fiscalía ha denunciado o ha acusado directamente?

La Fiscalía ha hecho su trabajo y las asociaciones, el suyo. La Fiscalía se ha adherido a la denuncia por un tema de economía procedimental y aportó una serie de argumentos bastante contundentes en la línea de ilegalizar o considerar ilegales estos estatutos. Desde este Ministerio, sí consideramos que eso no es una relación laboral, pues creemos que esos estatutos están vulnerando la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Constitución Española, la Ley de Igualdad y convenios internacionales. Yo me alegro de que la Fiscalía haya ido en esa dirección.

En todo caso el debate feminista está muy enconado con este asunto y el gran argumento que esgrimen las feministas favorables a las relaciones laborales a través de sindicatos es que hay que proteger, primero, a las mujeres que dicen ejercer la prostitución libremente y, segundo, a quienes no tienen más remedio que acudir a ella como medio de ingresos.

No adelantemos acontecimientos, no creo que haya muchas mujeres que quieran hacer esto de manera vocacional. Puede haber mujeres que se vean abocadas a esta situación, sí, pero yo siempre que encuentro a alguna persona que me dice que hay que legalizar la prostitución, le pregunto qué le diría a su hijo o a su hija si le vienen a decir que quiere dedicarse a la prostitución como vía de desarrollo profesional. Y no hay respuesta. La prostitución no puede ser una relación laboral, aunque evidentemente, a las mujeres que se ven abocadas a dedicarse a esto, no podemos dejarlas tiradas en la cuneta. Ni mucho menos. Seamos conscientes, no obstante, que siempre que detrás está el negocio, el proxenetismo, la trata de seres humanos,... y es un negocio que afecta a muchísimas mujeres y a algunos hombres. En los países donde está legalizada la prostitución, además, el resultado es nefasto, con el turismo sexual y un trato a las mujeres como si fuesen ganado; utilizando incluso a niñas y niños. Tenemos que trabajar por que todo eso se erradique, no puede ser nunca una salida profesional. 

'Mare Mortum' frente a Aquarius: los inmigrantes

Muchas de las prostitutas, por cierto, son inmigrantes... En este ámbito, ¿cree que seguirá aumentado el número de todos ellos/as que llegan a nuestras costas? ¿Por qué este Gobierno sigue defendiendo las “devoluciones en caliente? Existe la percepción de que a Pedro Sánchez se le está haciendo poco caso en la Unión Europea para que todos los países miembros se impliquen en este problema...

El Gobierno no está defendiendo las devoluciones en caliente y el ministro Marlaska ya lo ha explicado. Este asunto no es de mi competencia, pero yo estoy en contra de las devoluciones en caliente. En cuanto al aumento de llegada de inmigrantes por la frontera sur, se estaba viendo venir porque se han cerrado las rutas que había por el Mediterráneo y se han venido al sur de España. Espero que no vaya a más, es impredecible, pero lo que hay que hacer es actuar en los países de origen para evitar el efecto huida del hambre, la enfermedad, de las persecuciones políticas, las discriminaciones y las guerras. Para eso, hay que retomar y reactivar el Plan África y, por supuesto, toda la Unión Europea tiene que trabajar en ello.

¿Si se escucha al presidente? Me pareció muy positiva la actuación sobre el Aquarius, porque supuso un aldabonazo que un país como España situara en primera línea esta situación que se estaba viviendo. A partir de ahí, este tema ha tomado mucho más predicamento y creo que la UE ha empezado a tomar cartas en el asunto, aunque tiene que ir a más, porque es verdad que esto no afecta solo a España. Confiamos en que Europa se conciencie, y también y sobre todo aquellos que están potenciando tendencias xenófobas, racistas y antieuropeas. Hay que apostar por más Europa, más social y más solidaria. Apostamos por una inmigración ordenada y legal, pero a las personas que están viniendo hay que darles sí o sí atención humanitaria y eso es competencia de mi Ministerio. Por eso, hemos duplicado en este tiempo las plazas de atención humanitaria y hemos abierto centros por toda España. Esa es la tarea de este ministerio, las personas.